Por Julio Astorga
El gobierno de México ha utilizado argumentos de fiscales de Estados Unidos y obtenido su apoyo en la demanda que tiene abierta en contra de las empresas fabricantes y distribuidoras de armas ante un tribunal de distrito en Massachusetts.
De acuerdo con documentos hechos públicos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un grupo de fiscales advierten que esas empresas fabricantes son responsables del aumento de la violencia en Estados Unidos.
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En los papeles transparentados constan el amici curiae presentado por los fiscales de 13 estados más Washington, D.C., así como el de fiscales de 27 condados. En ellos, se muestran argumentos a favor de la demanda de México con el fin de que no sea desestimada por la Corte.
Los fiscales de los condados destacan que el tráfico hacia México de armas manufacturadas por las empresas demandadas les ha permitido a los cárteles ser los principales distribuidores de opioides en Estados Unidos.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, de 2018 a 2021 hubo un aumento de 456 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera sur. Esto trajo como resultado el correlativo aumento de decomisos en las jurisdicciones de los fiscales que promovieron el amici curiae.
En diciembre de 2021, las autoridades de Arizona realizaron una incautación récord de fentanilo: 1.7 millones de píldoras y 10 kilogramos de polvo. Según el comunicado de la Administración de Control de Drogas (DEA), el sur de ese estado fronterizo con México es la puerta de entrada de las drogas hacia los Estados Unidos.
También señalan que, en sólo un año, de abril de 2020 a marzo de 2021, hubo 97 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos, de las cuales un 75 por ciento estuvieron relacionadas con opioides.
Los fiscales de condado no dudan en responsabilizar a las fabricantes de armas de proveer armas a los cárteles que “llenan con drogas nuestras comunidades”.
Venden armas a cárteles mexicanos
Los fiscales de 27 condados, incluidos San Francisco, Los Ángeles, Denver, Chicago y Filadelfia, afirman que los cárteles mexicanos se encuentran entre los mejores compradores de los fabricantes de armas estadounidenses.
Cerca de la mitad de las tiendas de armas en Estados Unidos dependen meramente de la venta ilegal a México, según un estudio que citaron. “Las empresas demandadas fabrican conscientemente armas de guerra con la intención de ser traficadas a México” se señala en el documento.
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Las pandillas y bandas criminales de esas ciudades estadounidenses se encuentran en asociación con los principales cárteles mexicanos, de acuerdo con los fiscales. Su objetivo es ser distribuidores minoristas de las drogas que cruzan la frontera. Para defender sus áreas de distribución, estas pandillas están usando con mayor frecuencia armas de estilo militar como las que usan los cárteles.
Los fiscales de los 27 condados han decidido defender la demanda mexicana, pues el aumento en la violencia en sus comunidades está siendo exponencial. Las muertes asociadas a armas de fuego, sin contar suicidios, aumentaron durante los últimos 7 años. En 2015 se registraron 13 mil 500 muertes relacionadas con armas, mientras que en 2021 hubo 20 mil muertes de acuerdo con el Gun Violence Archive. En lo que va de este año hay casi 7 mil muertes.
En 2021, Austin, Filadelfia, Indianápolis, Louisville, Columbus, Albuquerque, Tucson, Rochester y Portland rompieron su récord anual de homicidios. Los fiscales ponen de ejemplo a San Francisco, donde hubo un aumento del 16% en los homicidios durante 2021.
Por su parte, los fiscales de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y el Distrito de Columbia (D.C.) presentaron sus argumentos para que el tribunal de distrito en Massachusetts no desestimara la demanda presentada por nuestro país, como lo solicitaron las partes demandadas.
Las fabricantes de armas argumentaron la existencia de la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas de Estados Unidos (PCLAA, por sus siglas en inglés), que establece inmunidad para fabricantes y distribuidores de armas de fuego cuando sus productos son usados para cometer delitos.
El sentido de dicha legislación es retirar la responsabilidad de las armerías de cómo se usan sus productos. Pero dicha inmunidad tiene excepciones. Los fiscales de dichos estados sostienen que las excepciones contempladas en esa ley aplican al caso mexicano, pues las empresas fabricantes y distribuidoras de armas tienen pleno conocimiento que se están proporcionando sus armas a grupos delincuenciales que han generado violencia tanto en México como en Estados Unidos.