Ocho meses después de haber aprobado dos iniciativas de ley que incluían un camino a la ciudadanía para millones de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas, la Cámara Baja redujo el viernes pasado las expectativas a una residencia temporal que permitirá a entre 7 y 8 millones de beneficiarios viajar fuera de Estados Unidos y regresar conservando el mismo estatus.
Esta medida, conocida como Plan C, fue incluida en el ambicioso plan de gasto social del presidente Joe Biden aprobado en la Cámara de Representantes y que ahora será enviado al Senado para su luz verde final.
Su futuro allí es más incierto que en la Cámara Baja. Demócratas y republicanos tienen 50 votos cada uno y el empate lo rompe la vicepresidenta, Kamala Harris. Pero la Casa Blanca no ha asegurado todos los votos de la bancada oficial y eso amenaza con echar por tierra los planes del mandatario.
La cláusula de inmigración fue añadida al paquete de presupuesto de 1.75 billones de dólares, que agregaría 100,000 millones de dólares para financiar cambios migratorios, entre los que figuran la legalización temporal de millones de indocumentados, la modernización de programas y la aceleración de procesos.
Biden prometió durante su campaña que presentaría al Congreso una reforma migratoria para sacar de las sombras a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Pero los esfuerzos se han visto truncados por falta de apoyo republicano y la incertidumbre de al menos dos legisladores demócratas en el senado, Kyrsten Sinema, de Arizona, y Joe Manchin, de Virginia Occidental.
En vista de la negativa de la oposición y la incertidumbre en la Cámara Baja, el liderazgo demócrata, con la aprobación de la Casa Blanca, ha ido desmenuzando el plan original hasta reducirlo a un plan C que deja fuera la residencia legal permanente (‘Green Card’) y le cierra la puerta a la ciudadanía estadounidense por naturalización.
El pasado 18 de marzo, la Cámara de Representantes, con apoyo bipartidista, aprobó dos proyectos de ley que otorgaban residencia temporal por 10 años a unos 8 millones de dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas. Al término de ese plazo calificarían para la residencia permanente y tres años después serían elegibles para la ciudadanía.
Ambos planes fueron enviados al Senado, donde se requieren 60 votos para ser aprobados y los demócratas solo tienen 50. Los republicanos rechazaron ambas propuestas y condicionaron sus votos a la solución de la crisis en la frontera con México.
Al estancarse ambas iniciativas, los demócratas optaron por incluir las propuestas en un paquete de ‘reconciliación’ del presupuesto de gasto social que tampoco tiene votos republicanos en el Senado. La herramienta conocida como ‘reconciliación’ permitirá que los demócratas aprueben con mayoría simple (51 votos) el plan de presupuesto de Biden, rebajado de 3.5 billones a 1.75 billones de dólares para asegurar los 50 respaldos de la bancada demócrata y el voto de la vicepresidenta Harris.
Para que el plan migratorio de Biden avance en el Senado, los demócratas necesitan demostrar que la legalización, permanente o temporal de millones de indocumentados, beneficiará a la nación y no aumentará el gasto público, algo que debe aprobar la principal asesora del Senado, la abogada Elizabeth MacDonough, quien tiene el cargo que en inglés se conoce como parlamentarian.
Hasta ahora, MacDonough ha rechazado dos propuestas: el Plan A, basado en los proyectos de ley del 18 de marzo, y el denominado Plan B, que propuso modificar la Ley del Registro, una vieja provisión de la Ley de Inmigración que permite a indocumentados que están en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 calificar a la residencia. La propuesta sugería mover esa fecha al 1 de enero de 2010.
MacDonough rechazó ambas opciones, alegando que “el cambio de estatus a residente legal es un cambio de por vida en circunstancias cuyo valor supera ampliamente su impacto presupuestario”.
La negativa obligó a los demócratas dejar de lado la legalización permanente y optar por el Plan C, un beneficio similar a DACA y TPS, pero con apoyo legislativo.
Tras la aprobación, el plan será enviado al Senado.
“Lo estamos esperando, dijo a Univision Noticias una fuente del Senado. “Una vez llegue, lo estudiaremos y se elaborará un documento para presentarlo a la ‘parlamentarian’ para su aprobación”, agregó.
La propuesta incluirá un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (COB), un requisito que fue seguido en la presentación de los dos planes anteriores.
La fuente dijo que lo más probable “es que el Plan C se presentará en la semana inmediatamente después de las celebraciones del día de Acción de Gracias”.
Otra fuente conocedora de las negociaciones dijo a Univisión Noticias que “el liderazgo revisa si se hará por medio de una presentación formal o informal”. Hasta ahora, los demócratas han agotado una de las dos oportunidades formales para conseguir la aprobación de MacDonough. De hacerlo esta vez de manera informal, todavía quedaría una oportunidad “para un último recurso”, indicó la fuente.
La cláusula migratoria introducida en el presupuesto de gastos social crea un nuevo programa para unos 7 millones de indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2011, quienes calificarán para una autorización de empleo, autorización de viaje, licencias de conducir y cobertura de atención médica después de un año.
El plan añade que, cinco años después de recibir el beneficio, los inmigrantes podrán acceder a ciertas ayudas públicas como seguro médico (Medicaid).
Las fuentes demócratas también dijeron que la versión de la Cámara de Representantes es similar al Plan C que barajan los senadores. “Si MacDonough lo rechaza, la bancada podría moverse para seguir adelante sin tener en cuenta la opinión de la ‘parlamentarian’”, indicaron.
Para Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Cornell, “el proyecto de ley de presupuesto de 2,135 páginas incluye una serie de disposiciones de inmigración importantes, entre ellas hasta 10 años de autorización de trabajo y protección contra la deportación para personas indocumentadas que viven en Estados Unidos”.
“El proyecto de ley también le daría al Departamento de Seguridad Nacional 2,800 millones de dólares para ayudar a procesar las solicitudes de inmigración y reducir los retrasos en el procesamiento de casos (…) y recuperaría las tarjetas de residencia basadas en el empleo y en la familia que no se hayan utilizado y que, de otro modo, expirarían al final de cada año”, agregó.
“Si se promulga tal como está, el proyecto de ley de la Cámara no ofrecería un camino hacia la legalización para los aproximadamente 10 millones de no ciudadanos que carecen de estatus migratorio. Sin embargo, las disposiciones sobre inmigración del proyecto de ley de la Cámara de Representantes seguirían constituyendo los cambios de inmigración más importantes en décadas y proporcionarían un comienzo para arreglar nuestro quebrado sistema de inmigración”, dijo Yale-Loehr.
Tras la aprobación del plan, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que Biden celebra el paso dado por la Cámara Baja. La declaración no menciona el tema migratorio.
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