El defensor de los derechos de los inmigrantes (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) recomendó a los dreamers protegidos por DACA que renueven a tiempo la autorización de empleo (EAD) para evitar consecuencias que afecten sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
“El período de renovación puede extenderse por menos de dos años a partir de la fecha en que su DACA actual expira”, dijo el funcionario en un documento interno que circuló en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que fue divulgado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
La Acción Diferida (DACA) para los Infantes, jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de cumplir 16 años y que se conocen como dreamers, fue aprobado en junio de 2012 por el entonces gobierno de Barack Obama.
El programa protege de la deportación por un período renovable de dos años y concede una autorización de empleo.
Otras recomendaciones
El Ombudsman del USCIS dijo además que los tiempos de procesamiento de la agencia pueden variar, “alargando o disminuyendo la cantidad de tiempo que llevará adjudicar su
Renovación”.
Ante esto, “siempre debe consultar a la USCIS en su página digital la herramienta de tiempos de procesamiento de casos al momento de realizar el trámite de renovación del programa”.
Señala además que, antes de finalizar el proceso:
- Asegúrese de que su solicitud esté completa;
- Asegúrese de enviar la información más reciente;
- Verifique que está utilizando los Formularios I-821D, Formulario I-765 adecuados;
- Revise todos los formularios para asegurarse de que estén firmados;
- Confirme que está pagando la tarifa correspondiente.
La USDIS recuerda que el proceso de renovación del permiso de trabajo tarda entre 120 y 150 días.
En manos de los tribunales
El pasado 16 de julio la corte federal del distrito Sur de Texas ordenó al DHS suspender el otorgamiento de nuevos permisos, cerrándole la puerta a cientos, quizás miles de dreamers que no se habían inscrito al programa por miedo a que sus datos sean utilizados por el gobierno para deportarlos.
En la sentencia preliminar, el juez Andrew Hanen dijo que el programa era “ilegal” y, por tanto, el gobierno debía abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan.
La decisión fue en respuesta a una demanda presentada en mayo de 2018 por ocho estados gobernados por republicanos quienes alegan que el ejecutivo violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.
Los nueve estados demandantes, encabezados por Texas, son: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia.
Sobre el resto del programa, Hanen dijo que emitiría una ampliación del primer veredicto.
Apelaciones al fallo
En la sentencia de julio, el juez Hanen concedió un plazo de 60 días para apelar. El pasado 10 de septiembre el Departamento de Justicia presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito contra el fallo para liberar la totalidad del programa.
Simultáneamente, el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) presentó una segunda apelación al fallo de Hanen a nombre de 22 beneficiarios de DACA.
La organización argumenta que, en su decisión, Hanen concluyó que la iniciativa DACA de 2012 viola la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero a su vez el juez decidió que el programa continúe para los destinatarios actuales, permitió el procesamiento continuo de renovaciones y solo prohibió al gobierno que no procesara solicitudes nuevas.
“Con DACA, el DHS usa la discreción que le otorgó el Congreso para darles a los Dreamers, quienes tienen bajas prioridades de deportación, la oportunidad de vivir y trabajar en EEUU hasta que haya una solución más permanente a su situación”, dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigio de MALDEF.
“Por esta razón DACA es una parte importante del sistema de inmigración y debe mantenerse”, indicó.
Nuevo DACA en camino
El principal argumento republicano para demandar la legalidad de DACA es la aparente violación a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). Alegan que cuando el programa fue activado sin cumplir con las publicaciones debidas del reglamento en el Registro federal y tomar en cuenta el comentario del público en la regla final.
Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elabora un nuevo programa similar al vigente, cuya publicación en el diario oficial estadounidense, el plazo para recibir comentario público, la redacción del reglamento final y la publicación nuevamente en el Registro Federal dejaría sin efecto el alegado que esgrimen los detractores de DACA.
“Está a punto de publicarse una nueva regla propuesta para ayudar a unos 700,000 dreamers”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York. “La Oficina de Administración y Presupuesto ha completado su revisión de una regla propuesta para preservar las protecciones de deportación para aproximadamente 700,000 personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños”.
“La regla propuesta podría publicarse cualquier día. El nuevo reglamento podría poner al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en una mejor base legal”, indicó.
Yale-Loehr dijo además que “la regla que será propuesta se vuelve más importante ahora que la principal asesora del Senado (Parlamentarian) ha dictaminado que las disposiciones de legalización para los beneficiarios de DACA no pueden incluirse en el proyecto de ley de conciliación presupuestaria”.
“La nueva regla en camino podría ser una red de seguridad temporal para los dreamers si la legislación falla”, precisó.
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