ICE otorga contratos para operar centros de detención en California, aunque una ley estatal reciente los prohíbe

A partir del 1 de enero serán ilegales en el estado las contrataciones de empresas privadas para administrar los centros de detención con ánimo de lucro, pero la agencia federal de inmigración ya adjudicó cuatro para los centros de San Diego, Calexico, Adelanto y Bakersfield.

A menos de dos semanas para que entre en vigor una ley estatal que prohíbe la contrataci´ón de compañías en California para rentabilizar la administración de prisiones, el gobierno de Donald Trump ha concedido miles de millones de dólares en este tipo de negocios.

Un sitio web federal publicó el viernes contratos a largo plazo por un valor de 6.8 mil millones de dólares para los centros de detención en San Diego, Calexico, Adelanto y Bakersfield. Los sitios albergarán a unos 4,000 detenidos, con capacidad para expandirse en el futuro.

Bajo los nuevos contratos, que entraron en vigor el viernes, el espacio de detención en California se duplicará hasta alcanzar casi 7,200 camas.

En octubre pasado, el gobernador del estado, Gavin Newsom, firmó un proyecto de ley que prohíbe la contratación de operadores privados para las prisiones con fines de lucro a partir del 1 de enero y elimina por completo los centros de detención existentes para el año 2028. La ley también veta las prisiones privadas.