Atrás queda la Iniciativa Mérida y se construye una nueva y fortalecida relación, basada en el entendimiento, la reciprocidad y el respeto mutuo. Narcotráfico, homicidios, contrabando de armas y combate a las finanzas ilícitas son los temas de la agenda compartida
México y Estados Unidos abren una nueva etapa en la relación bilateral, para “poner en marcha una visión de seguridad compartida, centrada en la atención a las causas de la violencia”, a decir de la cancillería mexicana, y “en reconocimiento de la colaboración duradera, el respeto mutuo y el respeto por la soberanía que nos compele para encarar juntos los retos de seguridad”, según la Casa Blanca.
Esta nueva fase –que tendrá un lanzamiento este viernes 8 de octubre en la Ciudad de México– busca dejar atrás la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación acordado entre los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón y en el que desde 2008 a la fecha Washington ha destinado más de tres mil millones de dólares a México para la modernización de equipo y vehículos militares, entrenamiento y asistencia técnica para los cuerpos de seguridad, así como ayuda para el fortalecimiento de la infraestructura judicial.
Hoy, según declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard al diario The Washington Post, el pasado 29 de julio, “la Iniciativa Mérida está muerta, no funciona”, y es momento de pasar a un nuevo instrumento de cooperación, para el cual han venido trabajando funcionarios de los dos gobiernos desde hace 10 meses, ya durante la era Biden.
Para el doctor Raúl Benítez Manaut, quien ha sido catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York y del Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos, “quitar el nombre de Iniciativa Mérida en realidad es un asunto político, no es un asunto que tiene que ver con los programas de cooperación, sino un asunto de nomenclatura”.
En entrevista con France 24, el especialista señala que la Iniciativa Mérida era un nombre que el presidente actual no quería porque era un sello de Felipe Calderón, y hoy ambos gobiernos quieren dar un sello personal que los distinga de Donald Trump y de Calderón. Pero lo importante –precisa– es la firma de los convenios concretos.
“Lo que está buscando el Gobierno de México es que los programas sean independientes uno de otro. Si hay un problema de armas, que se hagan los equipos binacionales para trabajar el tema de las armas que vienen de Estados Unidos a México; si hay un problema de lavado de dinero, que sea un programa del IRS (Internal Revenue Service) con el SAT (Servicio de Administración Tributaria) mexicano; si hay un seguimiento de cárteles de la droga, que sea la Defensa y la Marina mexicanas con el Pentágono y con la DEA”, explica.
El pasado 5 de octubre, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard insistió en dejar atrás la Iniciativa Mérida y apuntó que “se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento. A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para decir ‘Necesito asistencia, necesito esto, necesito el otro, necesito que tú me apoyes’, no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso; y eso es lo que hemos venido construyendo”.
El funcionario adelantó que México presentó 10 prioridades, entre las que resalta reducir el número de homicidios y pedir que haya reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, así como en las asistencias jurídicas y en materia de extradiciones.
De hecho, en vísperas de la cumbre de este 8 de octubre, ya ha habido encuentros bilaterales de funcionarios tanto de seguridad como de justicia. El caso más reciente es la reunión que sostuvieron el fiscal general Merrick B. Garland y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, el pasado 30 de septiembre.
“Los dos líderes reafirmaron su compromiso de trabajar estrechamente en investigaciones criminales y acusaciones de crimen transnacional, incluyendo las relacionadas con narcóticos y tráfico de armas de fuego y trata y contrabando de personas, y finanzas ilícitas y lavado de dinero”, informó Washington.
En ese sentido, Benítez Manaut –adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México– señala que lo que estamos viendo es que se fortalece la cooperación en seguridad de una forma muy similar en la que se dio en el ámbito económico. Es decir, así como se tuvo el DEAN (Diálogo Económico de Alto Nivel), ahora tendrá lugar el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS).
Lo anterior, señala el experto, es muestra de que la relación no se rompe, sino que se refuerza, y es que, si bien ahora ya transcurrió la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hay mayor confianza, durante un tiempo rondó en Estados Unidos el fantasma de la ruptura, toda vez que, al ser un presidente de izquierda, había incertidumbre acerca de un eventual viraje hacia medidas al estilo “bolivariano”, en referencia clara a Venezuela.
Momentos de tensión
Se está cumpliendo un año de que la relación México-Estados Unidos tuvo uno de sus momentos más ríspidos de la época reciente, cuando en octubre de 2020, fue detenido en California el general Salvador Cienfuegos, jefe de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de complicidad con el crimen.
El 19 de octubre, cuatro días después del arresto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un severo reclamo a Washington y advirtió que “nos debe una explicación” por la investigación secreta que derivó en la captura del general.
“No se vale” –reprochó el mandatario mexicano aquel día–, que los agentes de la DEA participen en México, saquen información y resuelvan “sin dar a conocer al Gobierno de México lo que están investigando”.
Incluso, a finales de octubre, el canciller Ebrard dio a conocer que de manera formal “le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento de que no se haya compartido información” de la indagatoria que la agencia antidrogas de Washington armó contra el general y que llevó a la fiscalía norteamericana a levantar tres cargos por narcotráfico y uno por lavado de dinero contra quien fuera el titular de las Fuerzas Armadas, y lo acusara de vínculos con un grupo delictivo que opera en el estado mexicano de Nayarit.
Al mes siguiente, a petición del Departamento de Justicia estadounidense, la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó desestimar los cargos contra el militar y enviarlo de vuelta a México, tras un episodio más de la relación bilateral que deja varias dudas y lecciones.
Un año después, aquella tensión parece estar superada. Con un embajador nuevo en funciones, Ken Salazar, y tras la afirmación del presidente Joe Biden de que “Estados Unidos no tiene amigo más cercano que México”, se aprecia un ambiente de cordialidad que se refleja en mensajes como ese expresado por el mandatario estadounidense con motivo del Bicentenario de la Independencia de México ante España, o en tuits como el que la embajada norteamericana posteó, con motivo de una práctica militar conjunta de militares de ambos países, mismos que rubricó con los hashtags #SociosVecinosAmigos y #MásFuertesJuntos.
Esas prácticas, señala Raúl Benítez Manaut, miembro activo de la Latin American Studies Association, son destacables toda vez que marcan la reactivación de acciones conjuntas por parte de la Defensa Nacional. Pues mientras la Marina nunca dejó de tener colaboración activa con las fuerzas castrenses estadounidenses, el Ejército mexicano se había mantenido al margen ya que, sin duda, el caso del general Cienfuegos dejó lastimada la relación.
Rispidez diplomática
Otro episodio que causó tensión en la relación bilateral fueron las declaraciones del exembajador Christopher Landau, a finales de abril de este año, en una mesa redonda de exdiplomáticos organizada por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, en inglés).
“(López Obrador) ha adoptado básicamente una actitud de laissez faire (dejar que pase) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno (en EUA). Es un gran problema para México. Él ve (la lucha contra) los cárteles como su Vietnam. Tal como lo fue para sus antecesores (en la presidencia). AMLO es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto (con los cárteles)”, aseguró Landau, y estimó que los grupos criminales no hay duda de que juegan un papel amplio en la gobernanza de México.
La respuesta del mandatario mexicano no se hizo esperar: “Yo entiendo al exembajador porque, como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba a un Gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y, también como era antes que yo llegara a la presidencia, que se llegó a extremos que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico”.
La actitud del nuevo embajador, Ken Salazar, ha sido de cordialidad, y no porque la de su antecesor no lo fuera, pero parece clara la intención de entablar un trato amistoso con las autoridades mexicanas.
Estrategias distintas
Desde su llegada al gobierno, López Obrador ha sido muy enfático en que la violencia no se combate con más violencia y que su política es la de “abrazos, no balazos”, lo que le ha valido reiteradas críticas, sobre todo ante el repunte y las cifras récord en homicidios dolosos en el país.
Un caso emblemático de lo que algunos consideran ha sido la fallida estrategia de seguridad ocurrió en octubre de 2019 cuando tropas del Ejército tenían ya detenido a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, tras un enfrentamiento en Sinaloa y López Obrador giró la orden de liberarlo, con el argumento de evitar un mayor derramamiento de sangre, pues las huestes del capo de Sinaloa tenían sitiada la ciudad y amenazaron con provocar masacres de inocentes.
El tema generó sorpresa y hasta cierto punto molestia en Estados Unidos. A pesar de que el Gobierno mexicano ha dicho que la táctica no es ir por las cabecillas o los líderes de las bandas criminales, como se hizo en sexenios pasados, sino atacar las causas de la violencia, generando oportunidades de desarrollo para combatir la pobreza, lo cierto es que para Washington sigue siendo prioritario la captura de los grandes líderes.
Prueba de ello ha sido las jugosas recompensas que ofrecen por Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, y más recientemente el aumento en la recompensa por información que lleve a la captura de Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, junto con el Chapo.
Este y otros temas, como el congelamiento de cuentas de las organizaciones criminales Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control – OFAC), serán sin duda los grandes asuntos a abordar en la reunión de este 8 de octubre.
El Diálogo de Alto Nivel en Seguridad, señala la cancillería, “representa una nueva visión desde el humanismo que pone en el centro la creación de oportunidades, la promoción del desarrollo, la atención de las adicciones desde la salud pública, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho”.
Estados Unidos y México, destaca la Casa Blanca en un comunicado, “permanecen como socios comprometidos en cooperación para la seguridad, a fin de proteger a nuestros ciudadanos y hacer más seguras y más fuertes a nuestras naciones”.