Cuando Carlitos, un niño guatemalteco de 2 años, pudo finalmente entrar en Estados Unidos desde Tijuana, fue en una ambulancia.
La historia de Carlitos —secuestro, expulsión, falta de acceso a la atención médica, una enfermedad grave que podría matarlo rápidamente sin el tratamiento adecuado— es común entre los solicitantes de asilo varados al sur de la frontera por las políticas estadounidenses, según su abogada Hollie Webb. Sin embargo, lo que es raro es el resultado.
Los abogados y los médicos presionaron a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que permitieran a Carlitos y a su madre Ana cruzar a San Diego con un permiso especial conocido como libertad condicional humanitaria para que el niño pudiera recibir un tratamiento contra el cáncer que le salvara la vida. Después de no responder durante más de una semana, CBP concedió la petición tras una consulta del diario The San Diego Union-Tribune.
El jueves por la noche, Carlitos y Ana cruzaron a Estados Unidos. Pasaron a una segunda ambulancia, que los llevó a un helicóptero que los trasladó a un hospital al norte de San Diego que estaba dispuesto a recibirlos.
Ana, de Guatemala, sostiene el celular con las fotos de su hijo Carlitos, de 2 años. Le preocupa que no pueda recibir un tratamiento adecuado en Tijuana. (Alejandro Tamayo/The San Diego Union-Tribune/TNS)
La pareja había quedado atrapada en Tijuana tras ser expulsada de Estados Unidos en virtud de una política fronteriza iniciada bajo el mandato del expresidente Donald Trump y continuada por el presidente Joe Biden, una política conocida como Título 42. Ana pidió que los dos no fueran identificados completamente debido a las preocupaciones de seguridad en curso.
La mayoría de las solicitudes de libertad condicional, según Webb, que trabaja para Al Otro Lado, una organización de servicios legales sin fines de lucro que apoya a los migrantes en Tijuana, se dejan pendientes indefinidamente o se rechazan con poca explicación.
La libertad condicional es la única manera de que los solicitantes de asilo entren en Estados Unidos a través de los puertos de entrada, ya que la administración de Biden no ha reanudado el procesamiento de asilo en la frontera tras el cierre del sistema por parte de Trump.
Un reporte publicado el jueves por Human Rights First encuestó a cinco proveedores de servicios legales en la frontera y encontró que poco más del 15 por ciento de las solicitudes de libertad condicional se habían concedido desde agosto. En algunos de esos casos, CBP solo concedió la libertad condicional a la persona que corría más riesgo de sufrir daños, separándola de los miembros de su familia que se quedaron esperando en México.
“Se vuelve a esto una y otra vez. No hay razón para esto”, dijo Webb. “El nivel de crueldad, de apatía, de la administración, es realmente terrible”.
El informe de Human Rights First enumera numerosos ejemplos de casos que CBP ha rechazado o no ha respondido, entre ellos el de una mujer hondureña lesbiana y su pareja que habían sido violadas por la policía mexicana; el de una mujer hondureña que fue violada por la policía mexicana, víctima de tráfico sexual y obligada a trabajar en una sala de masajes; el de una familia cuyo hijo de 7 años tiene parálisis cerebral, y el de una mujer nicaragüense que se cayó del muro fronterizo, rompiéndose una pierna en tres partes, antes de ser expulsada a Estados Unidos mientras su esposo y su hijo eran liberados en el país para pedir asilo.
En el caso de Carlitos, su madre se enteró de su enfermedad potencialmente mortal después de que ambos fueron secuestrados por un cártel cerca de la frontera con Texas. Habían huido de Guatemala por amenazas de muerte en junio.
El cártel ató las manos de Ana a la espalda y le llenó la boca de piedras mientras golpeaban y torturaban a su hijo, dijo Ana.
Una vez que pudieron escapar, la pareja cruzó a suelo estadounidense y pidió ayuda, pero fueron rápidamente expulsados sin atención médica, dijo Ana.
El informe de Human Rights First señala que los investigadores han documentado al menos 7647 casos de ataques violentos a migrantes expulsados en virtud del Título 42 desde que Biden llegó al cargo. Entre ellos, algunos han sido agredidos, secuestrados, violados e incluso asesinados.
Ana pidió dinero para intentar conseguir ayuda para su hijo, y una mujer se ofreció a llevarles a Tijuana. Ella dejó a la familia en un hospital.
Más tarde, a Carlitos le diagnosticaron un tipo de leucemia, además de las heridas que había sufrido por parte del cártel.
El hospital de Tijuana no tenía los recursos ni los medicamentos necesarios para ayudarle. A medida que su estado empeoraba, un médico que lo atendía dijo a CBP que si la agencia no lo dejaba entrar, probablemente moriría pronto.
CBP no respondió a la solicitud de libertad condicional durante más de una semana, ni a los repetidos intentos de los abogados para revisar el caso.
Después de que el Union-Tribune enviara un correo electrónico preguntando por el caso el martes por la noche, CBP dijo a los abogados el miércoles que el niño y su madre habían sido aprobados.
CBP dijo más tarde que no podía comentar sobre casos individuales debido a la preocupación por la privacidad. La agencia no respondió a las preguntas de seguimiento sobre el procesamiento de la libertad condicional en general.
“Carlitos es una parte integral de mi vida”, dijo Ana en español unas horas antes de que su caso fuera aprobado. “Esto es muy difícil. No era algo que esperaba”.
Ella ha tenido que ocultar sus luchas emocionales desde el diagnóstico de su hijo. Estuvo entrando y saliendo de estancias hospitalarias durante meses.
“Tengo que ser más fuerte de lo que siento para dar energía a mi hijo”, dijo Ana.
Ana no había podido verle en persona desde que fue hospitalizado de nuevo el domingo. El hospital permitía una videollamada de cinco minutos con él una vez al día. Si no acudía a la cita, tenía que esperar hasta el día siguiente.
Tiene familia en Nueva York con la que planea reunirse eventualmente, pero primero, Carlitos tendrá que recibir atención más cerca de la frontera. Ana tendrá que encontrar un lugar donde alojarse durante su tratamiento y esperar que su libertad condicional no llegue demasiado tarde.