Este lunes 25 de abril los abogados (fiscales) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) podrán ejercer temporalmente la discrecionalidad para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación”, de acuerdo con un memorando firmado por Kerry Doyle, asesor jurídico principal de la agencia.
La estrategia, que forma parte de los planes de la Casa Blanca para descongestionar la Corte de Inmigración (que tiene más de 1.7 millones de casos acumulados) y abrir camino a nuevas solicitudes de asilo que surjan una vez retirado el Título 42 en la frontera con México a partir del 23 de mayo, puede favorecer hasta unos 700,000 extranjeros con casos de deportación activos, equivalente al 40% de los expedientes, algunos de los cuales llevan años en espera.
El Título 42, activado en marzo del 2020 como parte de las medidas de salud pública para controlar la pandemia del coronavirus, ha facilitado la deportación acelerada de unos 2 millones de extranjeros que no tenían una probable causa de asilo.
Con el retiro de la cuestionada regla, el gobierno podrá seguir deportando aceleradamente bajo el amparo del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), aunque bajo otros reglamentos y reparar el debido proceso migratorio en la frontera, dañado por la política de tolerancia cero del gobierno anterior y la pandemia.
Por ley, los extranjeros que piden asilo en la frontera y demuestran tener un miedo creíble de deportación son enviados a un tribunal para que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
Los republicanos advierten que la salida del Título 42 generará una crisis sin precedentes de extranjeros, a quienes tildan mayoritariamente de delincuentes criminales. El gobierno responde que está desarrollando estrategias para controlar la situación en la frontera y el poder temporal otorgado a los fiscales de ICE es parte de esos preparativos.
Datos clave del memorando: ICE interpretará tres áreas prioritarias
De acuerdo con em memorando de Doyle, formado el 3 de abril, a partir de este lunes la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de ICE interpretará tres áreas prioritarias de cumplimiento identificadas en el Memorándum de Mayorkas emitido el 29 de septiembre del año pasado y que estipula las prioridades de deportación del gobierno. Los extranjeros en la mira de ICE son:
- Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad nacional;
- Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad pública; y
- Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad fronteriza.
El memorando de Doyle ordena que a partir del 25 de abril los abogados de OPLA (fiscales de ICE) revisen sus casos en busca de indicios de que el expediente o el inmigrante en proceso de expulsión se encuentra dentro de una de las tres prioridades de ejecución.
“Si el no ciudadano parece representar una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza, el abogado revisor debe clasificar el caso como prioritario; de lo contrario, el abogado debe identificar el caso como no prioritario”, explica un documento de CLINIC, una red nacional católica de asistencia a inmigrantes en Estados Unidos.
Qué dice el memorando de Doyle
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