¿Cuál es la razón por la cual el gobierno mexicano dejó que el enfrentamiento con las autoridades norteamericanas en materia comercial llegara hasta donde ha llegado?
Ya está en el punto en el que ha tenido que plantearse una negociación formal en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).
Una parte de la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la visión que el gobierno de López Obrador tiene respecto al sector energético lo que también permite anticipar los posibles escenarios de esta negociación.
A menos que haya una gran sorpresa y que el gobierno actual decida modificar su perspectiva, lo más probable es que tras concluir el periodo de consultas se tenga que llegar al establecimiento de un panel para la solución de controversias.
Y, si no hubiera sorpresas, lo más probable es que ese panel concluya que la razón está de parte de los quejosos por lo cual una posibilidad es que se decrete un castigo arancelario a nuestro país.
Falta conocer si habrá un solo panel debido a que Canadá también anunció la solicitud de consultas, aunque no se ha formalizado esa solicitud hasta ahora.
En las próximas semanas deberá definirse si los reclamos son los mismos o difieren y si hay un solo panel o dos.
De acuerdo con primeras estimaciones hechas por el diputado Ildefonso Guajardo, quien fue el secretario de Economía durante la negociación del acuerdo, los castigos arancelarios podrían llegar a la cifra de 30 mil millones de dólares, lo que implicaría un fuerte daño a las exportaciones mexicanas. Pero, vayamos por partes.
El presidente López Obrador piensa que debido a que se incluyó un capítulo, el 8, en el cual se señala que el control de los hidrocarburos corresponde al Estado mexicano, con ello es suficiente para justificar las políticas que se han aplicado. O por lo menos es lo que públicamente ha planteado.
Obviamente nada tiene que ver ese capítulo con la disputa.
El gobierno parte de la premisa de qué está en su derecho establecer mecanismos y eventualmente cambiar las leyes para fortalecer la posición de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, a su arbitrio.
El diagnóstico realizado por la actual administración parte de la base de que durante muchos años, y sobre todo a partir de la reforma energética de 2013, Pemex y CFE fueron marginados de los mercados petrolero y eléctrico, estableciendo ventajas que considera indebidas para el sector privado.
Las reformas instrumentadas, en efecto crearon condiciones para que pudiera conformarse parcial y limitadamente un mercado petrolero y un mercado eléctrico.
Cuando existen condiciones monopólicas como las que teníamos, la regulación que busca la creación de mercados tiende a establecer condiciones asimétricas para poder evitar que los monopolios mantengan el control.
Eso pasó en México y pasa en cualquier lugar en el que se transite del monopolio a un régimen de competencia.
En cierta medida, eso empezó a suceder durante el sexenio de Enrique Peña y es precisamente ese conjunto de medidas lo que el gobierno de López Obrador busca desarticular.
El problema para el actual gobierno es que las reglas para crear un mercado energético en lugar de tener exclusivamente monopolios quedaron plasmadas en la Constitución y en diversos capítulos del T-MEC, por ejemplo los que establecen un trato igualitario a las empresas de los países que suscribieron el acuerdo o los que definen las condiciones de competencia en los diversos sectores económicos.
El Presidente López Obrador ha señalado que se pedirá el apoyo del actual embajador en China, Jesús Seade, quien fue el negociador por parte de su administración en este tratado, incluso antes de que comenzara formalmente el sexenio.
En realidad, no se ve cómo pueda ayudar, ya que para satisfacer a los quejosos de Estados Unidos y Canadá se requeriría, por ejemplo, que el gobierno modificara la Ley de la Industria Eléctrica o que cambiara las políticas que han puesto en práctica la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Secretaría de Energía.
Sin embargo, López Obrador ha planteado que eso significaría una violación de la soberanía.
El problema con la visión del gobierno mexicano, o por lo menos del presidente de la República, es que no parece reparar en que cuando se suscribe un tratado como el que se firmó, los países que lo suscriben acuerdan una renuncia parcial a su soberanía.
Esto es más visible en otro tipo de tratados como las uniones económicas, como en el caso de la Unión Europea. Pero, en cierta medida esa renuncia está presente en el TMEC.
Hay que recordar también que, en términos jurídicos, un tratado internacional ratificado por el Senado mexicano, como éste, tiene un nivel superior al de leyes secundarias y se encuentra solamente condicionado a la Constitución de la República.
Bajo esa premisa es que el escenario más probable, lamentablemente, sea el que a la vuelta del tiempo que lleve el proceso, tengan que aplicarse sanciones arancelarias.
Si esto sucede, y de acuerdo a prácticas internacionales, lo más probable es qué se apliquen en aquellos sectores que pueden generar un mayor daño en la economía mexicana pues precisamente se trata de un castigo.
Así por ejemplo, se considera que uno de los sectores que podría ser sujeto de sanciones es el de los exportadores agroalimentarios.
Diversos productores en los Estados Unidos han reclamado que productos mexicanos les quitan mercado, así que una jugada del gobierno norteamericano podría ser aplicar estas sanciones para congraciarse con grupos importantes de productores.
De acuerdo con los tiempos previstos por el propio tratado, el desenlace podría llegar hacia finales del 2023 o quizás incluso en el 2024.
A todo esto, falta darle también una dimensión política, lo que haremos en un próximo comentario.