Durante más de una década, Genaro García Luna fue el rostro público de mandíbula cuadrada de la guerra de México contra su mayor grupo criminal organizado: el Cártel de Sinaloa.
Mientras dirigía la versión mexicana del FBI, de 2001 a 2005, abatió personalmente a narcotraficantes importantes como Arturo Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, el infame capo conocido como el Chapo.
Durante los seis años siguientes, como secretario de Seguridad Pública de México, utilizó la tecnología y medidas frontales para capturar a otras figuras de los cárteles. Desde su puesto como titular de una secretaría, García Luna ayudó al entonces presidente, Felipe Calderón, a emprender una agresiva lucha contra los cárteles de la droga que desencadenó una nueva ola de violencia en todo el país.
Pero mientras tanto, en medio de los encabezados de prensa y los elogios de sus socios en Washington, según unos fiscales estadounidenses, García Luna llevaba una doble vida. A pesar de su imagen pública de agente de la ley, aseguran que en secreto recibía sobornos de la misma banda de narcotraficantes a la que tenía fama de perseguir.
El martes, más de tres años después de su detención cerca de Dallas, García Luna será juzgado en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, acusado de formar parte de una empresa criminal.
A cambio de años de sobornos, dicen los fiscales, ayudó a los traficantes del cártel a trasladar de forma segura sus productos a Estados Unidos, evitar el escrutinio de las fuerzas del orden mexicanas y, en ocasiones, llevar a cabo brutales ataques contra sus rivales.
El juicio de García Luna presentará varios de estos aspectos: se espera que hasta una decena de testigos del cártel suban al estrado y digan al jurado que el acusado, entre otras cosas, aceptó maletas llenas de dinero en efectivo de operativos desde Sinaloa.
El juicio también tendrá un sangriento telón de fondo histórico: la guerra fratricida entre Guzmán y otro grupo de traficantes, sus amigos convertidos en rivales, los hermanos Beltrán-Leyva. El conflicto cobró la vida de cientos de personas, entre ellos, algunos de los principales agentes de la policía de México.
El juicio del Chapo produjo varias revelaciones que cayeron como granadas en Estados Unidos, pero causaron mucho menos revuelo en México.
¿La acusación de que el narcotraficante más famoso del país pagó un soborno de 100 millones de dólares a un expresidente mexicano? No fue material de primera plana para los periódicos del país. ¿Diez sentencias consecutivas de culpabilidad para Guzmán? El país se encogió de hombros.
Los mexicanos, íntimamente familiarizados con la grotesca violencia infligida por los jefes del hampa del país, no parecían sorprendidos por las terribles cosas que se decía que había hecho el Chapo.
Pero se espera que el juicio de García Luna tenga un impacto de mayor alcance. Es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en un tribunal estadounidense, y su acusación en diciembre de 2019 logró conmocionar a un país donde la corrupción es vista como parte de la vida. De repente, el hombre más asociado con castigar a los cárteles de la droga fue acusado de estar confabulado con uno todo el tiempo.
Desde entonces, el antiguo alto mando de las fuerzas de seguridad mexicanas se ha convertido en un símbolo de la desintegración de las fuerzas policiales del país, utilizado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para justificar su creciente dependencia del ejército para combatir la violencia de los cárteles.
El caso contra García Luna podría implicar aún más a dos antiguos altos jefes policiales que fueron acusados junto a él, pero que permanecen en México: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
También podría tener consecuencias profundas para la oposición de cara a unas elecciones presidenciales cruciales en 2024, al posiblemente perjudicar al conservador Partido Acción Nacional, al que García Luna sirvió.
“En caso de que se logre sustentar de manera contundente y clara la asociación con alguna organización criminal importante, sí va a ser un golpe muy fuerte para la oposición”, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad de Ciudad de México.
A diferencia del juicio del Chapo, dijo Guerrero, este caso podría realmente sorprender a los mexicanos al destapar las entrañas de un sistema corrupto que casi todos creen que existe, pero que pocos han visto de cerca.
“El caso de García Luna sigue siendo una especie de baúl que contiene muchos secretos que pueden darse a conocer a lo largo del juicio”, dijo Guerrero. “Es como este cofre, lleno de sorpresas”.
Entre los más ansiosos por conocer los detalles de la investigación, al parecer, se encuentra el presidente de México. López Obrador ha subrayado repetidamente lo crucial que es que los medios de comunicación cubran de cerca el caso y que el público se entere. Incluso hizo que su secretario de Relaciones Exteriores explicara, en una reciente rueda de prensa, el proceso de selección del jurado en el juicio.
“Es muy importante el que se conozca todo esto, el que se informe para que no vuelva a repetirse”, dijo el presidente este mes.
Después de asumir el cargo en 2018, López Obrador disolvió la Policía Federal, que García Luna había dirigido alguna vez. Reemplazó esa fuerza con la Guardia Nacional, que recientemente fue puesta bajo el mando de los militares.
“No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa en septiembre. “Esa Policía Federal se pudrió”.
García Luna va a juicio poco más de dos años después de un intento fallido de los fiscales federales de la misma oficina de Brooklyn de presentar un caso de corrupción contra otro importante funcionario mexicano: Salvador Cienfuegos, antiguo secretario de Defensa del país. Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles a finales de 2020 por un cargo en la que se le acusaba de recibir pagos lucrativos del cártel H-2, una violenta rama de la organización dirigida por los hermanos Beltrán-Leyva.
Sin embargo, tras la presión ejercida por México, los fiscales estadounidenses retiraron los cargos, alegando motivos diplomáticos, y devolvieron a Cienfuegos a su país, donde finalmente se le permitió reanudar una vida normal. La debacle puso fin al deseo y la capacidad de las fuerzas de seguridad estadounidenses de investigar las acusaciones de corrupción en México, incluidas algunas contra objetivos aún más importantes que Cienfuegos.
Al presentar su caso contra García Luna, los fiscales planean argumentar que usó su poder no solo para ayudar al cártel, sino también para encubrir sus propias fechorías. Canalizó dinero de “un esquema corrupto de sobornos”, dicen los documentos judiciales, a periodistas de una organización de noticias mexicana para evitar que “publicaran historias negativas sobre él”. En particular, sometió a una periodista —se cree que Anabel Hernández— a “una campaña de acoso y amenazas de varios años”, según los documentos, por su trabajo de investigación sobre él.
Los fiscales afirman que García Luna siguió cometiendo delitos incluso después de trasladarse en 2012 a Miami, donde abrió un negocio de consultoría de seguridad que empleaba a muchos de los mismos contactos que había hecho en los círculos policiales y de inteligencia en ambos países.
En Miami, dicen los documentos judiciales, se hizo amigo de los miembros de una acaudalada familia mexicana, los Weinberg, que dirigían su propia serie de empresas de seguridad y le dieron acceso a “una casa y un yate multimillonarios”.
César de Castro, abogado de García Luna, tiene previsto argumentar que su cliente siempre ha sido un agente de la ley legítimo y que los testigos del cártel del gobierno han presentado falsas acusaciones de corrupción contra él como una forma tardía de venganza.
La defensa también pretende atacar las acusaciones de soborno con el argumento de que García Luna no llegó a Estados Unidos con riquezas y que cualquier lujo que tuviera lo pagó por su cuenta o lo recibió de los Weinberg.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política. Se unió al Times en 1999. @alanfeuer
Natalie Kitroeff es la jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe. @Nataliekitro