Y es que cuando Trump ganó las elecciones en el año 2016, lo hizo con la promesa de reformar el sistema de inmigración, hecho que lo llevó a reforzar la vigilancia de las fronteras, y reducir las admisiones de refugiados y el derecho al asilo, por lo que al final de su mandato, abogados de inmigración y grupos defensores proinmigrantes aseguran que “desmanteló” en su mayoría el sistema.
El presidente electo, Joe Biden, ha asegurado que revertirá una amplia mayoría de esos cambios dentro de sus primeros 100 días en el cargo, pero ¿será viable conseguir esto?
La abogada de inmigración cubanoamericana Claudia Cañizares, asegura que sí.
“Hay promesas que son viables porque se pueden cumplir a través de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, el presidente Joe Biden puede reestablecer el programa de TPS (Tratado de Protección Temporal, por sus siglas en inglés), y expandirlo para poder proteger a los venezolanos. Esto lo podría lograr con el apoyo del Congreso y órdenes ejecutivas, es decir, no necesitaría una modificación a inmigración como tal”.
“En referencia al programa de reunificación familiar, centrándonos en Cuba, este es un programa que se ha quedado en el limbo desde el cierre de la embajada de EE. UU., en La Habana, y en este sentido el presidente puede hacer dos cosas: reabrir la embajada en Cuba, o establecer más personal en la embajada de Guyana, que es la que está atendiendo los casos de los cubanos”, dijo Cañizares, quien destacó que Biden haya manifestado su intención de normalizar la funciones del programa de reunificación familiar.
“A mi juicio, creo que es hora de expandir el TPS para Venezuela, y considerar una Ley de ajuste, como la que existe para los cubanos, pero para los venezolanos. La situación que ellos viven es gravísima”.
¿Se puede eliminar la regla de carga pública?
El 24 de febrero de 2020 entraron en vigencia nuevos requisitos para evaluar las peticiones de tarjeta de residencia, o ajuste de estatus a residencia permanente, y de ciertas visas no inmigrantes. Estos cambios han reformado la regla de la carga pública, una ley que permite al gobierno considerar la posibilidad de que un individuo se convierta en una “carga” para el Estado o dependa de la asistencia pública en el futuro al evaluar su solicitud de ajuste de estatus migratorio.
La decisión de la administración Trump de ampliar el tipo y la cantidad de beneficios públicos que se tomarán en cuenta para quienes buscan permanecer en los EE. UU. afecta de manera grave a los inmigrantes que desean obtener el ajuste de estatus, y a juicio de muchos expertos cierra las puertas a las personas de bajos recursos y de clase trabajadora provenientes de países en vías de desarrollo.
“Si es viable que cambie esta regla. En este sentido, lo que tendría que hacer Joe Biden es volver a cambiar la regulación. Lo puede hacer con respecto al asilo y el permiso de trabajo. Hay una regulación que dice que las personas tienen que esperar 365 días para poder aplicar a un permiso de trabajo. Esta normativa a mi juicio está incitando a la ilegalidad, porque es muy difícil que una persona pase tanto tiempo en EE.UU., sin trabajar y dependiendo de sus familiares. Eso es otra cosa que debiese cambiar”, dijo.
“Va a ser muy difícil regresar a la normalidad, pero no imposible”.
Cabe destacar que este año 2020 también se anunciaron cambios en el examen para postular a la ciudadanía desde el próximo 1 de diciembre.
“Quien aplique antes del 1 de diciembre de 2020 va a hacer el examen anterior. Los que aplican después de esa fecha, en lugar de estudiar 100 preguntas deberán estudiar 200, y en lugar de responder 10 preguntas -y de esas 10 tener 6 correctas- van a responder 20 preguntas -y de esas deberán tener 12 correctas-. Así que básicamente hay que estudiar el doble”, finalizó.