El objetivo de la administración Biden de dar por terminada la política conocida como Título 42 tendrá que esperar por ahora. Un juez de Louisiana acató la demanda de 21 estados y bloqueó el fin de esta política de salud pública establecida en la pandemia.
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Es muy probable que el gobierno federal apele la medida y otras cortas deberán decidir su futuro.
Pero tal forcejeo legal no va a cambiar la decisión de los inmigrantes, de cruzar la frontera.
La migración sigue siendo fuerte, y es causa de ansiedad y caos en ambos lados de la frontera.
“Si le dice a la gente que se vaya y usted tiene una ametralladora en la mano, la gente se va”, dijo Rangel-Samponaro, cofundadora de Sidewalk School, para los niños de los migrantes que buscan asilo.
Esa mañana de principios de mayo, Rangel-Samponaro había dormido poco.
Estuvo trabajando casi hasta el amanecer acomodando a los migrantes en cuatro albergues particulares de Reynosa, una extensa ciudad de casi un millón de habitantes y el punto de cruce más transitado por los migrantes.
“Están demasiado sobrecargados”, dijo Adam Isacson, especialista en seguridad de la Oficina de Washington para América Latina que ha visitado muchos campamentos y albergues de migrantes en ambos lados de la frontera desde Tijuana en el oeste hasta Matamoros en el este.
“Estas son de las personas más abnegadas que he conocido en todo el tiempo que he trabajado en América Latina. Han absorbido una cantidad enorme de traumas de las personas con las que trabajan y hablan. Muchas veces trabajan en medio de peligros increíbles. Son verdaderamente heroicos”.
Ahora esa fortaleza está a punto de ser puesta a prueba.
Las autoridades mexicanas llevan meses diciendo que quieren desalojar a los migrantes de la Plaza de la República, un parque que se convirtió en campamento de refugiados.
A principios de abril, entre 2,500 y 3,000 personas se apretujaron en maltrechas tiendas de campaña en el parque, ubicado a una cuadra de un puente internacional.
Pero para principios de mayo el número se había reducido a menos de 500.
Muchos se fueron al albergue religioso Senda de Vida.
El alcalde de Reynosa rápidamente subió fotos del parque vacío, con su elegante quiosco y la tierra donde alguna vez creció el césped.
Un bulldozer levantó los objetos abandonados: tiendas y lonas, libros y balones de futbol. Los restos reflejaban la vida de personas desamparadas y desplazadas.
“Tenían mucho tiempo diciendo que querían desalojarlo”, dijo Sam Bishop, director nacional de Global Response Management, una organización médica sin fines de lucro integrada por muchos veteranos de guerra como Bishop y trabajadores de salud voluntarios.
Global Response tiene clínicas móviles en varios puntos donde se concentran los migrantes en Reynosa, como Senda de Vida, que se dice actualmente alberga a unos 2,000 migrantes.
Un segundo albergue tiene capacidad para alojar a una cantidad casi igual, dicen los trabajadores de la organización.
“Estamos en esto para largo”, dijo Bishop, exparamédico del ejército que estuvo en Iraq y Afganistán y que ahora trabaja para Global Response Management.
El caos es el nuevo modo de vida a lo largo de la frontera.
Abogados, administradores de albergues y trabajadores humanitarios están en constante movimiento conforme cambian las condiciones en el campo y se aplican políticas a una nacionalidad, por ejemplo los ucranianos, pero no a otras.
“Hay mucha incertidumbre, y eso dificulta las cosas para los gestores y operadores de albergues”, comentó Nico Palazzo, abogado y miembro de la organización jurídica sin fines de lucro HIAS para la frontera y colaborador de Las Americas Immigrant Advocacy Center.
La red de albergues y organizaciones que trabajan a lo largo de 1,900 millas de frontera hace plantear la pregunta de cuánto tiempo les durarán los recursos.
¿Podrán seguir trabajando si la migración se mantiene a los niveles de marzo y abril, cuando más de 200,000 migrantes fueron capturados por la Patrulla Fronteriza por mes?