Desde la primera semana del gobierno de Donald Trump los inmigrantes sintieron de lleno el golpe de los operativos en su contra.
Después de que se anunció la prohibición de viajeros de países musulmanes, miles de personas se dirigieron a la Terminal D del Aeropuerto Internacional DFW, donde sus seres queridos, provenientes de países de mayoría musulmana o africanos, estaban siendo retenidos por los agentes de inmigración, una escena que se repitió en aeropuertos de todo el país.
Durante cuatro años el gobierno del presidente Donald Trump aprovechó cada oportunidad para actuar contra la inmigración tanto legal como sin papeles.
Ahora el presidente electo Joe Biden ha prometido que una de sus primeras acciones en la Casa Blanca será la de poner fin “de inmediato” al “travel ban” que afectan principalmente a los ciudadanos de países de mayoría musulmana.
Asimismo dijo que en sus primeros 100 días de gobierno planea abordar otras medidas de inmigración, como restablecer la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permite a unos 600,000 dreamers —inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños— permanecer en Estados Unidos legalmente.
En su primer año de gobierno, dijo Biden esta semana, permitirá entrar hasta 125,000 refugiados al país, cuando actualmente se autoriza el ingreso de apenas 15,000.
Pero muchos cambios planteados en el sitio web de Biden están condicionados por palabras como “revisión”.
“Bajo la administración Biden vamos a ver el ritmo de los cambios en inmigración reducirse notablemente”, vaticinó Andrew Selee, presidente de Migration Policy Institute, con sede en D.C.
Algunos expertos se muestran cautelosos sobre el alcance de los cambios, sobre todo cuando la nación se encuentra asediada por el coronavirus.
“Yo no me hago la ilusión”, dijo Alia Salem, organizadora sobre inmigración y asuntos musulmanes en Dallas.
“La política de inmigración tampoco fue buena con Obama”, dijo, refiriéndose a los ocho años en que Biden fue vicepresidente.
En El Paso, donde se aplicaron primero muchas de las medidas más drásticas ordenadas por Trump, la activista de la imigración Marisa Limón hizo una evaluación desapasionada.
Limón aplaude la posible revocación de la prohibición de viaje y restauración de DACA, pero lo que ella teme es que otros elementos de inmigración se conviertan en moneda de cambio.
Pidió por ejemplo dejar de aplicar una regla de salud pública conocida como Título 42 que permite expulsar a los inmigrantes indocumentados sin una audiencia en corte de inmigración debido a la pandemia, y reforzar a las cortes de inmigración, que tienen un cúmulo de casi 1.3 millones de expedientes atrasados.
“Solo quiero que esta administración sepa que aquí hay sabiduría”, dijo Limón, subdirectora de Hope Border Institute.
“Sabemos que el sistema está fracturado… No podemos simplemente tratar de hacer más digeribles los campos de detención o el muro”.
La reconstrucción de un sistema migratorio de un país que fue construido por inmigrantes no va a ser tarea fácil.
Los principales obstáculos son los republicanos que no van a apoyar esas propuestas de ley y los líderes republicanos que saben cómo litigar.
No todos los cambios o revocaciones se podrán hacer con una simple firma; algunas van a hacer necesario pasar por todo un proceso regulatorio.
El esfuerzo será inmenso: la administración Trump ha hecho más de 400 cambios al sistema de inmigración.
Así es como ven el asunto las personas en el campo:
Trump detuvo la admisión de refugiados durante cuatro meses en una de sus primeras órdenes ejecutivas.
Después de heredar un tope anual de admisiones de 110,000 de la administración Obama, ha ido permitiendo el paso de cada vez menos refugiados cada año, hasta llegar al actual límite de 15,000, justo cuando Naciones Unidas dice que hay un récord de 26 millones de refugiados en el mundo.
El tema es importante en Texas, estado que en la última década ha sido el que ha tenido más reasentamiento de refugiados, y el Norte de Texas ha sido uno de los principales lugares donde echan nuevas raíces.
Antes de que llegara Trump al poder, unos 1,025 refugiados eran reasentados cada año en Texas a través de International Rescue Committee, por ejemplo.
Este año pasado esa cifra cayó a unos 300.
Los cambios en rápida sucesión en las políticas de refugio y asilo han enredado al sistema tanto en Estados Unidos como en el extranjero, donde los refugiados esperan fuera de sus países.
“El bombardeo constante de cambios ha sido lo más difícil en los últimos cuatro años”, dijo Suzy Cop, directora ejecutiva de IRC en Texas.
El sistema global también debe ser reparado, y se debe reformar un poceso de revisión de seguridad y médica obsoleto, dice Cop.
Una de las iniciativas de Trump es la controvertida política Permanecer en México, formalmente conocida como Protocolos de Protección a Migrantes, que requiere a los solicitantes de asilo esperar en México a que sus peticiones sean atendidas en Estados Unidos.
Casi 68,000 solicitantes de asilo han pasado por el programa, y quedan pandientes de hacerlo unos 24,500.
Mientras que antes los solicitantes de asilo podían esperar sus audiencias o la resolución de sus casos en Estados Unidos —algunos detenidos, otros en libertad—, Permanecer en México hizo que se formara un enorme campamento de migrantes desesperados en Matamoros, ciudad vecina de Brownsville al otro lado del río Grande.
Esas familias eran atendidas principalmente por organizaciones sin fines de lucro, que se encargaban de llevarles ayuda consistente en comida, tiendas de campaña, letrinas y atención médica.
En una convención de periodistas en agosto, Biden dijo que Permanecer en México sería descontinuado cuidadosa y gradualmente.
Primero construiría una “infraestructura” que implicaría contratar suficientes abogados y jueces e integrar a organizaciones populares.
“Tenemos que construir la infraestructura para poder dar cabida a las crueles e inhumanas políticas fronterizas de Trump… arrancar a los niños de los brazos de sus madres y los Protocolos de Protección a Migrantes… ustedes saben, Permanecer en México”, dijo Biden.
“Todo esto va a tomar tiempo, no mucho tiempo, pero va a tomar… Tenemos que estar peparados para no crear otra crisis”.
La detención civil tipo carcelaria creció bajo el gobierno de Trump, aun para personas que huían de la persecución en sus países.
En 1995, unas 7,500 personas se encontraban en detención civil en un día dado. En el peor momento del año pasado, unas 55,000 personas se encontraban en una red de centros de detención y cárceles de condado.
A causa de la pandemia y los llamados a mantener la distancia social, el númmero de personas detenidas cayó a unos 17,000 este mes, según datos de Inmigración y Aduanas (ICE).
Lo cual hace plantear la pregunta: ¿Necesita el gobierno federal tener detenidas a tantas personas acusadas solo de la falta civil de estar en el país ilegalmente?
La mayoría de los centros de detención son manejados por compañías particulares, como Geo Group de Florida y LaSalle Corrections de Louisiana, entre cuyas instalaciones figura el Centro de Detención de Prairieland, localizado a cerca de una hora al suroeste de Dallas.
Biden y su equipo dicen que pondrán fin al negocio de los centros de detención.
“Ninguna empresa debería lucrar con el sufrimiento de personas desesperadas que huyen de la violencia”, dice el sitio de Biden.
Muchos solicitantes de asilo centroamericanos recientes dicen que llegan a la frontera de Estados Unidos por una variedad de razones, como la violencia y la falta de trabajo en sus países.
En años recientes muchos de ellos no han cumplido los requisitos por el rigor de las reglas sobre los tipos de persecución que deben demostrar haber sufrido.
Biden sorprendió a muchos cuando dijo que un amplio proyecto de ley sobre inmigración al Congreso dentro de sus primeros 100 días en el cargo.
Los detalles son difusos, especialmente en lo que respecta a lo que pasaría con los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos; pero muchas de esas propuestas han fracasado en un Congreso polarizado.
“El presidente George W. Bush, probablemente el presidente republicano más proinmigrante de la historia reciente, llegó al puesto pensando que lograríamos una reforma migratoria integran en seis meses”, dijo Muzaffar Chishti, abogado y catedrático de Migration Policy Institute.
Pero luego ocurrieron los atentados del 9/11, hechos que transformaron el discurso nacional sobre la inmigración. Desde entonces han fracasado otras iniciativas de ley de reforma amplia.
Una mayor facilidad de obtener las visas ayudaría a algunos inmigrantes, pero sus defensores siguen estando preocupados.
Tania Guerrero, abogada adscrita a Catholic Legal Immigration Network Inc., conocida como CLINIC, da asistencia jurídica a inmigrantes en estados del norte de México, incluyendo Ciudad Juárez.
Guerrero señala que la realidad de lo que viene es aleccionadora.
“El hecho es que fue una elección muy reñida”, dijo Guerrero. “Estados Unidos sigue siendo un país muy dividido. Trump perdió, pero el trumpismo sigue vivito y coleando, y el mensaje es que aunque me alegra que Biden haya ganado, tenemos que exigirles cuentas y hacer lo que siempre hemos hecho, que defender a los más vulnerables, darles voz”.
Uno de los migrantes a los que ha asesorado es Octavio, originario del estado de Michoacán, quien está desesperado por salir de su país, posiblemente a través del asilo.
Pidió ser identificado solo por su nombre por la violencia del narcotráfico que presenció en su estado.
Ahora está en Juárez con su esposa y dos hijos, contemplando las posibilidades de hacer vida del otro lado del río.
Octavio dijo sentirse alentado por la elección de Biden.
Eso “nos da esperanza a mí y a mi familia”, dijo. “Pero ahorita estamos tan deprimidos, decaídos, que cualquier cosa es un rayito de esperanza”.