El Título 42 (probablemente) ha terminado. Estados Unidos sigue necesitando abordar la migración de forma responsable – WOLA – Washington Office on Latin America (WOLA)

Las buenas noticias han sido escasas en los últimos años. Por eso, cuando un juez federal de Estados Unidos finalmente anuló la aberrante política del Título 42 de la era Trump a principios de esta semana, fue imposible no respirar con alivio, al menos por un momento. Sin embargo, hay pocas certezas sobre lo que se avecina en la frontera entre Estados Unidos y México: podría ser caótico si las personas solicitantes de asilo que han estado embotelladas durante más de dos años llegaran todos a la vez – aunque es probable que a medio plazo se consiga una frontera más ordenada, humana y segura, si el gobierno de Biden se aleja de los fracasados planteamientos de “disuasión”.

La sección 265 del Título 42 es una disposición del Código de los Estados Unidos que se remonta a la década de 1940. Se trata de un párrafo de 128 palabras de redacción imprecisa que permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades transmisibles.” 

Cuando el virus COVID-19 fue declarado pandemia a mediados de marzo de 2020, el entonces presidente Donald Trump invocó la orden. Su administración antiinmigración interpretó el Título 42 en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) podía expulsar rápidamente a las personas migrantes indocumentadas, sin siquiera concederles el derecho a pedir asilo, algo que la legislación estadounidense garantiza. México aceptó las expulsiones rápidas en la frontera terrestre de sus propios ciudadanos y ciudadanas y de personas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Trump afirmó que la orden se ponía en marcha para proteger la salud de las personas que viven en Estados Unidos. Funcionarios de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y de la Agencia de la ONU para personas Refugiadas, entre otros, no estuvieron de acuerdo. 

Las cosas mejoraron sólo modestamente después de que Trump dejara el cargo. El gobierno de Biden detuvo la expulsión de menores no acompañados, pero por lo demás dejó la orden en vigor. La gran mayoría de las más de 2,4 millones de veces que las autoridades estadounidenses han expulsado a migrantes en virtud del Título 42 tuvieron lugar durante los años de Biden. El CDC trató de poner fin al Título 42 en mayo de 2022 sólo para ver cómo un juez federal, en una demanda presentada por los fiscales generales estatales republicanos, obligaba a continuar con la política. El gobierno de Biden siguió enérgicamente utilizando la orden: en octubre de 2022, incluso convenció a México para que ampliara el uso del Título 42, permitiendo las expulsiones de migrantes venezolanos en la frontera terrestre.

Más del 90 por ciento de estas personas migrantes en busca de protección fueron enviadas a México, donde organizaciones de derechos humanos documentaron patrones de abuso sistemático, incluyendo asaltos, robos, violaciones y secuestros extorsivos. Durante visitas realizadas en marzo de 2022 a ciudades mexicanas fronterizas con Texas, trabajadores humanitarios dijeron a WOLA que miembros de grupos del crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos, vigilando a las personas migrantes expulsadas para secuestrarlas. Más de 25.000 personas provenientes de Haití también fueron devueltas a su violento e inestable país bajo el Título 42.

Sin embargo, las personas que defienden los derechos humanos nunca se rindieron. Estaban decididas a garantizar el respeto del derecho de las personas inmigrantes a acceder a la protección que reclaman. El 15 de noviembre, el juez Emmet Sullivan del Tribunal del Distrito de Columbia dictaminó que el Título 42 viola “de forma arbitraria y caprichosa” la legislación estadounidense y no tiene base en la salud pública. La sentencia se dictó en respuesta a una demanda colectiva presentada en nombre de familias de personas refugiadas. A petición del gobierno, el juez Sullivan concedió una suspensión de cinco semanas de su orden para permitir al gobierno preparar el cambio; éste entrará en vigor el 21 de diciembre. 

Según la sentencia de Sullivan, las personas migrantes indocumentadas que soliciten asilo ya no podrán ser expulsadas. En su lugar, como ocurría antes de que se invocara el Título 42, la CBP procesará a las personas solicitantes de asilo de acuerdo con la ley migratoria de Estados Unidos.

Muchas personas adultas que viajan solas probablemente esperarán sus audiencias de asilo en Estados Unidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una práctica cruel que quienes defienden los derechos de las personas migrantes consideran innecesaria en la gran mayoría de los casos. Como ya viene ocurriendo, los niños no acompañados procedentes de países distintos de México serán admitidos y colocados con familiares o patrocinadores por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las familias, en su mayoría, serán liberadas en Estados Unidos y supervisadas por programas “alternativos a la detención”.

Aunque es imposible predecir los acontecimientos futuros, hay dos cosas claras. En primer lugar, es probable que a corto plazo aumente el número de migrantes en busca de protección que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Decenas de miles han estado esperando en el vecino México a que el Título 42 termine. Sin embargo, como las expulsiones rápidas del Título 42 ya no permitirán repetir los intentos de cruce sin consecuencias para los migrantes que no soliciten asilo, las cifras podrían disminuir rápidamente tras un aumento inicial. En segundo lugar, el gobierno de Biden –aunque parece utilizar el Título 42 para ganar tiempo– no ha hecho lo suficiente para prepararse para su fin. 

Para ponerse a la altura de la realidad, la administración Biden debe invertir tiempo y recursos en tres áreas. 

En primer lugar, debe mejorar el procesamiento en la frontera. Esto incluye la capacidad de comprobar, de forma eficiente, los antecedentes e historiales médicos de las personas, iniciar los trámites de asilo, evaluar la credibilidad de las solicitudes y otras tareas que deben realizarse en las primeras 72 horas a partir de la llegada de una persona. Esto, a su vez, significa disponer de instalaciones con el espacio y el personal necesarios para procesar a las personas migrantes que buscan protección de forma ordenada y humana. El personal no tiene por qué ser agentes de la Patrulla Fronteriza armados y uniformados: Los “coordinadores de procesamiento” y otros civiles capacitados pueden realizar estas tareas, a menudo burocráticas pero necesarias.

En segundo lugar, las autoridades deben garantizar la disponibilidad de ayuda humanitaria, sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas llegarán hambrientas y enfermas. En tercer lugar, el gobierno debe trabajar con los refugios, las organizaciones locales y los gobiernos para facilitar el transporte fuera de las comunidades fronterizas hacia los destinos que las personas migrantes previeron en el interior de Estados Unidos, donde a menudo tienen familiares u otras redes de apoyo.  

Además de estas tres medidas inmediatas, la administración debe redoblar los esfuerzos para mejorar la capacidad de adjudicación de asilo, reduciendo los tiempos de espera y los retrasos, al tiempo que garantiza el debido proceso.

Es decepcionante que estas medidas aún no estén en marcha. El fuerte aumento en el número de migrantes y solicitantes de asilo ha sido una realidad en la frontera de Estados Unidos desde 2014. Desde mediados de la década de 2010, los países de todo el hemisferio han estado acogiendo a un número cada vez mayor de migrantes en busca de protección procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y América Central, entre otros lugares. La realidad actual ya no es nueva, pero el aparato fronterizo de Estados Unidos sigue estando extrañamente diseñado para una población de migrantes adultos solteros sin necesidades de protección. El gobierno ha perdido demasiado tiempo en la negación, sin conseguir adaptarse.

La frontera entre Estados Unidos y México necesita un sistema sólido que pueda procesar a las personas migrantes que buscan protección de forma eficaz y humana. También necesita garantías de que Estados Unidos no volverá a adoptar medidas punitivas en un intento de disuadir a las personas de acercarse a la frontera. 

No cabe duda de que la migración puede plantear grandes retos, del tipo que Estados Unidos no debería abordar en solitario. 

Es probable que el fin del Título 42 también ejerza una gran presión sobre la administración Biden para que acelere la cooperación con los gobiernos de toda la región -en particular, pero no exclusivamente, con México- y consiga compromisos reales para proporcionar asistencia humanitaria, mayores vías legales para la migración y acceso a la protección para la creciente población migrante. Al mismo tiempo, debe seguir explorando oportunidades para el tipo de inversión que ayude a las personas a dejar de sentir que huir de sus países es la única opción que tienen. 

Las conversaciones que condujeron a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 21 países de la región en la Cumbre de las Américas en junio, son muy prometedoras si las autoridades de toda la región las traducen en acciones reales. Sólo entonces los gobiernos estarán cumpliendo con su deber de proteger a algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo.