Durante los últimos días, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a Inversiones Panguipulli SpA por su proyecto “Bahía Panguipulli”. Fueron casi dos años de descargos e investigaciones para, finalmente, sancionar al complejo inmobiliario. La SMA aplicó una multa de $210 millones contra la inmobiliaria. “Aplíquese a Inversiones Panguipulli SpA, la sanción de multa de trescientas cincuenta y una unidad tributaria anual (351 UTA)”, dice la resolución. Además, la obligó ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el referido proyecto inmobiliario.
En la defensa de la inmobiliaria, estuvieron presentes los abogados Fernando Molina, Gonzalo Cubillos y Esteban Cañas, quienes realizaron sus descargos asegurando que la SMA, al formular cargos, “pasó por alto las características reales, concretas y efectivas de las obras en ejecución y que fueron informadas por esta parte en su memoria explicativa entregada durante el proceso de fiscalización, procediendo a presumir características y partes de las obras que nunca han sido declaradas, ni mucho menos ejecutadas. Asimismo, pasa por alto todas y cada una de las circunstancias hechas valer por esta parte en su memoria, no haciéndose cargo de ellas ni ponderándolas en su resolución de formulación de cargos”.
También agregan que la SMA “ha desestimado, sin motivo fundado, un informe del Servicio de Evaluación Ambiental que indica expresamente que las obras de mi representada no deben ser sometidas a evaluación ambiental”. Añaden que las obras en ejecución no son una urbanización y que no están ubicadas en un área colocada bajo protección.
Inversiones Panguipulli está ligada al ingeniero civil Claudio Cordero, principal gestor del proyecto, en el que participan como minoritarios el economista Paul Fontaine y el conductor de televisión Rafael Araneda, y que fue diseñado por el arquitecto Gonzalo Mardones. De hecho, el mismo Fontaine el año 2018 acusó, a través de una carta enviada al diario El Mercurio, doble estándar de los empresarios opositores, por no tener en sus campos las medidas de mitigación ambiental que sí tendría Bahía Panguipulli. “Es éticamente importante predicar y practicar con el ejemplo”, afirmó.
La principal controladora de Inversiones Panguipulli SpA es Inmobiliaria Pucón Limitada, cuyos socios son Claudio Cordero e Inversiones Porto Alegre Limitada, cuyo socio mayoritario es Evelyn Lewinsohn, cónyuge de Cordero. Todo queda en familia en este caso. Dentro de Porto Alegre, también figura como socio Inversiones Caxias Limitada, cuyas personas a cargo son Cordero, Lewinsohn y sus dos hijos.
Cordero, en particular, porque defiende a Inversiones Panguipulli SpA frente a la SMA, es socio además de Sociedad de Deportes Palestina S.A., Transportes El Monte Limitada, Inversiones Rio Limitada, Inmobiliaria La Marmita Limitada y Transporte Tunquén Limitada.
Además de Inmobiliaria Pucón Limitada, hay otros socios de “Bahía Panguipulli”. Está Inversiones Antupiren Limitada, quienes son comandados por la familia Bruzzone; Inversiones Buenaventura S.A., de Oriana Selame y Rodrigo De Diego; Inversiones MBB SpA, a cargo de la familia Morel Borchers; Tabach y Salas Limitada, cuyos socios son Claudia Socias, Alfredo Tabach, Lucía Coeymans y Mario Salas; Asesorías e Inversiones SW Limitada, donde se encuentran como socios el mencionado Paul Fontaine, María Antonia Fontaine y Ernesto Fontaine; Inversiones Balilia Limitada, ligada a Aníbal Flores, Catalina Flores y María Ignacia Flores; y Producciones RAM LTDA, cuyos socios son los conocidos Marcela Vacarezza y Rafael Araneda.
El largo proceso
El proceso, que duró casi dos años, tuvo presentaciones de cargos y defensa del proyecto, ampliaciones de plazos.
Todo comenzó en noviembre del 2018 con la formulación de cargos. Allí, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Inversiones Panguipulli SpA por su proyecto homónimo, “Bahía Panguipulli”, ubicado en la Región de Los Ríos. ¿La razón? En resumen, por operar sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
“La ejecución, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental, de un proyecto: De desarrollo urbano, que contempla obras de edificación con destino habitacional, con una cantidad superior a 80 viviendas. De desarrollo urbano, que contempla obras de urbanización con destino permanente de esparcimiento, deporte, comercio y servicios. En un área colocada bajo protección oficial, correspondiente a la Zona de Interés Turístico Panguipulli”, se lee en el sitio web del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).
La infracción es al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LO-SMA), que indica “la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella”.
La denuncia fue presentada por el abogado Juan Ignacio Correa, en representación del vecino del sector, Vito Capraro, luego que la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, entidad ligada a las familias Luksic y Von Appen y ajena a Capraro –según relata–, advirtiera esta serie de irregularidades en el proyecto inmobiliario.
De acuerdo a Emol, en el año 2018, esta Corporación “fomenta el desarrollo en la zona”. Es encabezada por Mauricio Larraín, pero la integran también diversos personajes de negocios, como Nicolás Ibáñez, Wolf von Appen, Isidoro Quiroga, Peter Hill, Paola y Jean Paul Luksic y León Avayú, entre otros.
A la fecha de su denuncia, se encontraban a la venta 82 lotes, de 5.000 m2 cada uno, para la construcción de viviendas que contarían con sus respectivos sistemas de tratamiento de aguas servidas. Además de la venta de lotes y edificación de viviendas, el proyecto consideraría la construcción de infraestructura de desarrollo urbano, como avenidas de acceso, ciclovías, calles internas, canalizaciones eléctricas, red de agua potable, tres marinas, canchas de pádel, tenis, futbolito, club house, gimnasio, sauna, jacuzzis, laguna, espejo de agua y helipuerto.