Es temporada del voto en Estados Unidos, pero entre todas las citas previas a la más importante, las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre, destaca la del próximo martes en Kansas. Sus ciudadanos están llamados a seleccionar en las primarias a sus candidatos demócratas y republicanos, pero sobre todo a decidir si el Estado puede o no restringir o prohibir el derecho al aborto. La votación es consecuencia del fallo del Tribunal Supremo que el pasado 24 de junio derogó el precedente de medio siglo establecido por la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 convirtió en constitucional la libertad de las mujeres para elegir la interrupción de sus embarazos hasta la 22ª semana. La decisión judicial devolvió la potestad para legislar a los Estados. Y Kansas está a punto de hacer precisamente eso en una votación trascendental, la primera de su calado tras la anulación de Roe.
El texto que se somete a plebiscito es ciertamente confuso; tanto, que ambas partes han empleado una buena porción de los fondos invertidos en la campaña en explicar qué significaría votar sí (que equivale a introducir un cambio en la Constitución del Estado que abriría la puerta a prohibir el aborto) y las implicaciones de decir no. La enmienda al texto fundamental que se propone permitiría al “pueblo, a través de sus representantes”, “aprobar leyes sobre el aborto, incluidas, pero no solo, normas que tomen en cuenta las circunstancias del embarazo como resultado de una violación o incesto, o situaciones en las que esté en juego la vida de la madre”. El nuevo párrafo también deja claro que “los habitantes de Kansas valoran tanto a las mujeres como a los niños”.
De salir adelante el sí, quedaría desactivada una sentencia del Tribunal Supremo de Kansas que en 2019 dictaminó que el aborto estaba protegido en la Constitución del Estado. Aquella decisión ha atado las manos durante este tiempo a los legisladores republicanos, que son mayoría en el Congreso y en el Senado y han declarado su deseo de prohibir el aborto. Esas mayorías son tan robustas como para pasar por encima de un posible veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly, que no podría hacer nada si el martes los votantes escogen añadir la enmienda a la constitución. Si la adenda prosperara, solo sería posible deshacerse de ella en el futuro mediante una nueva votación en las urnas. Hasta ahora, el aborto estaba permitido en Kansas durante las primeras 22 semanas desde la última menstruación, y debían pasar 24 horas entre la primera consulta, que puede ser remota, y la intervención o la administración de las píldoras abortivas.
Además de la abstrusa formulación de la pregunta, los defensores del derecho a decidir critican el hecho de que se haya llamado a las urnas para un asunto de tanto calado el día en el que se votan las primarias de la cita de noviembre, una elección a todas luces menor (el martes también hay primarias en Míchigan, Arizona, Misuri y en el Estado de Washington). “La gente está comprensiblemente confundida”, explica en una entrevista telefónica Emily Wales, presidenta y consejera delegada de Planned Parenthood Great Plains, proveedora de servicios de salud reproductiva con centros en Kansas, Oklahoma y el oeste de Misuri (dos Estados, estos últimos, en los que el aborto está prohibido).
Lenguaje engañoso
“El lenguaje engañoso de la enmienda es cosa de los legisladores, de mayoría abrumadoramente conservadora”, continúa Wales. “Habla conscientemente de violación o incesto, pero en realidad no crea ninguna protección para las víctimas de ambos delitos. Además, sugiere prohibir la financiación pública del aborto, cuando hace tiempo que está prohibida en Kansas. También es deliberado haber convocado la votación el día de las primarias. Los demócratas e independientes no acostumbran a participar en ellas, porque no suele haber mucha competencia entre los candidatos de sus filas, así que se presentan directamente en noviembre. Todos los habitantes deberían decidir, no solo aquellos que se enteren de que se está produciendo una votación crucial”. Kansas no ha escogido demócrata en una elección presidencial desde Lyndon B. Johnson en 1965.
Activistas de ambos lados han invertido dos millones de dólares, según la auditora AdTracking, en anuncios con dos objetivos: animar a ir a votar y aclarar lo que significa hacerlo a favor o en contra. También llevan semanas tocando puertas en mitad de una pavorosa ola de calor. Brittany Jones, de la organización antiabortista Value Them Both (llamada así por la parte del texto en la que los redactores se precian de valorar “tanto a las mujeres como a los niños”), calcula que sus voluntarios han peinado ”más de 100.000″ casas. Los que defienden que se añada la enmienda dicen que no equivale a prohibir el aborto, sino a dejar abierta la posibilidad de regular sobre él, pero en un audio obtenido por el medio local Kansas Reflector se escucha al senador republicano Mark Steffen decir durante una reunión en el condado de Reno que su objetivo es aprobar cuanto antes una norma “que proteja la vida desde la concepción”.
Si el aborto acabara proscrito en Kansas, el “desierto de los derechos de las mujeres”, como lo define Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, se hará un poco más grande en el corazón del país (y no es figurado: el centro geográfico de Estados Unidos está en la localidad de Lebanon, al norte del Estado). Wales confirma que sus tres clínicas en Kansas (donde, en total, hay cinco que practican abortos, incluida la que tomó el testigo del doctor George Tiller, que se hizo famoso por su decisión de practicar intervenciones tardías en casos excepcionales, y acabó asesinado en 2009 por un fanático) reciben muchas pacientes de otros lugares en los que a estas les niegan la atención, como Texas o Luisiana. “Las llamadas se doblaron tras la sentencia del Supremo. Pero no podemos atender a todo el mundo. La gente busca desesperadamente una cita donde se la den, ya sea aquí, en Colorado o en Nuevo México”, explica Wales.
Oklahoma, la vecina del Sur, es una de esas zonas emisoras de pacientes. Andrea Gallegos, administradora ejecutiva de la clínica Tulsa Women’s Health Care, aclara en un correo electrónico que dejaron de prestar servicios abortivos “a mediados de mayo”, cuando el gobernador convirtió su trabajo “en delito”. “Ahora estamos en el proceso de cerrar nuestras clínicas aquí, en Oklahoma, y en San Antonio (Texas), y de abrir nuevos centros en Nuevo México e Illinois, Estados en los que podremos seguir brindando atención a las pacientes. Hemos estado derivando a muchas a Kansas, y me consta que las clínicas están sobrepasadas”, añade.
Kansas no es el único Estado que decide el futuro del aborto en las urnas. Otros cuatro tienen previsto preguntar directamente a sus electores: California, Míchigan y Vermont les cuestionarán si afirman el derecho, mientras que Kentucky preguntará, como Kansas, si lo rechazan. En otros cinco (Georgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvania y Carolina del Norte), su porvenir dependerá de quién resulte elegido gobernador en las legislativas de noviembre. Desde la sentencia del Supremo, de la que ha pasado poco más de un mes, 11 Estados ya han prohibido o restringido severamente el aborto, y, según el Instituto Guttmacher, 43 clínicas han cerrado en estas semanas en esos territorios.
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