La restricción fronteriza implementada en la era de la pandemia conocida como Título 42 y que se ha utilizado para expulsar rápidamente a los migrantes en más de 2 millones de veces, continúa vigente después de casi tres años y dos intentos fallidos de cancelar la política.
La Corte Suprema de Estados Unidos impidió recientemente que la administración Biden levantara la controvertida política de salud que se invocó por primera vez bajo la administración Trump en marzo del 2020. La restricción permite a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes que buscan asilo en las fronteras del país y cerrar los puertos de entrada.
Aquí hay algunas respuestas a las preguntas más comunes sobre el Título 42.
El Título 42 es una sección del Código de los Estados Unidos que se usa con poca frecuencia y que fue implementado en 1944 y se relaciona con la salud y el bienestar público. Según la sección 265 del código, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades puede prohibir la entrada de no ciudadanos al país si cree que existe un “grave peligro” de introducción de una enfermedad transmisible a los Estados Unidos.
El Título 42 se invocó por primera vez bajo la administración Trump durante la pandemia en marzo del 2020, con el razonamiento de que mitigaría la propagación del COVID-19 en las instalaciones de inmigración.
Sin embargo, la política se ha seguido utilizando bajo la administración de Biden como una herramienta para gestionar los flujos migratorios en la frontera sur, incluso cuando la emergencia de salud pública ha disminuido.
Sí, el Título 42 continúa aplicándose en las fronteras del país.
La política permanecerá vigente hasta que la Corte Suprema emita un fallo final, que podría llegar a principios del verano. El tribunal superior escuchará los argumentos del caso en febrero.
Mientras que la extensión de la política le da a la administración de Biden más tiempo para prepararse para la eventual expiración del Título 42, funcionarios de la administración enfatizaron que los preparativos estaban en marcha en las semanas previas a la fecha límite del pasado 21 de diciembre, pero no dieron a conocer ningún plan oficial.
“Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante y continuaremos ampliando las vías legales para la inmigración”, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una declaración escrita.
El 27 de diciembre, el alto tribunal dictaminó que la restricción fronteriza debe continuar mientras sopesa los argumentos del caso.
El Título 42 estaba programado para levantarse el día 21 de diciembre, pero se le permitió permanecer en uso por una orden de último minuto del Presidente del Tribunal Supremo John Roberts. La orden surgió de una solicitud de una coalición de 19 estados conservadores liderada por Arizona que solicitó a la corte que interviniera en el caso.
En el fallo, los jueces anunciaron que limitarían su revisión a si la coalición de estados podía intervenir en el caso.
El 15 de noviembre, el juez de distrito de los Estados Unidos Emmet Sullivan en Washington, D.C., anuló la política y le dio a la administración de Biden cinco semanas para prepararse para el fin de la restricción, programando la restricción para el 21 de diciembre.
Posteriormente, la administración de Biden apeló la orden de Sullivan, centrándose en la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para emitir órdenes que regulen la migración.
Después del fallo de Sullivan, Arizona, junto con una coalición de otros estados liderados por republicanos, presentó una moción para intervenir en el caso en un esfuerzo por retrasar el fin del Título 42. En la moción, los estados argumentaron que la Administración Biden había “abandonado su defensa” del Título 42 solicitando únicamente una suspensión de cinco semanas.
Luego, un tribunal federal de apelaciones rechazó una oferta del grupo de estados republicanos para intervenir en el caso, despejando el camino para que el litigio se dirigiera a la Corte Suprema.
El 19 de diciembre, dos días antes de que expirara el Título 42, la coalición de estados liderada por Arizona presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, pidiéndole que mantuviera el Título 42 en su lugar.
“Deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de manera imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe que está ocurriendo en nuestra frontera sur”, señaló el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, republicano, en un comunicado de prensa que anuncia la solicitud de emergencia.
Ese mismo día, la Corte Suprema emitió una suspensión temporal de la restricción antes de ordenar que la política permaneciera vigente el 27 de diciembre.
El Título 42 se ha aplicado de manera diferente en los dos sectores de la Patrulla Fronteriza en Arizona.
En el sector de Tucson, que cubre 262 millas entre Nuevo México y el Condado Yuma, alrededor del 60 por ciento de los encuentros terminaron con una expulsión del Título 42 en lo que va del año fiscal 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En el sector de Yuma, menos del 5 por ciento de los encuentros terminaron con una expulsión por el Título 42.
Las diferencias se relacionan principalmente con la nacionalidad de los migrantes aprehendidos.
La cantidad de migrantes que los agentes de la Patrulla Fronteriza deben procesar “probablemente será el doble o más” una vez que se levante el Título 42, lo que ejercerá más presión sobre la agencia, según un informe de septiembre de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El informe documentó que “la orientación para los agentes sobre cuándo desaparece el Título 42 es escasa” y no hay planes sobre qué alternativas de procesamiento podrían usarse cuando finalice la restricción fronteriza. El informe encontró que la Patrulla Fronteriza “no está preparada” para enfrentar el aumento en las cargas de procesamiento y colocación.
La orden se ha utilizado más de 2.4 millones de veces en encuentros con migrantes. La restricción ha encerrado a decenas de miles de migrantes en comunidades fronterizas mexicanas que esperan su oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Durante casi tres años, la política se ha utilizado para expulsar rápidamente a los migrantes y solicitantes de asilo a México o a sus países de origen.
Los puertos de entrada han rechazado a los inmigrantes que buscan asilo durante casi tres años, con pocas excepciones otorgadas a través de la libertad condicional humanitaria. Con los puertos oficiales cerrados, muchos migrantes han recurrido a solicitar asilo en zonas entre los puertos de entrada, a menudo tomando rutas más remotas y peligrosas.
Esto ha llevado a que cientos de solicitantes de asilo se presenten diariamente ante los agentes de la Patrulla Fronteriza en la Reserva Cocopah cerca de Yuma, donde termina el muro fronterizo.
El Título 42 se ha aplicado principalmente a migrantes de México, Venezuela y los países del Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Según los acuerdos con las autoridades del gobierno mexicano, los ciudadanos de estos países pueden ser enviados de regreso a través de la frontera terrestre a México.
Todas las demás nacionalidades, excepto los ucranianos, están sujetas a ser devueltas a su país de origen o a un país que haya aceptado recibirlos.
Aún así, es menos probable que los inmigrantes de otros países sean deportados rápidamente bajo el Título 42 debido a las frías relaciones de Estados Unidos con sus países de origen, como Cuba y Nicaragua.
En octubre, la administración Biden amplió el alcance del Título 42 para incluir a los migrantes venezolanos, población que había estado exenta de la restricción. El anuncio incluía planes para un programa humanitario que permitiría la entrada al país de hasta 24 mil venezolanos, dado que muchos tienen un patrocinador de apoyo en los Estados Unidos y después de completar un riguroso proceso de solicitud.
A veces, los funcionarios fronterizos no pueden expulsar de inmediato a los migrantes a México o a sus países de origen según la política, como los niños no acompañados que están exentos de la restricción.
Los migrantes han denunciado el Título 42, ya que ha impedido su capacidad para buscar asilo en los Estados Unidos mientras huyen de la violencia, las amenazas y la inestabilidad económica en sus países de origen. Los defensores han criticado la política que ha obligado a los solicitantes de asilo a esperar en las comunidades fronterizas mexicanas durante meses, enfrentando discriminación y condiciones peligrosas a manos del crimen organizado.
Los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales se han aprovechado repetidamente de la población migrante vulnerable que está varada en México para alimentar sus lucrativas ganancias. Si los migrantes son expulsados bajo el Título 42, son arrojados rápidamente de nuevo a las garras de los carteles y coyotes que los esperan, a veces, en cuestión de horas.
La organización sin fines de lucro Human Rights First ha documentado más de 13 mil informes de “asesinatos, torturas, secuestros, violaciones” y otros ataques violentos contra migrantes expulsados a México bajo el Título 42 desde que Biden asumió el cargo por primera vez.
La continuación del Título 42 ha obligado a los solicitantes de asilo a permanecer en un limbo de condiciones peligrosas mientras esperan su oportunidad de solicitar asilo.
La mayoría de los líderes locales y estatales de Arizona se han opuesto al levantamiento de la política sin un plan integral ya que todos han enfatizado la necesidad de reformas migratorias a largo plazo.
Los senadores de Arizona Kyrsten Sinema, I-Ariz., y Mark Kelly, D-Ariz., tienen preocupaciones detalladas sobre cómo la expiración de la política ejercería presión sobre las organizaciones humanitarias y los funcionarios fronterizos. La gobernadora electa entrante, Katie Hobbs, criticó a la administración de Biden por planear levantar la restricción sin ningún preparativo oficial.
Los alcaldes de la zona fronteriza de Yuma, Douglas y Nogales, Arizona, se hicieron eco de los líderes estatales e instaron al gobierno federal a que los lleve a la mesa para discutir soluciones viables en la frontera.
El alguacil del Condado Santa Cruz, David Hathaway, cuyo condado incluye a Nogales, ha criticado durante mucho tiempo el Título 42 y ha descrito la política como “ridícula”. Aún así, Hathaway enfatizó que se necesitan reformas al sistema de inmigración del país para abordar los problemas subyacentes.
En abril, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) determinaron que la orden de salud pública ya no era necesaria después de considerar la variedad de medidas de mitigación y los bajos niveles del COVID-19 en la comunidad en todo el país. Su evaluación de salud pública encontró que el 97 por ciento de la población de Estados Unidos vive en condados con niveles bajos de COVID-19.
Los funcionarios de los CDC anunciaron que el Título 42 terminaría el 23 de mayo para “permitir que el Departamento de Seguridad Nacional implemente los protocolos del COVID-19 apropiados”.
En mayo, un juez federal en Luisiana impidió que la administración de Biden rescindiera el Título 42, dejando la política en su lugar.
El juez federal de distrito Robert Summerhays, del Distrito Oeste de Luisiana, emitió la orden de restricción temporal para evitar que la administración avance. Su decisión se derivó de una demanda presentada por Brnovich, junto con otros 20 fiscales generales republicanos, el pasado mes de abril.
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Traducción Alfredo García
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