WASHINGTON (AP) – Los arrestos por motivos de inmigración en los juzgados serán más limitados de lo que fueron bajo el presidente Donald Trump bajo un cambio de política anunciado el martes por la administración Biden.
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ya no estarían autorizados para realizar arrestos de rutina en los juzgados, una práctica que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que disuade a las personas de asistir a las audiencias judiciales y cooperar con las fuerzas del orden.
ICE puede realizar arrestos en los juzgados en casos que involucren asuntos de seguridad nacional o si la persona representa una amenaza para la seguridad pública. Los agentes también pueden detener a alguien que sea objeto de una persecución activa o que las autoridades sospechen que puede destruir pruebas en un caso penal, dijo Mayorkas en un comunicado anunciando la nueva política.
El objetivo, dijo Mayorkas, es equilibrar la “administración justa de justicia” con la aplicación de la ley de inmigración.
“La expansión de los arrestos por inmigración civil en los juzgados durante la administración anterior tuvo un efecto paralizador en la disposición de las personas a acudir a los tribunales o trabajar en cooperación con las fuerzas del orden”, dijo.
La nueva política es parte de una realineación más amplia de la política de inmigración bajo Biden, cuya administración ha revertido algunas de las medidas más restrictivas de su predecesor. Ha conservado algunas políticas, incluida una orden de salud pública que autoriza a Aduanas y Protección Fronteriza a expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que intentan ingresar ilegalmente a los EE. UU.
Como parte de su estrategia de control fronterizo, la administración también anunció que tomaría medidas enérgicas contra el tráfico de migrantes con sanciones financieras y de viaje específicas y otras medidas contra los traficantes en un plan denominado “Operación Centinela”.
Bajo Trump, las autoridades de inmigración provocaron críticas entre los defensores y algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con una política, formalizada en 2018, que autorizaba específicamente detenciones de rutina en tribunales federales, estatales y locales para realizar arrestos.
Los funcionarios argumentaron en ese momento que se vieron obligados a realizar arrestos en los juzgados porque algunas jurisdicciones locales, bajo las políticas de “ciudad santuario”, se negaron a cooperar con ICE y entregar a los no ciudadanos de las cárceles y prisiones.
Esa política de la era Trump priorizó las amenazas a la seguridad pública, como los miembros de pandillas, pero no prohibió otras detenciones más rutinarias y no prohibió a los agentes detener a familiares, amigos o testigos que pudieran enfrentar la deportación.
En febrero, la administración ordenó a ICE que se concentrara solo en las personas en el país que representan una amenaza, que han cometido delitos específicos, incluidos delitos graves y delitos sexuales, o que tienen condenas recientes por conducir bajo los efectos del alcohol.
Las prioridades son similares a lo que se hizo bajo el presidente Barack Obama, pero son más restrictivas que bajo Trump, cuya administración buscó arrestar y expulsar a cualquier persona en el país ilegalmente, independientemente de sus antecedentes penales o lazos comunitarios.