El tráfico de armas de Estados Unidos a México no solo ha sido un problema a lo largo de la historia de la relación entre los gobiernos de los dos países, sino una actividad criminal de la vida real que afecta a millones de personas en ambos lados de la frontera.
En este sentido, se han discutido diversas iniciativas y tomado acciones tanto en México como en Estados Unidos para frenar este crimen transnacional, sin resultados concretos. Por esta razón, el Gobierno del presidente López Obrador decidió emprender una acción legal estratégica y significativa contra las causas de raíz del tráfico de armas a México.
Como resultado de un exhaustivo análisis jurídico que tomó dos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México concluyó que con la misma laxitud con la que individuos en Estados Unidos han adquirido armas letales en diferentes incidentes como el tiroteo mortal ocurrido en El Paso, Texas el 3 de agosto de 2019, organizaciones criminales transnacionales de ambos lados de la frontera aprovechan para adquirir rifles y armas de asalto de gran poder, en lugares accesibles como supermercados, ferias de armas e, incluso, Internet.
En este contexto, el 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil contra 11 fabricantes y distribuidores de armas de fuego en un tribunal federal del estado de Massachusetts, entre ellos Barrett, Beretta, Colt, Glock y Smith & Wesson, entre otros, por sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas, como las ventas múltiples a un solo comprador, la ausencia de verificación de antecedentes del comprador o el origen del arma, entre otros. Las prácticas anteriores resultan en el tráfico anual a México de medio millón de armas que dan a las organizaciones criminales transnacionales un poder de fuego extremo.
La demanda también afirma que el tráfico de armas de Estados Unidos a México genera costos humanos y financieros. El Gobierno de México se ha visto afectado tanto directa como indirectamente.
En 2019 se cometieron más de 3.9 millones de delitos en México con armas de origen estadounidense, lo que se tradujo en la pérdida de vidas de civiles y personal de procuración de justicia (14,000 en 2019), así como en daños a infraestructura y equipo. Además, resultó en miles de familias truncadas y desmembramiento del tejido social y erosión social, así como en un impacto negativo en la salud pública, la esperanza de vida y las graves pérdidas en el comercio y el turismo, que llegan a representar 6.8% del PIB
El gobierno mexicano considera que si bien las empresas demandadas están conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente y utilizados en actividades ilícitas en suelo mexicano, priorizan el beneficio económico frente a la seguridad. Además, promueven cada vez más armas letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad.
Un claro ejemplo es la personalización de los modelos de armas que atraen a grupos delincuenciales, como la edición especial Colt .38 Súper con un grabado de Emiliano Zapata empleado por un “sicario” en 2017 en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en la capital del estado de Chihuahua, México.
Es importante subrayar que el gobierno mexicano siempre ha sido respetuoso de los asuntos internos de Estados Unidos, incluida su legislación sobre armas. Por lo tanto, la demanda no busca desafiar las libertades constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para comprar y poseer armas para defensa personal, ni disputar la venta responsable de armas dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de México se ha opuesto sistemáticamente y se opone rotundamente en la actualidad, a que una variedad de armas de alto poder sean fácilmente traficadas a territorio nacional mexicano como resultado de prácticas comerciales negligentes.
Adicionalmente, esta demanda civil no está dirigida de ninguna manera contra el Gobierno de Estados Unidos, mismo que reconoce que es un problema de responsabilidad compartida y que ha tomado medidas en términos de políticas y procedimientos para imponer controles más estrictos que buscan fortalecer la venta responsable de armas.
Por ello, a pesar de que a través de este litigio el Gobierno de México busca una compensación económica que se determinará en el juicio, su principal objetivo es que las empresas adopten medidas de autorregulación y sistemas de monitoreo relacionados con la distribución de armas. Más aún, generar campañas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas, con el objetivo de reducir la violencia y el poder destructivo de las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Convencidos de que el Gobierno mexicano tiene argumentos sustanciales y sólidos para apoyar la demanda civil, estamos buscando la continuación del proceso legal comenzando con la respuesta que los demandados presentarán antes del 22 de noviembre de 2021, seguida de los contraargumentos del Gobierno de México antes del 31 de enero de 2022.
Mauricio Ibarra Ponce de León es Consul General of Mexico in El Paso.