Este sábado los agentes federales de inmigración detuvieron las limitaciones autorizadas por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, por medio de un memorando fechado a finales de septiembre del año pasado, reportó la cadena de noticias CBS.
El ministerio dijo en una declaración que estaba “totalmente” en desacuerdo con la orden de Tipton, pero que la estaba cumpliendo.
La nota enviada a CBS agrega que “durante el proceso de apelaciones, los agentes y oficiales de ICE tomarán decisiones de ejecución caso por caso de manera profesional y responsable, informados por su experiencia como oficiales de la ley y de la manera que mejor proteja contra las mayores amenazas a la patria”.
El freno judicial
El 10 de junio el juez federal Drew Tipton, de la Corte Federal de Distrito del Sureste de Texas, falló a favor de una demanda entablada por los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, quienes alegan que la política de deportaciones del DHS anunciada en septiembre violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”, escribió el juez Tipton. “Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque”, agregó.
Las prioridades de Biden
Tras una disputa en los tribunales y un fallo favorable por parte de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito a mediados de septiembre, Mayorkas publicó un memorando actualizado con las nuevas prioridades de deportación del gobierno.
La orden de Tripton
La decisión de la corte presidida por Tripton representó un nuevo golpe a la política migratoria de Biden, quien desde que llegó a la Casa Blanca hace 17 meses ha intentado sin éxito desmantelar la totalidad de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump.
El exmandatario, a golpe de memorandos y ‘ordenes ejecutivas (unos 400), cambió la política migratoria sin la autorización del Congreso. Entre los principales cambios se cuenta el cambio de prioridades de deportación, la implementación del Título 42 por la pandemia y el Programa Permanecer en México (MPP).
Las tres políticas permanecen activas por orden de los tribunales de justicia tras demandas entabladas por estados gobernados por republicanos, quienes favorecen la política migratoria de Trump.
Con el fallo, “básicamente volvemos a la política anterior donde los oficiales de inmigración deben enforzar la ley y proceder a la deportación de extranjeros que tienen una orden de deportación o antecedentes criminales”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
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Un juez bloquea las prioridades de deportación de Biden: te explicamos quiénes se podrían ver afectados
“Quienes tengan orden deportación actualmente están en riesgo de ser deportados. Y los inmigrantes detenidos esperando juicio, si no califican para salir libre bajo fianza, permanecerán detenidos”, agregó.
La política anterior mencionada por Guerrero corresponde a las prioridades de deportación determinadas por el gobierno anterior en enero de 2017.
En ella, se estipulaba que un extranjero acusado por cualquier delito, aunque el caso no haya sido resuelto por los tribunales, estaba sujeto a ser detenido y deportado.
Las prioridades de Trump
Las prioridades de deportación del expresidente Trump estaban enfocadas en:
- Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;
- Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;
- Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;
- Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;
- Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;
- Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
- Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
El dictamen de Tripton solo señala que las prioridades de Biden deben ser detenidas y que el gobierno debe proceder conforme lo dicta la Ley de Inmigración vigente. En la nota enviada por el DHS a CBS se menciona que los agentes están procediendo “caso por caso” de manera profesional, y respetando la ley y el fallo judicial.
El DHS no menciona ni detalla cuales son las actuales prioridades de deportación del gobierno.
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