La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves la potestad del gobierno de Donald Trump de deportar a inmigrantes indocumentados por la vía rápida, incluidos solicitantes de asilo pendientes de revisión judicial cuyos casos hayan sido rechazados en primera instancia por falta de méritos.
La decisión supone una victoria para Trump en un caso relacionado con una de sus principales políticas.
Los jueces fallaron por 7-2 a favor del gobierno en su apelación a la decisión de un tribunal inferior que determinó que Vijayakumar Thuraissigiam, un agricultor de Sri Lanka detenido cerca de la frontera de EE.UU. con México, tenía derecho a la revisión judicial de su solicitud de asilo denegada por las autoridades.
La resolución, escrita por el juez conservador Samuel Alito, dictaminó que la limitación del escrutinio judicial de este caso de deportación rápida, conocida como expulsión expedita o acelerada, no violó protecciones clave de la libertad individual recogidas en la Constitución de EE.UU.
Alito escribió que se reconoce desde hace tiempo que las personas a las que todavía no se les ha otorgado una entrada legal a EE.UU. no gozan del espectro completo de derechos constitucionales y que el Congreso tiene autoridad para determinar qué derechos poseen.
“Si bien los extranjeros con conexiones establecidas en este país tienen derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación, la Corte estableció hace tiempo que el Congreso tiene la autoridad para establecer las condiciones para la entrada legal de un extranjero a este país”, expuso Alito en su ponencia.
Dos de los cuatro jueces progresistas, Stepehen Breyer y Ruth Bader Ginsburg, se alinearon con los cincos jueces conservadores en el voto, pero no se acogieron al razonamiento de Alito.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco resolvió en 2019 que según la cláusula de suspensión de la Constitución, que ampara la capacidad de una persona de disputar el confinamiento a manos del gobierno, los tribunales tenían el poder de revisar las alegaciones de Thuraissigiam.
El gobierno contestó que el fallo del tribunal de apelaciones derrotaría el propósito de las deportaciones rápidas e impondría “una severa carga sobre el sistema migratorio”.
Las políticas de línea dura sobre migración y deportación del gobierno de Trump han sido un punto central de su presidencia y la base para su campaña de reelección para el 3 de noviembre.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representó a Thuraissigiam, había advertido que la posición del gobierno, de ser aceptada por la Corte, se podría utilizar para deportar a millones de inmigrantes indocumentados sin una revisión judicial significativa.
Thuraissigiam pidió asilo en Estados Unidos alegando que, como miembro de la minoría Tamil de Sri Lanka, había sido torturado por sus lazos políticos y sometido a golpizas y ahogos simulados.
Huyó de su país en 2016 y fue detenido en 2017 en EE.UU., cerca del cruce fronterizo entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México).
Fue colocado en el programa de expulsión acelerada, un sistema que data de 1996 que hace una excepción para las personas que pueden probar un “miedo creíble” de persecución o tortura en su país de origen.
Pero las autoridades rechazaron la demanda de Thuraissigiam de miedo creíble, por lo que se detuvo el proceso de asilo.
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