Un sendero estrecho bordeado de eucaliptos lleva al viejo cuartel de Las Raíces en La Laguna, en el norte de Tenerife. Al llegar, los oídos se taponan ligeramente por la altitud, la temperatura cae cuatro grados y la humedad envuelve la ropa. Alrededor hay un puñado de casas sencillas, con las paredes de colores, y campo. Mucho campo. Al fondo, la pista del aeropuerto de Tenerife Norte. El ruido de las excavadoras lo ensordece todo. El barro se pega a los zapatos. En unos días este acuartelamiento abandonado y con uno de sus edificios en ruinas será uno de los mayores campamentos de inmigrantes en España, con capacidad para 1.500 personas. Solo lo superará el cuartel de Las Canteras, también en La Laguna, donde se ultiman naves y duchas comunes para hasta 1.800 inmigrantes.
La crisis migratoria en las islas Canarias, adonde han llegado en lo que va de año 20.000 personas en pateras y cayucos, ha sobrepasado a la Administración. Después de un año de repunte de llegadas, una pandemia y las limitaciones para ejecutar expulsiones, La Moncloa finalmente ha asumido la situación en Canarias como una emergencia y ahora hay una carrera contrarreloj para resolverla. El tiempo corre y las llegadas continúan. Tras el desmantelamiento del campamento improvisado del muelle de Arguineguín, aún hay casi 7.000 migrantes acogidos en hoteles que deberían ser realojados en las próximas semanas.
La negativa del Ejecutivo a facilitar grandes traslados de migrantes a recursos de la Península ha dejado pocas opciones, más allá de concentrar a los desembarcados en las islas. La Secretaría de Estado de Migraciones ha apostado por crear en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura un modelo de macrocampamentos temporales, inédito en España. En esos lugares residirán los inmigrantes en régimen abierto. Se les mantendrá allí a la espera de una hipotética expulsión.
Las máquinas de Las Raíces llevan días despejando a toda velocidad la maleza, aplanando la tierra mojada y asfaltando tres enormes explanadas donde se instalarán carpas y baños portátiles. El cuartel ya sirvió de campamento de emergencia en la crisis de los cayucos de 2006, pero entonces las tiendas se instalaron directamente sobre la tierra. En esta ocasión se ha transformado completamente el paisaje. Solo un imprevisto político de última hora ha frenado el ritmo frenético de los trabajos. El Ayuntamiento de La Laguna (gobernado por PSOE, Unidas Se Puede y Avante) paralizó las obras el jueves mientras se gestionan los correspondientes trámites urbanísticos, pero Migraciones confía en retomar el trajín de sol a sol cuanto antes.
La gestión de las llegadas, con 14.000 desembarcos solo en los últimos dos meses, se ha traducido en el colapso en la recepción y la acogida, un escenario de caos que ha abonado los discursos de la extrema derecha. Por un lado, la falta de espacios para la custodia policial llevó al Ministerio del Interior a hacinar a los recién llegados durante casi cuatro meses en condiciones insalubres en el puerto de Arguineguín. Por otro, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estiró una red de acogida precaria —apenas 70 plazas hace un año— con los complejos hoteleros vaciados de turistas por la pandemia. Los meses pasaron mientras se mapeaban lugares adecuados para atender a miles de recién llegados en patera. Problemas de licencia, la negativa de autoridades locales a acoger migrantes en sus municipios y la resistencia del Ministerio de Defensa a ceder sus instalaciones agravaron la crisis.
Los nuevos campamentos tendrán unas 7.000 camas instaladas en dos cuarteles de Tenerife, otro en Gran Canaria y un cuarto en Lanzarote, todos ellos cedidos temporal o indefinidamente por Defensa. El despliegue está casi terminado además en un colegio de un barrio desfavorecido de Las Palmas de Gran Canaria y en una nave de oficinas cedida por Bankia. Aún no hay fecha definida para ocuparlos, pero el objetivo es comenzar en los próximos días.
En el regimiento Canarias 50, en un polígono de Las Palmas de Gran Canaria, un empleado de Tragsa, la empresa pública encargada de las obras, corretea de una punta a otra pegado al teléfono. El contrato obliga a levantar todo, salvo imprevistos, en 15 días, y no hay tiempo que perder. Estaba todo por hacer y ha habido que limpiar, contratar fontaneros, electricistas, recibir en el puerto las carpas de la Cruz Roja o poner de acuerdo a empresas de demolición normalmente competidoras para que trabajen juntas. Aquí, la demolición de nueve naves en ruinas dejará espacio a 14.000 metros cuadrados en forma de ele.
En esta fase de emergencia, que costará al menos 43 millones de euros financiados con fondos de la UE, el objetivo es tenerlo todo listo cuanto antes. Más adelante se estudiará cómo convertir algunos de estos alojamientos en espacios más cómodos y permanentes. Pero, acabadas las obras, hay un enorme desafío igual de urgente: la gestión de estos centros con tantas personas no tiene precedentes en España. El único espacio de acogida con un volumen parecido es el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, que, con una capacidad para 780 personas, ha llegado a albergar a más de 1.700 en plena pandemia. No es casualidad que su director, el militar en excedencia Carlos Montero, con experiencia en la intendencia del Ejército de Tierra, haya sido el elegido por Migraciones para coordinar toda esta logística en las islas.
El día a día de estos nuevos centros implica organizar transporte, asistencia médica, documentación, comidas y una convivencia multitudinaria. La gestión de una parte de los campamentos recaerá en Cruz Roja, que concentra prácticamente toda la atención humanitaria en las islas, y otra, previsiblemente, en la Cruz Blanca, una organización de franciscanos. La novedad está en la posible entrada como gestora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo papel en España se limita a la organización de retornos voluntarios. Un equipo de técnicos venidos desde Grecia, donde sí tienen experiencia en la gestión de grandes alojamientos, ha visitado estos días los cuarteles de Tenerife. “Gestionar alojamientos para 7.000 personas con todos los servicios que necesitan es un reto tremendo”, asume Montero. “Hay mucho trabajo que hacer”.