El Archivo General de la Nación ya custodia 16 documentos relacionados con Hernán Cortés que se iban a subastar en Nueva York y que han sido devueltos al patrimonio mexicano tras gestiones diplomáticas. Marco Palafox Schmith, titular del archivo, ha destacado la colaboración con la cancillería mexicana para recuperar este acervo y poder demostrar que habían sido sustraídos del archivo general. Pero no se da por satisfecho, su interés, ha dicho, es “esclarecer cómo fueron sustraídos, para lo cual continúan las investigaciones”, según la nota emitida por Presidencia. En ella se agradece especialmente la colaboración del cónsul para Asuntos Jurídicos, Diego Sandoval Pimentel, y de María del Carmen Martínez Martínez, catedrática de la Universidad de Valladolid (España), reconocida “como una de las investigadoras con mayor dominio sobre los documentos cortesianos”.
Los documentos son de carácter técnico y administrativo, pero de gran valía para los investigadores, que pueden asomarse a través de ellos a detalles de la vida privada y pública del conquistador español. Pertenecían al Hospital de Jesús, un sanatorio que Cortés fundó en Ciudad de México poco después de la colonización, y cuyo registro escrito fue reconocido como Memoria del Mundo-México por la Unesco en 2018.
La ayuda de la académica de la Universidad de Valladolid ha sido crucial, porque ella pasó dos temporadas estudiando sobre Cortés en el Archivo General de la Nación. Manejó esos documentos, los fotografió y los conservaba entre sus papeles de trabajo. Eso fue clave para compararlos y demostrar que lo que ofrecían las casas de subastas neoyorquinas era un patrimonio robado del archivo, o sea, perteneciente al rico pasado mexicano.
Todo empezó con una carta de Cortés que ofrecía al mejor postor la casa de subastas Swann en 2020. Javier Eduardo Ramírez López, historiador de la diócesis de Texcoco, puso sobre aviso a las autoridades del Archivo, especialmente a Martínez Martínez, miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. La investigadora es amiga de Rodrigo Martínez Baracs, profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), e hijo de José Luis Martínez Rodríguez, uno de los mayores expertos en Cortés.
También el Archivo tenía microfilmados algunas de esas cartas y documentos cortesianos, por lo que, entre todos pudieron demostrar que habían sido objeto de un robo antes de llegar hasta la casa de subastas. Generalmente, este es el impedimento mayor cuando se quiere pleitear para que sea devuelto el patrimonio histórico de un país: poder demostrar que ha sido robado y no vendido de forma legal o alegal. Muchas piezas que se subastan en Europa llegan con certificados de supuesta procedencia legítima, mediante ventas documentadas. La pista de cómo se obtuvieron por primera vez se pierde de esa forma.
Los documentos de Cortés estaban en el Archivo desde 1930. Falta ahora determinar cómo salieron de allí, quién los sustrajo y los vendió. Los legajos son “muy importantes para entender como operaban Cortés y su círculo. Es un ramo extremadamente rico, pero también mal inventariado, no hay catálogos formales, lo que es increíble sabiendo que llevan 90 años en el AGN”, ha explicado recientemente a este periódico Martínez Baracs.
No es la primera vez que aparecen papeles como estos para ser subastados, en un aberrante goteo que habla de una mala custodia en México del patrimonio que descansa en instituciones oficiales. “Yo no tengo duda de que fueron muchos más”, apuntaba el investigador de la UNAM Sebastián van Doesburg, en un reportaje de este periódico publicado el 17 de diciembre. Van Doesburg acostumbra a vigilar las subastas que se producen y su opinión sobre lo que está ocurriendo en el Archivo General es la siguiente: “No es un ladronzuelo, es una cadena profesional, claramente organizada y pensada, que sabía cómo colocar los documentos en diferentes casas en tiempos diferenciados para no llamar la atención. Podría ser un trabajo interno, de alguien con acceso al archivo. Si uno suma las cantidades de dinero que la persona obtuvo es escandaloso”.
Los investigadores que han participado en este asunto detectivesco, como suelen serlo muchos de los relacionados con el patrimonio histórico, se duelen de la repetida sustracción de documentos, lo que ven como un problema del Archivo General de la Nación. Muchas denuncias provienen de la sociedad civil, historiadores, investigadores, expertos, pero no hay una vigilancia estatal, ha lamentado Van Doesburg. “Debería haber un equipo que rastreara las casas de subasta, porque es una labor un poco detectivesca y uno no quiere meterse en el asunto bastante gris de esos mercados, siempre hay que andar con mucho cuidado”.
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