Más de 100 organizaciones proinmigrantes piden al Gobierno extender plazo para comentar nuevas reglas de asilo

Activistas, abogados, universidades y organizaciones advierten que los cambios sugeridos son profundos y causarán un cambio dramático en la política vigente.

Un grupo integrado por más de 100 grupos y organizaciones, entre ellos religiosos, abogados, universidades y de derechos civiles, pidieron al Gobierno de Donald Trump que extienda el plazo para comentar una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo.

El plazo para comentar la norma vence el 21 de enero, pero el grupo dice en una carta dirigida al Fiscal General, William Barr, y al director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Chad Wolf, que el plazo de 30 días fijado tras la publicación en diciembre del reglamento en el Registro Federal es demasiado corto para analizar y opinar sobre “cambios complejos y sustanciales al sistema de asilo existente”.

El 19 de diciembre, el Gobierno anunció que impondrá, en breve, nuevas trabas para obtener asilo. La lista de faltas que afectarán el proceso incluye manejar borracho o ser acusado de un delito de violencia doméstica, aunque el imputado no reciba una condena y/o el caso sea desestimado.

El Servicio de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fijo entonces un plazo de 30 días (hasta el 21 de enero del 2020) para que el público envíe sus comentarios, los que serán tenidos en cuenta al momento de redactar el reglamento final.

No es suficiente

El grupo –integrado entre otros por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Catholic Legal Immigration Network, el Center for American Progress (CAP) y la escuela de leyes de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans– advierte en una carta que el plazo concedido debe ser extendido inmediatamente a 60 días para poder revisar la totalidad de los cambios sugeridos por el gobierno.

Una de las tres nuevas secciones al reglamento presentadas incluye una lista con siete nuevas barreras que afectarán la elegibilidad de un solicitante de refugio por parte del Gobierno.

Entre las faltas se incluyen manejar bajo los efectos de alcohol o drogas (DUI) y haber sido acusado de un delito violencia doméstica, aunque luego el cargo haya sido desestimado.

La propuesta también deja sin efecto la reconsideración de un caso, restringiendo severamente la discrecionalidad de los jueces de inmigración.

El grupo señala que, dado el amplio alcance de los cambios sugeridos “y las posibles implicaciones” de aplicarse la nueva regla, “un plazo de 60 días para comentar, como mínimo, es necesario para garantizar que la oportunidad de comentar sea significativo”.

Tiempo para investigar

En la carta, el grupo advierte que la nueva regla requiere “investigación y examen de áreas complejas, y superpuestas de derecho y política”.

Señala que las modificaciones impactarán e implicarán “obligaciones” de Estados Unidos con el derecho internacional, “incluida la Convención de Refugiados y la Convención contra la Tortura, y la forma en que estos los tratados se incorporan al derecho interno”.

Las organizaciones también temen que las nuevas barreras debiliten la legítima defensa y saque de la fila a muchos inmigrantes que llegan al país en busca de este beneficio legal disponible.

“Implica preguntas complejas con respecto a la autoridad del juez de inmigración para examinar evidencia y documentos relevantes a los hechos que rodean la pregunta conducta criminal, lo que sugiere una desviación del enfoque categórico de larga data para determinar el impacto de una condena penal en un tribunal de inmigración, y elevar cuestiones importantes de eficiencia judicial y equidad”, se lee en el documento.