Los Ángeles —
Nuevas directivas para la deportación de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos son emitidas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien considera que no todas las personas sin documentos tienen la misma prioridad de detención y deportación.
La nueva guía entra en vigor en 60 días, el 29 de noviembre de 2021. Aun así, los migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso después del 1 de noviembre de 2021 son una prioridad para la deportación.
Entre los primeros puntos que debe tomar en cuenta es que un inmigrante indocumentado se considera una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional si es arrestado en la frontera o puerto de entrada intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos, o si es arrestado dentro del país tras haber ingresado ilegalmente después de noviembre de 2020.
Los agentes deben entonces sopesar lo que es una “conducta criminal grave” y examinar “la totalidad de los hechos y circunstancias”, la sofisticación del delito, las víctimas y hasta las condenas anteriores implicadas, al igual que el grado de agresión para considerar la deportación.
Asimismo, los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no deberían concentrar su trabajo en intentar arrestar y deportar a los trabajadores agrícolas, los ancianos y otras personas vulnerables a la deportación, ya que “la mayoría de los indocumentados que podrían ser objeto de expulsión, más de 11 millones de personas, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”, dijo Mayorkas a los periodistas.
De igual manera, a discreción de los agentes, se enfatizó que los oficiales deben evitar detener a los inmigrantes que llegan a su radar porque hablaron en contra de propietarios o empleadores inescrupulosos o en manifestaciones públicas.
A casi un año de ingresar Joe Biden como nuevo presidente, esta es la primera ocasión en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) hicieron los anuncios sobre los esfuerzos para mejorar las protecciones para los inmigrantes.
Aunado al esfuerzo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando anunciando su intención de terminar con los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), y anunciando el establecimiento del Consejo de Coordinación de Aplicación de la Ley (LECC). A principios de esta semana, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, bajo el nuevo liderazgo de David Neal, anunció el lanzamiento de la iniciativa “Access EOIR” para mejorar el acceso a la información y aumentar el nivel de representación legal de las personas que comparecen ante tribunales de inmigración.
Esto incluye la representación financiada por el gobierno para los niños no acompañados en ocho ciudades.
Sergio Gonzales, director ejecutivo de Immigration Hub, declaró que el programa MPP representa un legado cruel de la administración Trump que efectivamente ha dejado a los solicitantes de asilo y a otros migrantes vulnerables a la violencia y a la muerte en México mientras intentan buscar protección en Estados Unidos.
“La intención del departamento de terminar el programa es un paso correcto que debe conducir urgentemente a la terminación total del mismo”, dijo.
“También aplaudimos la creación del Consejo de Coordinación de Cumplimiento de la Ley. Esperamos que el consejo ayude a impulsar cambios críticos y esperados desde hace mucho tiempo en ICE y CBP para abordar el abuso y la violación de los derechos y la justicia por parte de ambas agencias”, añadió.
Los anuncios llegan inmediatamente después del reciente anuncio del lanzamiento de la iniciativa Access EOIR por el Departamento de Justicia, un pago inicial para reparar el daño a nuestros tribunales de inmigración perpetrado durante cuatro años por la administración Trump.
Entre los programas Access EOIR, la nueva Iniciativa Abogado para Niños (CCI) brindará representación legal a menores no acompañados, muchos de los cuales han experimentado un trauma severo en su viaje a Estados Unidos y no tienen la capacidad para navegar de manera efectiva por el sistema de la Corte de Inmigración. El programa CCI ofrecerá la protección que tanto necesitan estos niños y debería expandirse más allá de las primeras ocho ciudades.