SAN DIEGO —
Los migrantes que quieran entrar en Estados Unidos deberán nuevamente esperar en México hasta sus audiencias de inmigración en los tribunales estadounidenses, luego de que el gobierno del presidente Joe Biden informó con renuencia que acatará una orden judicial y aceptará las condiciones impuestas por México para restablecer la medida creada durante la presidencia de Donald Trump.
La restitución de la política “Permanecer en México” se produce mientras el gobierno de Biden maniobra para ponerle fin de una forma que sobreviva al escrutinio legal.
El presidente Joe Biden desechó la política, pero una demanda entablada por Texas y Missouri le obligó a volver a ponerla en vigor, sujeta a la aceptación de México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que, a la luz de las concesiones de Estados Unidos, México permitirá el regreso de los migrantes, presumiblemente a partir de la próxima semana, “por razones humanitarias y de manera temporal”.
Las condiciones de México incluyen que los migrantes sean vacunados contra el COVID-19, una mayor protección en las peligrosas ciudades fronterizas del país, un mejor acceso a abogados y una resolución más rápida de los casos.
Unos 70.000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, la cual fue aprobada por Trump en enero de 2019 y suspendida por Biden en su primer día en el cargo.
Los cruces ilegales en la frontera cayeron bruscamente cuando México, ante la amenaza de Trump de elevar los aranceles a las importaciones, aceptó la expansión de la norma. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de violencia en México y enfrentaron obstáculos legales, como la falta de acceso a abogados e información sobre sus casos.
Se tiene previsto que la devolución de los migrantes empiece el lunes en una ciudad fronteriza, pero no se ha informado cuál. Finalmente se hará en siete localidades: San Diego y Calexico en California; Nogales, Arizona, y Brownsville, Eagle Pass, El Paso y Laredo, en Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo el jueves que acataba la orden judicial, pero el secretario Alejandro Mayorkas cree que la medida “tiene defectos endémicos, impone costos humanos injustificables, retira recursos y personal de otras asignaciones prioritarias, y no ataca las causas fundamentales de la migración irregular”.
“Profundamente defectuosa”, comentó el jueves la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando describió la política. “Estamos trabajando para implementar la orden de la corte”, señaló.
El doble anuncio se produjo luego de intensas discusiones entre Estados Unidos y México después de que el juez de distrito Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, Texas, ordenó que se restableciera la política, sujeta a la participación de México.
La reimplementación de la política, esbozada en un informe enviado a los reporteros y en un expediente judicial el jueves, promete importantes adiciones y modificaciones que México exigió.
Todos los migrantes sujetos a la medida serán vacunados contra el COVID-19. Los adultos recibirán la vacuna de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis. Los niños recibirán la vacuna de Pfizer, y la segunda dosis cuando lleguen a Estados Unidos para sus primeras audiencias.
Estados Unidos tratará de procesar los casos en 180 días, en respuesta al temor de México de que se dejen languidecer. El Departamento de Justicia asignará a 22 jueces de inmigración para que se dediquen exclusivamente a esos casos.
Las autoridades estadounidenses preguntarán a los migrantes si temen ser devueltos a México, en lugar de esperar a que ellos planteen sus preocupaciones sin que se les pida. Si los migrantes expresan su temor, serán revisados y tendrán 24 horas para encontrar un abogado o representante.
El gobierno de Biden trabajará para garantizar la seguridad de los migrantes cuando viajen hacia y desde la corte, incluso dentro de México. Algunos migrantes que fueron regresados de Eagle Pass, Laredo y Brownsville, donde las ciudades fronterizas mexicanas son particularmente peligrosas, serán trasladados a sitios más al interior de México.
La política se aplicará a los migrantes de países del hemisferio occidental. Las autoridades estadounidenses no han dicho cuántos serán procesados al día. El gobierno ha mantenido en vigor otra política implementada por el gobierno de Trump que autoriza regresar a los migrantes centroamericanos a México con el fin de evitar la propagación del COVID-19.
Los migrantes tendrán la oportunidad de reunirse con abogados antes de cada audiencia. El Departamento de Estado está trabajando con México para colocar sitios donde haya comunicación por video y telefónica con abogados en Estados Unidos.
Las modificaciones reflejan muchas condiciones que México estableció la semana pasada.
Las personas “vulnerables” estarán exentas, incluidos los niños que viajaron sin compañía de un adulto, las embarazadas, gente enferma física o mentalmente, de edad avanzada, indígenas y miembros de la comunidad LGBTQ.
“El gobierno de México reitera su compromiso con los derechos humanos de las y los migrantes, así como para mantener una migración ordenada, segura y regular”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado emitido el jueves para anunciar que el país aceptaba las adiciones y modificaciones del gobierno de Biden.
Blas Nuñez-Neto, secretario adjunto de seguridad nacional interino para la política de fronteras e inmigración, dijo en el expediente judicial que el gobierno comparte las inquietudes de México.
México también busca que Estados Unidos aporte dinero para los refugios y otras organizaciones para aumentar significativamente el apoyo a los migrantes que esperen sus procesos en territorio mexicano.
Muchos grupos de asistencia jurídica con sede en Estados Unidos que han representado a los solicitantes de asilo que esperan en México dijeron que ya no tomarán ese tipo de casos, planteando preguntas sobre cómo Estados Unidos puede satisfacer la insistencia de México en torno a un mejor acceso a un abogado. Funcionarios del gobierno señalaron que creen que hay suficientes abogados que pueden representar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México.
Muchos defensores de inmigrantes señalaron que la política es irreparable.
“La política de ‘Permanecer en México’ fue un desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a volver a serlo”, comentó Eleanor Acer, directora sénior de protección de refugiados en Human Rights First, que documentó la violencia contra los solicitantes de asilo mientras esperaban en México.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reiteró su añeja preocupación por la seguridad y los derechos de los migrantes.
“Las modificaciones anunciadas a esta política no son suficientes para dar respuesta a estas preocupaciones fundamentales”, señaló el ACNUR en un comunicado.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la restauración de la política como una “enorme victoria” para el estado.
“Seguiré luchando para restablecer la seguridad y el orden en nuestra frontera sur, asegurándome de que este programa esencial se aplique en pleno cumplimiento de la orden del tribunal”, declaró.
Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante el gobierno de Trump, señaló que muchos de los cambios eran superficiales, y dijo que la nueva política es parecida a la que estuvo en vigor.
Como un firme defensor de la política, ve con buenos ojos los planes para restituirla, pero dijo que quiere ver cómo es implementada, pues esa será la verdadera prueba.