Littleton es un somnoliento pueblo de Massachusetts, con casitas de madera y una paleta otoñal exuberante, que cobra vida los fines de semana cuando una nutrida caravana de coches enfila hacia el viejo molino de la localidad, de 9.000 habitantes. En el vetusto caserón se concentran 80 firmas distribuidoras de armas, solo unas pocas, cuatro o cinco, de venta directa al público, pero que en total representan el mayor porcentaje en un solo lugar del país. “La gente viene a la librería móvil en ristre, pregunta dónde está el molino y se acerca a hacerle fotos, es una atracción turística”, explica Andrew, dueño del negocio contiguo.
“Incluso una mala publicidad es publicidad”, bromea William Parker, el simpático propietario de Battle Road Firearms, ante una mesa en la que se despliegan, como un mecano impaciente, piezas para ensamblar de fusiles y armas ligeras. Parker se refiere al eco generado por dos artículos del diario Boston Globe, que en septiembre enfocaron al bazar de armas de Littleton calentando motores para las elecciones de noviembre. La fiscal general del Estado, la demócrata Maura Healey, que se presenta a gobernadora y ha hecho bandera del control de armas, tiene en la mira dichos negocios por si, supuestamente, en algunos se trucaran piezas de fusiles de asalto para burlar la legislación vigente. Es el tipo de armamento utilizado en los tiroteos masivos que, cada poco, tiñen de sangre el país: Uvalde, Búfalo, Highland Park o Raleigh, por citar algunos de este año. Los pistoleros, cada vez más jóvenes, tienen acceso legal a partir de los 18 años a esas armas de combate. Los demócratas intentan, en vano, elevar el umbral a los 21.
Lo cierto es que la masiva presencia de armerías y distribuidoras del ramo en Littleton no es una novedad, si bien el negocio ha florecido en el último lustro, cuando se estableció Parker; también que toda la actividad de las empresas es teóricamente legal. Aunque respecto de las armas de asalto “hay zonas grises”, asume el empresario, “somos los primeros interesados en que esté todo meridianamente claro. Si tenemos que denunciar una irregularidad por parte de algún colega, lo haremos, porque nos interesa la legalidad por nuestra reputación”, explica Parker, barba poblada, gorra de visera y multitud de carteles y banderitas de MAGA (Make America Great Again), el furibundo movimiento trumpista, en derredor.
“La gente que hay aquí no ha violado una sola ley en su vida, de lo contrario nunca habrían conseguido licencia de actividad [de compraventa de armas]. Tampoco tienen la intención de violar la ley para ganar dinero”. Las zonas grises de la legislación a las que se refiere “son cosas que se pueden utilizar en beneficio de uno [para vender más], pero desde luego no es quebrantar la ley. Los legisladores deben cambiar las cosas si no les gusta lo que está pasando. Eso es todo”.
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En la batalla de las legislativas de noviembre, la vieja pelea entre republicanos y demócratas, la del derecho a portar armas y los intentos, casi siempre frustrados, de regular su uso, late bajo la superficie de los titulares, a los que está atento el poderoso lobby de las armas. La realidad de la violencia armada se halla encajonada en un corsé de opuestos: entre la tímida legislación bipartidista aprobada en junio por el Congreso (aunque sin limitaciones a las armas de asalto, como quería el presidente Joe Biden) y el espaldarazo del Tribunal Supremo a los defensores de las armas, en una sentencia histórica que revocó una de las normas más estrictas, la de Nueva York. El resto es un rosario de titulares, a cuál más inquietante: la reciente emboscada a una patrulla de policía en Bristol (Connecticut), uno de los Estados más restrictivos, con dos agentes muertos; las más de 7.000 armas fantasmas (ilegales, compuestas de piezas sueltas, sin número de serie) retiradas de las calles de Nueva York este año. O la revocación por un juez de las zonas “libres de armas” declaradas en la Gran Manzana por las autoridades para, precisamente, contrariar el fallo del Supremo.
Para Parker, la vivencia de las armas es “un tema profundamente emocional”. Dice que entiende y simpatiza “con esas personas que están molestas [por nuestra presencia], pero la realidad es la que es”. No hace falta preguntarle si también es política: rodeado de carteles en los que se lee Impeach Biden (Que se haga un juicio político a Biden), el empresario se aventura lo justo en las arenas movedizas de la actualidad. Sin entrar en detalles, alude a la carrera de la aspirante a gobernadora de Massachusetts al señalar que “en este Estado se ha convertido en una cuestión política; 20 millas al norte [poco más de 30 kilómetros], en New Hampshire, puedes comprar lo que quieras. Aquí el ambiente político ha creado una atmósfera en la que las armas están mal vistas, piensan que si quieres una tienes intenciones nefastas. Nuestra actual fiscal general, que es muy antiarmas, probablemente será elegida gobernadora. Así que estamos esperando a ver qué pasa, porque nos gritan y nos piden que nos vayamos. No hay posibilidad de discurso, no hay diálogo”.
Parker está interesado en orillar la dimensión política para desplegar un argumentario que ha incorporado, como baza de interesada empatía, los temores del contrario: “Es un tema sobre todo emocional, insisto. En la reciente reunión del pueblo [del Consejo Municipal], hubo varias madres que casi lloraban, porque ven una conexión entre la venta legal de armas y los tiroteos en las escuelas. Y no es así en absoluto, este estado de ánimo no es bueno ni favorece el debate”.
A dos puertas de distancia, el responsable de otra armería que pide no ser identificado, subraya lo que considera un generalizado prejuicio mediático: “Somos negocios legales, evaluados periódicamente por la ATF [la agencia federal de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos], y le aseguro que conseguir un permiso para abrir uno es un proceso lento y tedioso que puede llevar meses. Esas informaciones sobre el molino parten de un prejuicio: que las armas son malas y este, un sitio peligroso. Pero no es así de ningún modo”.
Los negocios solo atienden con cita previa entre semana. Los sábados y domingos se convierten en una romería. “Vienen familias enteras con sus niños porque en ningún otro lugar pueden tener una oferta tan variada en un espacio tan reducido. Aquí sentado tuve el sábado a un fiscal de distrito, que vino a comprar su arma”, explica Parker, como quien habla de un día pasado en uno de esos malls (centro comercial) de las afueras en los que el americano medio cifra toda su expectativa de ocio. “La publicación de esos artículos [del Boston Globe] ha disparado la afluencia de clientes”, dice satisfecho.
La concentración de armerías en Littleton se explica, según el interlocutor anónimo, por la zonificación de la actividad industrial; para otros, como el fotógrafo Fred Levy, que tiene su estudio en el edificio, “por el coste del alquiler, sensiblemente más barato que en otras zonas de Massachusetts, y porque al Ayuntamiento le interesa tener ocupado el edificio. Supongo también que el actual dueño del molino es partidario [de las armas], pero no lo sé”. Aunque predominan los que se dedican a estas, hay otros negocios: el citado estudio de Levy, una academia de música ―de la que un par de padres retiraron a sus hijos por miedo― o un taller de restauración. Evelyn, dueña de este último, señala un recodo del pasillo para confesar: “No me gusta nada este ambiente, preferiría que no estuvieran, pero lo cierto es que no dan problemas. Supongo que no les interesa una mala publicidad”.
Segunda Enmienda
A la entrada de alguna de las armerías (“cerradas a cal y canto, como si fueran lugares secretos”, subraya Evelyn apuntando con el dedo a las puertas acorazadas), se ofrecen copias de la Constitución de EE UU y su famosa Segunda Enmienda, la que consagra el derecho individual a portar armas. “Por suerte tenemos la Constitución para respaldarnos, por eso nos mantenemos firmes”, incide Parker. La interpretación de la Ley Fundamental por parte de la mayoría ultraconservadora del Alto Tribunal se inclina últimamente hacia el mismo lado, el republicano, por más que las encuestas dejen claro que la opinión pública en el caso de las armas muestra un creciente consenso sobre la necesidad de una regulación. El 64% de los estadounidenses aprueba la ley bipartidista de control de armas alentada por Biden, según un sondeo de Pew Research del pasado julio. Solo el 21% de los encuestados la rechaza.
No obstante, pese al amplio apoyo, el 78% cree que la nueva ley hará poco (42%) o nada (36%) para reducir la violencia causada por armas de fuego, que el año pasado costó la vida a casi 49.000 estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, agencia federal de salud pública). El pecado original de la violencia sobre la que se edificó el país, la de los pioneros y la conquista del salvaje Far West (Lejano Oeste), consagrada culturalmente por productos que son imagen de marca como el wéstern, lastra toda aproximación al asunto. Por eso, la judicialización de la vida política alcanza en el caso de las armas, junto con el del aborto, su máximo exponente.
Mientras, al margen de los resultados de las elecciones en Massachusetts, un Estado con una población de “seis millones y medio de personas y unos 600.000 con permiso de armas”, recuerda Parker, los negocios del viejo molino, donde aún quedan locales disponibles, se frotan las manos de cara al fin de semana. “No hay muchos vendedores fuera de aquí, así que a la gente le resulta rentable, y cómodo, conducir noventa minutos, hora y media, para encontrar lo que buscan en un solo viaje. Es una gran experiencia”.
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