La regla final de Carga Pública que entró en vigor el 24 de febrero y que a finales de julio fue suspendida temporalmente por un juez federal de Nueva York, ha vuelto a ser activada tras un dictamen de la Corte de Apelaciones del 2º Circuito fechado el 11 de septiembre.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), anunció el martes que la regla se aplicará a “todas las solicitudes y peticiones enviadas a través del sistema de correos o manera electrónica a partir del 24 de febrero de 2020”.
Y en el caso que la solicitud haya sido enviada por mensajería comercial (por ejemplo, UPS, FedEx o DHL), “utilizaremos la fecha que tiene el recibo de mensajería como la fecha del matasellos”, indicó.
El 29 de julio la corte federal de Nueva York, en respuesta a una demanda entablada por organizaciones y varios estados gobernados por demócratas, dejó sin efecto la nueva regla de carga pública hasta que finalice la emergencia de salud por la pandemia del coronavirus.
El juez federal de distrito, George Daniels, dictaminó que los demandantes proporcionaron “amplia evidencia” de que la política disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.
Al quedar en suspenso la norma, la mayoría de los inmigrantes que solicitaban un beneficio migratorio, “no adjuntaban al trámite el formulario de autosuficiencia I-944”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). Pero ahora que el servicio de inmigración activó “si van a tener que presentar el formulario I-944. Y aquellos que entre finales de julio y el martes no lo hicieron porque no estaba requerido, van a tener que enviarlo para que le aprueben el trámite”, advirtió.
La nueva regla de carga pública, además que endurecer los requisitos para la obtención de un beneficio migratorio, también otorga más poder a los agentes de USCIS para decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una respuesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de Comparecencia (NTA) para que se presente ante una corte de inmigración donde deberá batallar para no ser deportado de Estados Unidos.
“Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”, precisa.
En cuanto a las solicitudes de visa o cambio de estatus presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva regla, el gobierno dijo que “no se verán afectadas.
La regla final de carga pública “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”.
Tampoco afectará a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”, indica la norma. En esta lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica.
También incluye una serie de disposiciones especiales sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerará el recibo de beneficios públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos y recepción de Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después de dar a luz, se lee en las descripciones del reglamento.
Habrá algunas excepciones “para ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar”, añade la regla.
La USCIS dijo que “los extranjeros que pueden calificar para estas exenciones deben estudiar la norma cuidadosamente”
Los abogados consultados por Univision Noticias dijeron que “a partir de ahora y antes de iniciar un trámite de cambio de estatus o una extensión de visa, los inmigrantes legales que tengan duda deben buscar consejo legal para evitar problemas y que les nieguen el trámite”.
La regla final indica además que corresponde solo al DHS “considerar los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero” al momento de autorizar o aprobar una solicitud de cambio de estatus u prórroga de visa.
Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:
“Beneficios públicos no mencionados en la regla no serán considerados en la determinación de carga pública”, explicó Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro Inmigración Las Nuevas Reglas. “Por ejemplo, asistencia médica de emergencia, ayuda humanitaria, programas de almuerzo escolar nacional, acogimiento y adopción, Head Start, o préstamos estudiantiles o préstamos hipotecarios no son considerados.”, indicó.
Agregó que, por el lado de Medicaid, la regla indica que DHS no tomará en cuenta los siguientes beneficios de Medicaid:
“Esta regla también prohíbe que ciertos no inmigrantes (e.g. visas de turista, negocio, trabajo etc.) puedan extender su status o cambiar su status en los Estados Unidos si han recibido algunos de los beneficios listados”, indicó.
La USCIS ha dicho la regla final “redefine el término carga pública para referirse a un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en total dentro de cualquier período de 36 meses”.
En el caso que un extranjero reciba dos beneficios públicos en un mes, el gobierno lo tomará como dos meses en el proceso de determinación para aprobar o rechazar una solicitud de cambio de estatus o de visa, advierte la USCIS.
El gobierno también advierte que el DHS “interpretará los factores legales mínimos para determinar si, en opinión del agente o funcionario que decide un caso, determina que es probable que el extranjero en cualquier momento pueda convertirse en una carga pública”.
La regla final contiene una lista de factores positivos y negativos que el DHS considerará al momento de tomar una determinación, añade.
Entre esos factores se incluye edad del extranjero. “El DHS generalmente consideraría un factor negativo si el inmigrante es menor de 18 años o mayor de 61 años, y un factor positivo si el
el extranjero tiene entre 18 y 61 años. Estos factores positivos o negativos funcionan como pautas para ayudar al agente a determinar si es probable que el extranjero se convierta en algún momento en una carga pública”, indica la regla final.
Otro factor para considerar será si un estudiante de tiempo completo y está autorizado para trabajar legalmente en el país, o su historial laboral, y una “razonable perspectiva de empleo en el futuro”.
La agencia dijo que sólo se basará en el mayor número de circunstancias negativas para determinar una “inadmisibilidad de carga pública”, y aseguró que “la determinación final de inadmisibilidad de la carga pública se basará en la totalidad de las circunstancias presentadas por el extranjero en una petición de ajuste de estatus y cambio de visa”, por ejemplo, por medio del Formulario I-485 cuando se pide la residencia legal permanente” o green card (tarjeta verde).
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