El Tribunal Supremo decidió este jueves que los inmigrantes con ciertas condenas judiciales deben demostrar que sus delitos no son considerados de “bajeza moral” y que por tanto reúnen los requisitos para no ser deportados.
En un fallo dividido de 5 votos a favor y 3 en contra, los jueces del Supremo federal respaldaron la postura del Departamento de Justicia ante la demanda de un inmigrante indocumentado mexicano que había solicitado la cancelación de su orden de deportación.
Se trata del caso del mexicano Clemente Pereida, que entró ilegalmente a Estados Unidos hace 25 años y que fue condenado en Nebraska por usar un número falso de la Seguridad Social para obtener trabajo de limpieza, algo considerado un delito menor, y quien ahora se enfrenta a una orden de deportación a México.
Según la INA (Acta de Inmigración y Nacionalidad), ciertos extranjeros que no son residentes permanentes y buscan anular una orden de deportación legal deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante”, escribió el juez conservador Neil Gorsuch al comentar el fallo de la mayoría.
De este modo, la carga de la prueba para cancelar una orden de deportación de un inmigrante con antecedentes judiciales, es decir, la responsabilidad de probar que no se trata de delitos graves, en este caso, recae en el acusado, sin que la fiscalía tenga que demostrar lo contrario.
Pereida había argumentado para que se le revocara la orden de deportación que ello perjudicaría a su hijo, que es ciudadano estadounidense, pero sin argumentar si los delitos por los que había sido condenado entraban o no en la categoría de “bajeza moral”.
“Se negó a presentar ante el juez de inmigración pruebas sobre el delito de su condena, incluso después de que el Gobierno presentara pruebas que sugieren que fue condenado bajo un estatuto que establece delitos de fraude”, escribió Gorsuch.
“Pero sea cual sea el grado de ambigüedad que persista sobre la naturaleza de la condena del señor Pereida, y cualquiera que sea el motivo de la misma, una cosa sigue siendo obstinadamente evidente: no ha llevado su carga de demostrar que no fue condenado por un delito que implique depravación moral”, agregó.
Un juez de inmigración se había negado a detener el proceso de deportación de Pereida debido a su condena por usar un documento falso para trabajar en Nebraska, al considerar ese delito como de “bajeza moral”, aunque no había cumplido pena de cárcel por él.
Esta decisión fue mantenida por un tribunal migratorio de apelaciones, por lo que el caso había llegado al Supremo.
Los tres magistrados liberales del Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, emitieron una opinión disidente en la que aseguraron que, por el contrario, ningún documento presentado al juez de inmigración mostraba que la condena de Pereida “implicaba necesariamente hechos equivalentes a un crimen de bajeza moral”.
Debido a eso, el juez de inmigración no podía caracterizar de ese modo la condena del mexicano, lo que hubiera resuelto el caso.
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