La Fiscalía de Tamaulipas ha liberado a la migrante guatemalteca Juanita Alonzo, detenida y encarcelada injustamente en 2014, según ha confirmado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Júarez, que acompañaba su caso. Alonzo acababa de llegar a México de Guatemala y estaba esperando en esta entidad fronteriza su momento para cruzar hacia Estados Unidos. Solo hablaba chuj, una lengua de la familia del maya, y aun así fue obligada a firmar unos documentos en los que se inculpaba de pertenecer a una banda de secuestradores. La encarcelaron en la ciudad Reynosa y permaneció tras las rejas siete años. Esta semana, tras un dictamen de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su liberación inmediata.
“Hoy celebramos la libertad de Juana Alonzo Santizo, la Fiscalía General del estado de Tamaulipas atendió finalmente el llamado de no continuar con la acusación contra Juana Alonzo, migrante chuj, quien podrá volver con su familia en Guatemala”, reza el comunicado del organismo que ha celebrado este sábado su puesta en libertad. “El apoyo de la comunidad, medios de comunicación y organizaciones, como Promotores de la Libertad Migrante, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero y la ONUDH México, así como el trabajo en la última etapa del Instituto Federal de la Defensoría Pública, fue fundamental para visibilizar la injusticia y alcanzar la libertad de Juana”, añade.
Aunque la visibilización del caso alcanzó su cota más alta cuando el presidente mencionó su caso este viernes. “Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan hoy porque aceptaron que era una injusticia”, declaró López Obrador. También se pronunció el gobernador del Estado, Francisco Cabeza de Vaca, en el mismo sentido.
La liberación de Alonzo se produce después de años de lucha de su familia y de los colectivos de derechos humanos que la han acompañado, pero especialmente, tras el dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU, que analizó su caso y en septiembre de 2021 advirtió: México tenía que liberarla en un máximo de seis meses. La decisión de la Fiscalía ha llegado después de nueve.
“El caso de Juanita no es aislado”, insiste el comunicado del Centro. “En México se violan de forma generalizada los derechos humanos de las personas migrantes y existe un patrón de acusaciones penales fabricadas, basadas en estigmas y prejuicios, en su contra”, sentencia.
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