LOS ÁNGELES, California.- Un migrante salvadoreño que durante un tiempo fue indocumentado y una concejal mexicoamericana de Los Ángeles demandaron esta semana al gobernador de California buscando eliminar su plan de entregar 75 millones de dólares a unos 150,000 adultos sin documentos legales.
El grupo conservador Center for American Liberty y el bufete jurídico Dhillon Law Group presentaron la querella en nombre de ambos hispanos republicanos en una corte estatal de San Francisco el miércoles.
Uno de los demandantes es Ricardo Benítez, quien en 1975 emigró de su natal El Salvador. Entonces era un menor y no tenía papeles. Se volvió ciudadano estadounidense a mediados de la década de 1980, la época en que millones de personas se legalizaron gracias a la Amnistía del gobierno de Ronald Reagan.
Benítez vive en el Valle de San Fernando, en el norte de Los Ángeles, y es candidato al Distrito 39 de la Asamblea de California, una curul que estará en juego el 3 de noviembre.
Al frente de esa batalla legal también está Jessica Martínez, quien hace un mes se convirtió en la primera hispana que llega al Concejo de Whittier, una ciudad angelina donde casi el 70% de sus habitantes son latinos. Aunque recién entró a la política, ya está compitiendo por un puesto más alto, el Distrito 57 de la Asamblea estatal, que representa al sur del Valle de San Gabriel.
La querella afirma que la iniciativa del gobernador Gavin Newsom viola las leyes federales y estatales porque los trabajadores indocumentados no son elegibles para beneficios de desempleo.
“El Código de Desempleo y Seguro de California no extiende los beneficios a los extranjeros que no tienen residencia permanente”, cita la demanda, que también menciona a Keely Bosler, director del Departamento de Finanzas de California. “En una nación de leyes, California debe respetar la ley federal de inmigración que prohíbe tales dádivas en efectivo por parte de los agentes del estado”, añade.
A mediados de marzo, el gobernador Newsom anunció que entregaría 75 millones de dólares y quizás otros 50 millones a unos 120,000 desempleados indocumentados afectados por la pandemia. Aunque pagan impuestos, estos trabajadores no reciben el subsidio de desempleo y quedaron fuera del paquete federal de rescate económico que entrega cheques de 1,200 dólares.
“Todos los californianos, incluidos nuestros vecinos y amigos indocumentados, deben saber que California está aquí para apoyarlos durante esta crisis. Todos estamos juntos en esto”, expresó Newsom en un comunicado el 15 de marzo.
A través de organizaciones sin fines de lucro aún no identificadas, el programa entregará 500 dólares en efectivo, con un límite de 1,000 dólares por familia, “para hacer frente a las necesidades específicas derivadas de la pandemia del covid-19”. Se espera que el dinero se reparta a mediados de mayo.
No se ha revelado cómo ni cuándo los grupos comunitarios elegirán a los beneficiados. El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) está coordinando dicho programa, el cual ha recibido donaciones de Grantmakers Preocupated with Immigrants and Refugees (GCIR), una red de fundaciones enfocadas en temas de inmigración.
Criticados en las redes sociales
La oficina de prensa del gobernador Newsom dijo en un breve comunicado enviado a este medio que buscarán desafiar tales argumentos en la corte.
“California está tomando medidas legalmente justificadas y moralmente necesarias para ayudar a todos los californianos afectados por el covid-19”, dijo su vocero Jesse Melgar. “Estas acciones benefician la salud pública y el bienestar económico de las familias y las comunidades más afectadas por esta pandemia. Esperamos defender en la corte lo que creemos es justo”, agregó.
Los abogados de la firma legal que interpuso la querella no estuvieron disponibles para una entrevista con este medio; tampoco fue posible contactar a sus clientes, Benítez y Martínez.
Ambos señalan en la demanda que mientras hacían campaña política en sus respectivas comunidades algunas personas expresaron su preocupación sobre el dinero que entregarán a los indocumentados.
“A él le preocupa la salud y el bienestar de todos los residentes de California durante estos tiempos difíciles. Sin embargo, él cree que el gobernador debe seguir la Constitución y las leyes estatales y federales, incluso en estado de emergencia”, dice la queja refiriéndose al salvadoreño Ricardo Benítez.
Una de las estrategias electorales de este centroamericano ha sido buscar el voto a través de transmisiones en vivo en Facebook en las que habla en español. Pero en esa red social le han criticado duramente por oponerse a la ayuda económica para los migrantes y lo han tachado de “racista”.
“Soy una republicana que está a favor de compartir ayuda con inmigrantes ilegales”, le escribió alguien en Facebook. “Tú eres un inmigrante, debería darte vergüenza”, le reclamó otra persona.
“No estoy en contra de los indocumentados”, respondió Benítez a uno de los comentarios. “Estoy en contra de los demócratas elegidos (que) abusan de los indocumentados”, agregó.
La concejal republicana Jessica Martínez también está en el ojo del huracán y hay una campaña en Change.org pidiéndole que se retire de la demanda. “Has optado por ponerte del lado del odio e ignorar nuestra dependencia del trabajo de los inmigrantes y sus contribuciones económicas”, señala la petición que este viernes había colectado más de 800 firmas.
En su cuenta de Facebook la llaman “vendida” y una “promotora de odio”. Ella no les ha respondido.
Martínez, quien es hija de mexicoamericanos, se define en la página de su campaña electoral como una “ciudadana preocupada” y una devota cristiana que cree “en la Biblia y sus enseñanzas”. Dice allí que su incursión en la política es para proteger la fe, las familias, los negocios, el derecho a portar armas y “el avance hacia el socialismo”.
Para ella, el gobernador Newsom tiene una “visión de extrema izquierda” que socaba el bienestar de las comunidades de California.
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