Estos son los argumentos del gobierno que ponen en peligro el futuro de los 700,000 dreamers protegidos por DACA

Las posibilidades de que la Corte Suprema falle en contra del presidente Donald Trump son mínimas, no solo porque la mayoría de los jueces son conservadores, sino porque no está en discusión el uso de su poder ejecutivo para cancelar el programa.

Tras la audiencia sobre el futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA) el martes en la Corte Suprema, donde abogados del gobierno y defensores del programa presentaron argumentos en contra y a favor, las dudas respecto al futuro de los casi 700,000 dreamers aumentaron, y también las divisiones.

Por una parte, el gobierno insiste en que Donald Trump, en uso de su autoridad presidencial, canceló el programa “basado en su creencia” y ante las “serias dudas” de que la política de DACA, creada por el expresidente Barack Obama “es ilegal”. Y que la decisión respecto eliminar el beneficio la tomó utilizando “la discreción” que al presidente le otorga su Autoridad Presidencial (APA), un tema que no está en juego y no debe ser revisado por el organismo Judicial.

El abogado general del gobierno, Noel Francisco, argumentó ante los magistrados que el presidente, al tomar su decisión, no violó la Autoridad Presidencial, y mencionó dos razones.

Primero, dijo, “la rescisión simplemente terminó una política previa de no cumplimiento por la cual el Departamento (de Seguridad Nacional, DHS) acordó no hacer cumplir la INA (Ley de Inmigración) contra cientos de miles de extranjeros ilegales” (indocumentados).

Pero que la decisión de si se hace o no se hace cumplir la ley, es algo que en este caso compete con la “discrecionalidad del presidente”, apuntó Francisco, y en este caso “no es revisable”, a menos que un estatuto lo restrinja y nada en la Ley de Inmigración INA requiere el DHS u otra agencia de aplicación de la ley diga que no puede aplicar la ley.

El segundo argumento esgrimido por Francisco, quizás menos firme que el primero y el que sembró dudas, fue si la orden producto de la discrecionalidad del presidente fue “razonable” porque puso fin a una política “de incumplimiento”, dijo el abogado general, en referencia que DACA impidió al DHS hacer su trabajo al no proceder con la deportación de inmigrantes indocumentados.

Pero, además, el gobierno argumentó que DACA fue una medida temporal provisional que “podía ser rescindida en cualquier momento”.

Debate confuso

Si bien el planteamiento de Francisco constituye la base del alegato por parte del gobierno, el principal argumento esgrimido por los abogados que defienden DACA se basa en los dictámenes emitidos por las cortes inferiores, de que la cancelación del programa fue una medida “arbitraria y caprichosa” por parte de Trump.

Una de las primeras preguntas que surge entonces es si la Corte Suprema revisará el texto de la cancelación del programa o si el presidente es dueño o no de utilizar su autoridad presidencial para, en base a su discrecionalidad, proceder a la cancelación de un beneficio que fue creado en base al uso de la misma autoridad de que dispone el Ejecutivo.

“El debate hasta ahora es confuso”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Los abogados de ambas partes citaron muchos argumentos, pero el principal es determinar la jurisdicción de la corte, si el poder Judicial tiene derecho a revisar la cancelación de DACA, ordenada por el presidente en uso de su discreción bajo su autoridad presidencial”.

Velásquez dice que cuando se discutió esto durante la audiencia, se habló de “intereses de confianza”, si los dreamers beneficiados por el programa “dependen” de su estatus para ejercer esos derechos. “Y que, debido a esos derechos tan importantes, la corte puede o no revisar la decisión del presidente”.

Y no solo “debido a los grandes intereses que tienen” (los dreamers), agrega. “También se mencionó en la audiencia los intereses de las decenas de organizaciones” beneficiadas alrededor de ellos, sindicatos laborales, asociaciones educativas, etcétera. Se está hablando no solo de los beneficios de los soñadores, sino de los beneficios que recibe el país gracias al aporte de estos jóvenes protegidos por DACA”.

¿Justo o injusto?

El debate presentado ante la Corte Suprema parece llevar a la Corte Suprema a navegar entre dos alternativas. La primera, si la decisión del presidente fue justa o injusta; la segunda, si fue legal o no. Y en ambos casos el fallo sentará un precedente jurídico determinante que marcará el futuro de la política migratoria.

“Por una parte, en la audiencia se dijo que DACA era temporal, que se tenía que terminar y solo era por dos años. Pero ahora están diciendo que esto va más allá de la autoridad ejecutiva, que el presidente debe mirar más allá de su capacidad ejecutiva y no puede dejar a los dreamers a la intemperie, que debe ver por el bienestar de ellos y de todas las asociaciones que dependen de la labor de ellos. Que los intereses de ellos deben ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión. Eso me da un poquito de esperanza”, dice Velásquez.

“El gobierno federal creo intereses en los soñadores, ellos confiaron esos intereses y se generó dependencia de estatus y derecho a trabajar. Lo justo es que la corte escuche el caso y tome en consideración estos argumentos”, indica.

Tras una pausa, reflexiona y dice: “No quiero ser optimista, pero espero que la decisión sea ajustada, no solo apegada a cuestiones legales, sino que tenga en cuenta los aspectos sociales. Los dreamers dependen del fallo y el país necesita de ellos”.

Qué revisará la corte

Los escenarios dibujados durante la audiencia son el reflejo de la división que existe en el país en cuanto al tema de la inmigración. Y al final del día, se espera que la Corte Suprema resuelva la legalidad del uso de los poderes del presidente, que tiene que ver con la Ley de Procedimiento Administrativo, para poner fin a un programa que fue creado por su antecesor en el ejercicio de esa misma capacidad ejecutiva.

“En realidad hay dos preguntas en este debate”, dice Phil Agusti, un abogado constitucionalista que ejerce en Washington DC. “La primera, es si la rama judicial puede revisar la decisión del presidente Trump. La segunda, que también tiene que ver con la Ley Procedimiento Administrativo, es si la decisión de eliminar DACA fue legal o no”.

De la primera interrogante, Agusti señala que los argumentos del gobierno para defender la independencia de poderes son firmes, y es poco probable que los jueces de la Corte Suprema se inclinen a revisar y/o poner en duda el uso del poder ejecutivo por parte del presidente para cancelar un programa que fue activado por la misma vía y se trataba de un beneficio de carácter temporal.

La duda rodea al segundo argumento, pero se trata solo de eso, una cierta incertidumbre que puede incidir en la decisión final, pero no se convertirá en un factor decisivo. Se trata de la razón que argumentó el exfiscal general Jeff Sessions el 5 de septiembre de 2017, cuando canceló DACA. “El dijo que el gobierno pensaba que, dadas ciertas decisiones tomadas por la Corte Suprema, que esa política (DACA) era ilegal”, indicó Agusti.

“Es decir, en vez de pensar que esto era una mala idea desde el punto de vista político, el gobierno dijo que pensaba que la política decidida por Obama, en uso de su discrecionalidad, era ilegal. Eso abrió la puerta para demandar la decisión de Trump en las cortes inferiores”, indicó.

Cuatro meses después de la cancelación, una corte de San Francisco determinó que la cancelación de DACA fue una decisión “caprichosa y arbitraria” y ordenó que fuera restablecido tal y como se encontraba el 4 de septiembre de 2017, excepto para dreamers que antes no se habían registrado.