Este desequilibrio le está dando a las y los trabajadores y buscadores de empleo un gran poder. Los salarios están aumentando al ritmo más rápido en años, los trabajadores están renunciando y encontrando nuevos trabajos a niveles récord, los empleados que cobran por hora en compañías como Starbucks y Amazon están formando sindicatos, y las empresas están ofreciendo flexibilidad y beneficios que habrían sido casi impensables antes de la pandemia. Estas tendencias son bienvenidas.
Pero también sucede que la economía estadounidense sigue operando con una cantidad significativamente menor de trabajadores que antes de la pandemia. La tasa de participación de la fuerza laboral, que mide cuántos civiles de 16 años y más están trabajando o buscando empleo, está en 62.4 %, un punto porcentual completo menos en comparación a la cifra antes de la pandemia. Gran parte de esta disminución se puede explicar por dos factores: un incremento en el número de estadounidenses que se jubilan y una caída drástica en la inmigración legal bajo el gobierno del presidente Donald Trump, que aún no se ha recuperado.
El presidente Biden insiste en que está haciendo todo lo posible para reducir la inflación y mantener fuerte la economía. Pero todavía le falta dar el paso obvio, y muy necesario, de arreglar el sistema de inmigración legal.
Existen 9.5 millones de personas esperando que el gobierno de Estados Unidos procese sus documentos legales de inmigración. Esto incluye a personas que buscan permisos de trabajo, asilos, residencias permanentes y la ciudadanía. Es una acumulación de trabajo sin precedentes. Algunas personas que buscan renovar permisos de trabajo temporales tienen tanto tiempo esperando que están por perder su derecho a trabajar de forma legal, lo que significa que están perdiendo sus empleos e ingresos. En total, las personas que están a la espera de una autorización o reautorización de empleo representan alrededor de 1.6 millones de las solicitudes acumuladas. Están listas y en condiciones para trabajar, pero la burocracia gubernamental se les interpone en el camino. Esta es una gran pérdida para la economía estadounidense.
Es obvio cómo arreglar esto. Como bien afirma Julia Gelatt del Instituto de Políticas Migratorias: “La forma clara de resolver todos estos retrasos es con más fondos y más personal”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por su sigla en inglés) —parte del Departamento de Seguridad Nacional — finalmente anunció la semana pasada algunas medidas para ayudar a solventar el trabajo acumulado. Entre ellas se incluye permitir que más inmigrantes paguen hasta 2,500 dólares para un proceso más rápido, y buscar limitar el proceso a no más de seis meses. El USCIS también dio a entender que extendería de forma automática las autorizaciones laborales de 180 días a un período mucho más largo para los solicitantes que tenían una visa de trabajo y estaban esperando una renovación. Estas extensiones son cruciales.
Las empresas necesitan desesperadamente personas que trabajen. Millones de inmigrantes legales quieren trabajar en Estados Unidos. Esto no debería ser tan difícil de solucionar.