Las mujeres que van a prisión en Estados Unidos por tener abortos espontáneos – BBC News Mundo

Aunque las noticias sobre casos de este tipo son frecuentes en países como El Salvador o Guatemala, es poco conocido que Estados Unidos es una de las naciones de la región donde más mujeres van a la cárcel por causas asociadas a sus embarazos.

Según datos del National Advocates of Pregnant Women (NAPW), una organización de defensa legal femenina, más de 1.700 mujeres han estado encarceladas o han sido detenidas y procesadas por algún “delito” asociado a su gestación desde 1973, cuando se legalizó el aborto en el país.

“En Estados Unidos hay literalmente cientos de mujeres que han sido arrestadas y acusadas de crímenes contra sus fetos. No es algo que pase solo en Centroamérica”, dice a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José, en California.

Dana Sussman, directora en funciones de NAPW, dice a BBC Mundo que, de acuerdo a las estadísticas de su organización, si entre 1973 y el año 2000 se reportaron unos 400 casos de mujeres procesadas por estas causas, en menos de dos décadas esa cifra se ha triplicado.

“En los últimos 15 años se han reportado, según los datos más recientes que tenemos, unos 1.300 casos. Esto muestra que las posiciones hacia la criminalización del embarazo se han radicalizado notablemente en este lapso en Estados Unidos y de ahí nuestra preocupación de lo que pueda pasar a partir de ahora”, asegura.

La semana pasada, la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade, la trascendental decisión que legalizó el aborto hace casi 50 años y que sirvió de amparo para que muchas de las mujeres juzgadas por estos motivos fueran posteriormente liberadas.

A partir de ahora, la interrupción del embarazo dejará de ser vista como un derecho constitucional y dependerá de cada estado los límites que deseen imponer a las mujeres gestantes.

“Si con Roe v. Wade vimos este número extraordinariamente alto de casos de mujeres incriminadas por sus embarazos, lo que esperamos es que esto se multiplique y que se aprueben leyes cada vez más restrictivas para criminalizar a las mujeres embarazadas”, advierte Sussman.

Aunque muchos estados han asegurado, de momento, que solo penalizarán a médicos y clínicas que practiquen el aborto, expertos legales temen que esa medida será solo el comienzo.

El año pasado, la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal de EE.UU. publicó un reporte en el que señalaba que la prohibición del aborto en numerosos estados podría llevar a una “sobrecriminalización” y a “encarcelaciones masivas” en gran parte del país, no solo de mujeres, sino de cualquier persona que asista, aconseje u ofrezca una interrupción del embarazo.

El caso conmocionó a Estados Unidos: en 2019 Adora Pérez fue condenada y pasó más de tres años tras las rejas en California (fue liberada en marzo pasado) por el “asesinato de un feto humano”: había dado a luz un mortinato cuya necropsia mostró rastros de metanfetaminas (aunque no hubo evidencias de que esto provocara la muerte fetal).

Unos años antes, en Indiana, Bei Bei Shuai, una inmigrante china con un historial de depresión, fue acusada también de “asesinato” de su feto, luego de que solo ella sobreviviera a un intento de suicidio con veneno de ratas mientras estaba embarazada. Pasó 435 días en la cárcel.

Según datos del Instituto Guttmacher, las mujeres en EE.UU. pueden ser penalizadas por uso de sustancias no permitidas durante su gestación en 23 estados y, en más de la mitad del país, los profesionales de la salud deben denunciar a las embarazadas sospechosas de consumir drogas por considerarlo “abuso infantil”.

La Asociación Médica Estadounidense asegura que los daños al feto producidos por el consumo de drogas pueden variar entre una sustancia y otra y que en ningún caso debería considerarse abuso infantil.

“La adicción a las drogas es una enfermedad susceptible de tratamiento en lugar de una actividad delictiva”, indica en su página web.

Sussman asegura que si bien gran parte de casos de mujeres encarceladas en los últimos años se debió al consumo de sustancias prohibidas durante su embarazo, otros grupo de detenciones “muestran una hoja ruta de lo que podemos esperar a partir de ahora”.

“Hemos trabajado en casos en los que las mujeres no han usado el cinturón de seguridad y supuestamente han conducido de manera imprudente causando daño a su feto. Se caen de escaleras, pierden la barriga y van presas. E incluso, un caso de una mujer que estaba en una pelea y recibió un disparo en el estómago y fue acusada de homicidio involuntario por exponerse ‘a una situación peligrosa'”, señala.

Howard explica que muchas de estas detenciones mostraban un faceta contradictoria del ejercicio de la ley en Estados Unidos.

“Hasta ahora, una persona podía interrumpir un embarazo de forma legal e intencional en algunos lugares, a merced de Roe v Wade, pero era penalizada por dañar un embarazo de manera involuntaria. O sea, podías abortar legalmente, pero podías ir presa por un aborto espontáneo o por sufrir una muerte fetal. Así de contradictorio era”, señala.

La académica explica, no obstante, que muchos estados fueron también limitando las opciones en la que las embarazadas podían tener abortos y criminalizando el resto.

“Se fueron imponiendo leyes sobre qué tipos de abortos son legales, dónde pueden realizarse y hasta qué punto de la gestación. Entonces, hay estados donde si te haces un aborto en casa usando píldoras o plantas puedes ir presa y si te lo haces después de cierta etapa, también”, recuerda.

Los estudios realizados por Sussman y Howard muestran que las mujeres pobres y, principalmente, las negras, se encuentran entre las de mayor representación entre las condenadas desde que fue despenalizado el aborto en el país.

Hace unos años, una mujer de Tennessee fue encarcelada por intentar abortar con una percha de ropa , mientras, una inmigrante mexicana, trabajadora agrícola en Carolina del Sur, fue condenada por usar misoprostol, un medicamento abortivo que le envió su hermana desde México.

“Vemos un patrón desproporcionado de mujeres negras, pobres, de zonas rurales y mujeres consumidoras de drogas. Creo que lo importante aquí es reconocer cómo esto es una extensión de un fenómeno de exclusión social más complejo y una evidencia de cómo el sistema policial y el sistema legal penal de EE.UU. es utilizado con más severidad dentro de ciertas comunidades y razas que en otras”, opina Sussman.

Sin embargo, la abogada explica que en estos casos, la justicia de EE.UU. utilizó categorías diferentes de leyes penales para acusar a las mujeres embarazadas que no estaban vinculadas directamente con el aborto.

“Son leyes existentes que nunca tuvieron la intención de aplicarse en el contexto del embarazo, pero que los fiscales han tratado de darle nuevas aplicaciones dado que al vincularlo al embarazo podrían toparse con Roe v Wade”, dice.

“En el contexto del aborto espontáneo, por ejemplo, hemos vistos casos en los que una mujer embarazada es acusada de homicidio involuntario. O sea, no se trataba de usar una ley contra el aborto, sino de usar otra ley existente, como esta que aborda el asesinato negligente de otro ser humano, para condenarla”, explica.

Howard alerta que a partir de ahora, “nos enfrentamos a un escenario en el que muchas mujeres serán investigadas por tener abortos espontáneos y tendrán que demostrar que no fue intencional o podrán enfrentar hasta 20 años de cárcel”.

Datos del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos indican que al menos el 10% de los embarazos terminan en abortos espontáneos, aunque la cifra puede ser mucho mayor por las personas que lo sufren sin saberlo.

De acuerdo con Sussman, detrás de los casos del pasado y la posible criminalización de mujeres a partir de ahora estará como parte central la disputa el tema de la “personalidad fetal”, la concepción moral-religiosa conservadora que considera a un embrión o un feto como una persona con derechos (como si un huevo fuera lo mismo que un pollo).

La experta asegura que el movimiento contra el aborto en EE.UU. ha tenido mucho éxito en normalizar eso como “un concepto legal y como un tipo de concepto cultural reconocido por la sociedad”, al punto que al menos 38 estados tienen un tipo de leyes llamadas de “agresión fetal”.

La mayoría fueron aprobadas en 2004 después del asesinato a manos de su esposo de una embarazada (Laci Peterson) y buscaban proteger a las mujeres de agresiones durante el estado de gestación.

Sin embargo, algunas leyes han sido tan ambiguas que han llevado a fiscales a acusar a mujeres por comportamientos que consideren que pueden haber contribuido a un aborto espontáneo o una muerte fetal.

“Una cosa importante para recordar es que Roe y Casey, las dos decisiones fundamentales sobre el aborto, no solo establecen que es un derecho fundamental bajo la Constitución, sino que rechazan el concepto de personalidad fetal”, dice Sussman.

“A partir de ahora estoy convencida de que veremos más leyes que tratarán de promover esta idea y, con ella, harán que la criminalización del embarazo sea desproporcionadamente mayor. Es un escenario que ya íbamos viendo en que las personas embarazadas tienen menos derechos y son más vulnerables legalmente por su simple condición de embarazadas”, agrega.

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