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La Asamblea Nacional de Nicaragua otorgó a Cinemateca el rol de fiscalización de obras audiovisuales en el país

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una reforma a la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional (Ley 909) y a la Ley de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ley 723) que, según sus promotores, fortalece el marco jurídico de la entidad y le brinda atribuciones para el fomento, promoción y fiscalización de las producciones audiovisuales, pero que, según cineastas independientes en el exilio, constituye un mecanismo de control y decomiso para las creaciones de cine y video.

La reforma se aprobó con el voto favorable de 89 diputados, en su mayoría del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y ningún voto en contra.

A criterio de la diputada sandinista Ángela Espinoza Torrez, con la aprobación de la ley de reforma a la cinemateca y de la ley de las artes audiovisuales “se fortalecerá la participación del Estado, dotando a la Cinemateca como la institución reguladora y encargada de la promoción, fiscalización, difusión de la cinematografía y las artes visuales”.

Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez –miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación– destacó que dentro de la reforma se incorpora la función de rescate del patrimonio cultural y archivo fílmico de la nación. “A través de los tiempos, algunas instituciones –unas públicas, otras de carácter privado– han venido obteniendo piezas que le corresponden al archivo fílmico de la nación”, expresó Gutiérrez.

Pero hay quienes sospechan que el objetivo es otro. La socióloga, activista y documentalista Leonor Zúniga expresó este jueves en sus redes sociales: “En conclusión, la Cinemateca se vuelve la única institución que tiene algo que decir sobre el cine y lo audiovisual en Nicaragua. Y se adjudican funciones de registro, prohibición y decomiso de proyectos audiovisuales en cualquier fase de su desarrollo”.

Según la documentalista, “esta situación se agrava porque puede extenderse a cualquier producción audiovisual, aunque no sea cinematográfica. Y es aún más grave porque la Cinemateca Nacional es manejada personalmente por familiares de la familia Ortega-Murillo” .

Según la página oficial de la Cinemateca Nacional de Nicaragua, la comunicadora social Idania Castillo es codirectora de la institución y funge como directora de festivales nicaragüenses de cine y otros audiovisuales en el país. Castillo fue esposa de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

Un grupo de cineastas independientes expresó este jueves su preocupación a través de un comunicado, porque la reforma constituye una amenaza a la libertad de creación y expresión cinematográfica. En el artículo 13 de la reforma se establece: “Fomentar y promover el desarrollo y realización de producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz y bienestar de la nación”, pero no se explica en que consiste.

Mientras, según los cineastas, el artículo 14 de la ley otorga a la Cinemateca la potestad de autorizar la preproducción, producción, realización y exhibición de proyectos audiovisuales tanto nacionales como extranjeros en Nicaragua, lo cual, para los creadores, podría implicar obstáculos a las producciones.