El alcalde Éric Adams acaba de declarar estado de emergencia e implora ayuda estatal y federal para abordar la continua llegada de solicitantes de asilo a los cinco condados.
Algo que beneficia a Carla Fuenmayor, inmigrante venezolana y madre de tres. Ella nos dijo que agradece toda la asistencia que han recibido pero que necesita más apoyo:
“Mal no es para menos pues, salir y no conseguir nada dependiendo que nos den comida aquí y que nos den un puesto, tampoco vinimos a eso.”
Entre jueves y viernes han llegado 17 autobuses desde los estados fronterizos del sur.
Desde abril hasta la fecha han llegado más de 17 mil solicitantes de asilo a la ciudad.
“Estamos al borde del precipicio… Necesitamos ayuda. Y la necesitamos ahora”, manifestó Fuenmayor.
Agregó que el sistema de refugio está operando cerca del 100% de su capacidad.
Ya el gobierno de la ciudad ha convertido 42 hoteles en refugios de emergencia y tiene planes para abrir un “centro de ayuda humanitaria” en Randall ‘s Island, algo con lo que muchos no están de acuerdo, pero todo esto no es suficiente, explicó Adams.
Para el final de su año fiscal, la ciudad esperaba gastar mil millones de dólares para ayudar a los recién llegados quienes dependen mayormente del gobierno municipal.
Ya que la ley les prohíbe trabajar en los Estados Unidos.
Por eso el alcalde pidió al gobierno federal que promulgue una legislación que permita a los solicitantes de asilo ser empleados legalmente, ahora, no en seis meses”.
Algo que muchos esperan. Como Teresa Racua Canales, quien lo ve necesario para encontrar un empleo:
“Buscar un buen trabajo para mejorar nuestras condiciones porque… “
“Si Estados Unidos nos ha dado la oportunidad de poder entrar aquí, que nos abra esa puerta para poder obtener un trabajo”, asegura Mabel Ramos, otra inmigrante.
Frankie Miranda, el presidente de la Federación Hispana, indicó que este estado de emergencia es necesario porque el gobierno estatal y federal deben trabajar en coordinación con el gobierno municipal para proveer no sólo albergue, sino empleo y servicios sociales a estos inmigrantes.
Frankie Miranda el presidente de la Federación Hispana sugiere pontitud en las decisiones:
“Tiene que haber un proceso especial para que estas personas puedan comenzar a trabajar legalmente y que puedan ser aquellos que llenen estas plazas que sabemos muy bien la economía del país tanto necesita.”