La Oficina de Responsabilidad de Gobierno, una agencia de supervisión federal, descubrió que la administración Trump violó la ley federal, al nombrar a Ken Cuccinelli como jefe del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Organizaciones sociales piden la renuncia del funcionario.
Ya desde marzo se había cuestionado la legalidad del nombramiento del jefe del USCIS. Un juez federal en Washington declaró inválido el nombramiento de Cuccinelli y ordenó dejar sin efecto una norma que emitió para poner trabas a los inmigrantes que solicitan asilo.
El juez Randolph Moss afirmó que la designación de Cuccinelli como jefe interino de Inmigración (USCIS), en junio del año, pasado violó la Ley Federal de Vacantes en el Gobierno. Ahora la administración también retiró su apelación de este tribunal federal.
Piden renuncia a jefe de Inmigración
“La administración Trump ha diezmado al USCIS para limitar la inmigración (legal) y vivir los sueños más salvajes de los supremacistas blancos dentro de la Casa Blanca. El nombramiento ilegal de Cuccinelli para dirigir USCIS, según lo determinado el 14 de agosto por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, es solo el último desarrollo con una administración que está dispuesta a violar el estado de derecho para limitar el acceso al asilo, la ciudadanía, DACA y cualquier alivio para las personas que no son ricas y blancas”, aseguró Nicole Melaku, directora ejecutiva de National Partnership for New Americans (NPNA).
Según la activista, los tribunales han intervenido varias veces, como lo hicieron en marzo contra los cambios del USCIS, limitando el derecho al asilo. Al retirar su apelación, la administración busca evitar una batalla legal que finalmente terminará con tribunales federales superiores que afirmen que USCIS está actuando ilegalmente.
¿Debe actuar el Congreso?
“El Congreso ahora tiene la obligación de responsabilizar a la administración por violar la ley federal y abordar las múltiples políticas y prácticas que USCIS ha perseguido bajo un liderazgo ilegal y falta de autoridad. Y el Senado, específicamente, debe acusar a la administración por usurpar su autoridad legal para nombrar líderes de agencias federales.
“El Congreso también debe responsabilizar al USCIS por sus múltiples acciones para limitar el acceso a los beneficios de naturalización e inmigración, incluida la detención de una regla propuesta para aumentar las tarifas y eliminar la mayoría de las exenciones de tarifas (de trámites migratorios), agregó Melaku.