En un día reciente en el condado de Riverside, Lisseth, una inmigrante venezolana, decoró un árbol de Navidad para su hija de 11 años, que adora la festividad y vive en el estado de Bolívar, en el este de Venezuela. Esta mujer de 45 años, madre de tres hijos, llevaba casi cinco años sin verlos, pero acababa de recibir la noticia de que las autoridades de inmigración estadounidenses habían aprobado las solicitudes de sus hijos para viajar desde Venezuela y reunirse con ella permanentemente en Estados Unidos.
“Todo lo que necesito ahora son mis tres ángeles a mi lado”, dijo Lisseth cuando terminó de adornar el árbol.
Lisseth dice que tiene otro ángel de la guarda: Tim Jones, profesor jubilado de Riverside y periodista que patrocina su traslado y el de su familia a Estados Unidos.
Ese mismo día, a más de 1.500 millas de distancia, en Matamoros, México, otra inmigrante venezolana, Kerlyn Mora, caminaba por las calles en busca de una cobija caliente. Fría y mojada por la incesante lluvia, llamó a las puertas pidiendo a los desconocidos lo que pudieran darle.
La mujer de 43 años, que dejó a su hija de 16 con su padre en Venezuela, llevaba más de un mes atrapada en la ciudad fronteriza después de que las autoridades estadounidenses la expulsaran a México a pesar de su petición de asilo.
“Espero encontrar a alguien que me dé algo para calentarme esta noche”, se dijo a sí misma. “Estoy tan contenta de no haber traído a mi hija a esto”.
Tanto Lisseth como Mora huyen de la economía quebrada y el gobierno autoritario de Venezuela. Ambas quieren mantener a sus familias. Ambas buscan refugio en Estados Unidos.
Pero el 12 de octubre, dos políticas de inmigración distintas de Biden cambiaron la trayectoria de sus vidas y las de otros miles de venezolanos que buscaban acceder a EE. UU. bajo un sistema de inmigración que, según los críticos, es en gran medida arbitrario y favorece a los que tienen más recursos económicos. Mientras que la administración Biden lanzó un programa de libertad condicional que ofrece una nueva forma para que los venezolanos entren a EE.UU. brevemente, se emparejó ese esfuerzo mediante la ampliación del uso de una política de salud pública de la década de 1940, el Título 42, que ha cerrado el acceso al asilo a muchos inmigrantes – incluyendo un número creciente de venezolanos – sin conexiones familiares o patrocinio económico en EE. UU.
El Título 42, que la administración Trump invocó durante la pandemia de COVID-19, permite a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los inmigrantes, aparentemente para salvaguardar la salud pública de Estados Unidos. Pero ha indignado a los defensores de los derechos de los inmigrantes, la ACLU y otros que argumentan que se mantiene en vigor por razones políticas y no de salud. El lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John G. Roberts Jr., emitió una orden para mantener temporalmente el Título 42, al que un juez de primera instancia había ordenado poner fin este mes.
Un migrante de Venezuela camina bajo el frío en un campamento improvisado en la frontera entre Estados Unidos y México en Matamoros, México, el viernes. Los migrantes están a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre las restricciones de asilo.
(Fernando Llano / Associated Press)
Mientras tanto, miles de venezolanos como Mora están atrapados en ciudades fronterizas mexicanas.
La administración enmarcó su nuevo programa de libertad condicional como un camino legal hacia el país, y ha respaldado la extensión de la política de Trump como una forma de disuadir a los venezolanos de poner sus vidas en peligro al cruzar el traicionero Tapón del Darién – una franja de densa selva que une Colombia y Panamá – y entrar en EE. UU. sin autorización. El programa de libertad condicional, que se inspiró en un intento de acelerar la tramitación en los pasos fronterizos para los ucranianos que huyeron tras la invasión rusa, suscitó el interés inmediato de innumerables venezolanos y de quienes buscaban patrocinarlos en Estados Unidos.
Las dos políticas, funcionando conjuntamente, han reducido el número de venezolanos que cruzaban la frontera suroeste sin autorización de 1.100 al día de media antes de mediados de octubre a sólo unos 100 al día, según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, hasta el 30 de noviembre, más de 14.000 venezolanos habían sido examinados y habían recibido la aprobación para viajar a Estados Unidos en el marco del programa de libertad condicional. Más de 5.900 habían llegado legalmente hasta el 30 de noviembre.
Pero los escépticos dicen que muchos de los venezolanos que se benefician del programa de libertad condicional probablemente no habrían hecho el largo y clandestino viaje por tierra de todos modos, porque se encuentran entre los pocos afortunados que poseen los recursos personales y las conexiones necesarias para obtener el patrocinio de Estados Unidos.
Por el contrario, los más indigentes de Venezuela no tienen los medios para conseguir un patrocinador estadounidense y es mucho más probable que se unan al peligroso éxodo masivo a pie. En ese grupo se encuentra Mora, que pasó semanas caminando desde Táchira (Venezuela) hasta Matamoros, al otro lado de la frontera estadounidense, desde Brownsville (Texas).
“Hasta cierto punto, esto es injusto”, dijo Juan Fernando Villarreal, abogado de Mora en México, quien con sus colegas del Centro de Recursos Matamoros ha atendido a miles de venezolanos que se encuentran atrapados en México.
“Las personas que se están beneficiando del programa venezolano son personas que ya tienen una situación económica estable. Pueden tomar un vuelo desde su país o desde la Ciudad de México o Cancún hacia Estados Unidos”, dijo Villarreal. “Es diferente para los demás, que deben viajar a través de la selva”.
Un migrante venezolano sostiene a un niño mientras sube la orilla de un río hacia territorio estadounidense, después de cruzar el río Grande desde Matamoros, México, el jueves.
(Fernando Llano / Associated Press)
El programa de libertad condicional pretende beneficiar a familias como la de Lisseth que buscan reunirse, así como a parejas que habían sido separadas. Sus tres hijos, su padre, su hermana y su cuñado han recibido la aprobación para venir a EE. UU. legalmente bajo el programa, que permite a 24.000 inmigrantes venezolanos entrar en EE.UU. y permanecer legalmente durante un máximo de dos años si tienen un patrocinador que se comprometa a mantenerlos económicamente.
Antes de mediados de octubre, la mayoría de los inmigrantes venezolanos podían cruzar la frontera y buscar protección en Estados Unidos. Y como Estados Unidos lleva años sin mantener relaciones diplomáticas formales con el gobierno venezolano, no había una vía legal fácil para que Estados Unidos los deportara. Sumida en la agitación económica, política y social, Venezuela ha visto cómo casi 7 millones de personas -aproximadamente una cuarta parte de su población- han abandonado el país desde 2014. La mayoría se ha asentado en la vecina Colombia y en otras naciones sudamericanas.
El éxodo se ha ralentizado a medida que las condiciones económicas han mejorado ligeramente en Venezuela, y algunos migrantes han regresado. Pero Estados Unidos, que inicialmente no era un destino importante, se convirtió en un imán en el último año aproximadamente, cuando se corrió la voz entre los venezolanos de que a los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera se les permitía entrar en el país.
Los orígenes de Lisseth y Mora contribuyeron a determinar sus destinos sorprendentemente diferentes.
Lisseth, que no dio su apellido porque teme repercusiones para su familia en Venezuela, estudió Derecho y se convirtió en agente inmobiliaria. Procede de una familia de clase media con contactos en Estados Unidos. Hace cinco años voló a Estados Unidos con un visado de turista y llevó a sus hijos a Disneylandia para un viaje familiar.
Decidió que era hora de abandonar Venezuela cuando uno de sus vecinos llamó a su puerta un día de 2018.
“¿Tienes un plato de comida que me puedas dar?”, le preguntó. Su familia solo tenía mangos para comer en todo el día, y su hijo acababa de vomitar.
Lisseth se quedó estupefacta al ver a su vecina de antigua “buena solvencia económica” mendigar comida. Tras años de agitación política y económica, Lisseth también se había quedado sin gran parte de su patrimonio. “La próxima persona que pida un plato de comida para mis hijos seré yo”, pensó.
La madre de Lisseth, una destacada agente inmobiliaria de Venezuela, se había establecido en Estados Unidos hacía unos años y acabaría presentando a su hija a Jones.
Tim Jones, a la izquierda, antiguo maestro de escuela y periodista, pudo apadrinar a los tres hijos de la solicitante de asilo venezolana Lisseth para que vinieran a Estados Unidos en virtud de una reciente política de inmigración de Biden.
(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)
Jones, ex columnista de 66 años del Orange County Register solía escribir una columna con un inmigrante como protagonista cada Acción de Gracias. Desde hace un par de años, Lisseth alquila una habitación en casa de Jones.
Un día de octubre, la madre de Lisseth envió un mensaje a Jones preguntándole si podía apadrinar a su hija y posiblemente también a sus tres nietos.
No tardó en caer en la cuenta. “Me está pidiendo que me haga responsable de su familia en Estados Unidos, posiblemente durante toda su vida o hasta que se conviertan en ciudadanos”, se dijo Jones. Dijo que sí a Lisseth y a su madre.
Lisseth tiene estatuto de protección temporal, que permite a personas de países asolados por la agitación política o las catástrofes naturales obtener un permiso de trabajo y vivir en Estados Unidos de forma temporal y renovable. Se burla cuando se le pregunta si habría hecho el traicionero viaje por tierra que tuvieron que hacer tantos de sus compatriotas.
Los hijos de Lisseth viven con su hermana en Bolívar, Venezuela. Lisseth contrata ayuda para cocinar, limpiar y atender a sus hijos.
Mora, por el contrario, no tenía esa red de apoyo ni en su tierra natal ni en el que espera que sea su nuevo hogar.
Huyó de su país a principios de septiembre para solicitar asilo en Estados Unidos. Mientras atravesaba el paso del Darién, vio cómo sus compañeros de viaje morían de infarto, deshidratación y desnutrición. Llegó a la frontera entre Estados Unidos y México la misma semana en que entraron en vigor las nuevas políticas y fue devuelta a Matamoros el 15 de octubre, según explicó.
Mora también tiene una buena educación y en su día ocupó un puesto bien remunerado en un banco, pero procede de medios más modestos que Lisseth. Nunca tuvo un visado y nunca había viajado a EE. UU. No tenía muchas conexiones con EE. UU. excepto su madre, que emigró en 2013 y vive en Carolina del Norte. No pudo encontrar un patrocinador.
Cada vez que a la gente se le da una vía legal para acceder al sistema de inmigración de Estados Unidos, como el programa de libertad condicional de Venezuela, los solicitantes de asilo potenciales van a preferir esa opción con el fin de evitar peligrosos viajes a través de selvas y desiertos, pagando tarifas exorbitantes de contrabando y extorsión y violando las leyes, dijo Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa de Política de América Central y México en la Universidad de Texas Austin y ex funcionaria de la administración Biden.
“El problema del programa de libertad condicional en Venezuela es que está limitado a un pequeño número de personas en comparación con la gran población de personas que abandonan sus países o que quieren hacerlo”, explicó.
“Sin embargo, las vías legales son demasiado pequeñas para redirigir a la mayoría de la gente, por lo que el resultado es un pequeño número de personas afortunadas y un número mucho mayor de personas muy desafortunadas que se enfrentan a obstáculos aún mayores”.
Contactada hace unos días, Mora dijo que finalmente pudo entrar en EE. UU. después de que sus abogados consiguieran una exención para ella basada en razones humanitarias tras dos meses de limbo en México.
Ahora vive con su madre en Carolina del Norte, pero no sabía dónde iniciar su proceso de asilo. No sabía si tendría dinero para contratar a un abogado de inmigración privado.
“No sé por dónde empezar ni qué hacer”, dijo.
Sin un estatus legal, Mora podría tardar años en tramitar su caso de asilo ante el tribunal de inmigración. Además, la autorización de trabajo no está garantizada, aunque podrá solicitarla.
De vuelta en Riverside, Lisseth espera a su familia, que ha comprado boletos de avión para enero. Está triste porque sus hijos no estuvieron con ella en Navidad. Pero ha prometido mantener el árbol para su hija hasta que se reúnan.
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