A los jueces les quitaron poderes discrecionales, les impusieron cuotas, les exigieron que aceleraran los procesos, les ordenaron que los juicios fueran enfocados precisamente en la expulsión de los extranjeros y cerraran las puertas a la obtención de beneficios legales disponibles. Y Sessions anuló más de 350,000 decisiones de cierres administrativos para volver a revisar las sentencias, entre otras medidas antiinmigrantes.