Primera modificación:
Este viernes, la Administración de Joe Biden levantó las sanciones que el entonces presidente Donald Trump le impuso dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), incluida la fiscal Fatou Bensouda. Las sanciones, consideradas como una de las medidas más agresivas contra organismos y personalidades internacionales, fueron aplicadas cuando la CPI anunció que iba a investigar si militares de Estados Unidos cometieron crímenes durante la guerra de Afganistán.
Joe Biden ha puesto fin a otra de las medidas aplicadas en la era de Donald Trump. Este viernes el demócrata revocó las sanciones que Trump impuso contra dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), intentando asentar una mejor relación con el tribunal tras el roce que tuvo con la Administración republicana, a raíz de la investigación de presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.
A través de un comunicado, Antony Blinken, actual secretario de Estados Unidos fue el encargado de hacer pública la noticia. A pesar del levantamiento de las sanciones, Blinken dejó claro que el actual Ejecutivo de Estados Unidos también está “en total desacuerdo” con el intento de la CPI de “ejercer influencia” sobre estados que no son parte de ella, como Estados Unidos e Israel.
Today @POTUS removed sanctions previously imposed against @IntlCrimCourt personnel. The U.S. maintains our opposition to the ICC’s attempts to exercise jurisdiction over personnel of non-States Parties, such as the United States and Israel. https://t.co/tD4vrAZY1h
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 2, 2021
El político aseguró que considera las medidas de Trump como “inapropiadas e ineficaces”. También señaló que cree que sería más efectivo que todas las partes se sentaran a “discutir” una posible solución, en lugar de imponer sanciones directamente sobre las personalidades importantes dentro del organismo de justicia internacional.
Por su parte, la CPI acogió con “satisfacción” la noticia, mostrándose abierta al diálogo. Su presidenta, Silvia Fernández de Gurmendi, lo expresó así en una nota oficial.
La Presidenta de la Asamblea de los Estados Parte, la Sra. Silvia Fernández de Gurmendi @PASPFernandez, acoge con satisfacción el anuncio de los Estados Unidos de revocar las sanciones contra la CPI https://t.co/m1vrhBkiQu
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 2, 2021
“Como Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, deseo expresar mi profundo reconocimiento por la decisión adoptada hoy por el Gobierno de los Estados Unidos de revocar la Orden Ejecutiva 13928 y de levantar las desafortunadas sanciones contra la fiscal de la Corte Penal Internacional y un miembro de alto nivel del personal de su oficina, así como de poner fin a la política separada de 2019 sobre restricciones a las visas para algunos funcionarios de la Corte”, remarcó Fernández en un comunicado de la CPI.
El origen del conflicto con la CPI
El conflicto estalló a raíz de que el tribunal, con sede en La Haya, anunciase a finales de 2017 que iba a investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante la guerra de Afganistán (2001-2014). La decisión no fue bien recibida en Washington. Mike Pompeo, exsecretario de Estados Unidos, se refirió a la CPI el año pasado como un “tribunal desautorizado”.
El desacuerdo llegó a cotas mayores cuando la CPI dijo que abriría una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en tierras palestinas por Israel, un aliado estadounidense que no reconoce la autoridad del tribunal. Y también, una nación a la que Estados Unidos siempre ha respaldado y que tiene un gran poder económico en el país norteamericano.
Como resultado de la determinación impusieron sanciones contra la fiscal del organismo, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko. Además, también se restringió la emisión de visados para los funcionarios del órgano con sede en La Haya, algo a lo que el Departamento de Estado de Biden también ha puesto fin.
El tribunal se creó para perseguir a los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando estos no sean debidamente atendidos por los sistemas judiciales nacionales. Este comenzó a funcionar en 2002 y, a pesar de que 123 países forman parte de la corte, Estados Unidos nunca se llegó a unir. En repetidas ocasiones, el país norteamericano ha asegurado que no se unirá porque considera que juzgar a tropas y funcionarios estadounidenses es un tema referente a la soberanía nacional. No obstante, sí ha apoyado iniciativas judiciales internacionales para castigar a aquellos que cometieron crímenes de guerra en regiones como los Balcanes o Ruanda.
“Nuestro apoyo al Estado de derecho, el acceso a la justicia y la posibilidad de que los responsables de atrocidades masivas rindan cuentas son importantes intereses de seguridad nacional para Estados Unidos”, aseguró Blinken respecto a su posicionamiento internacional.
La eliminación de estas sanciones es un paso más de la Administración de Biden hacia el multilateralismo. Desde que entró en la Casa Blanca, el demócrata dejó clara su intención de que Estados Unidos volviese al escenario internacional, con la misma presencia que había tenido antes del mandato de Trump. Este salió unilateralmente de numerosas instituciones y acuerdos internacionales por considerar que estaban “en contra de los intereses estadounidenses”, abanderando una política marcadamente aislacionista.
Desde su juramentación, Biden ha hecho que Estados Unidos vuelva a la Organización Mundial de la Salud, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Acuerdo de París y ha iniciado conversaciones para volver al acuerdo nuclear con Irán.
Con EFE, AP y AFP