Apelar un fallo de inmigración será imposible para los inmigrantes pobres con las nuevas tarifas del servicio – Univision

El anuncio de nuevas tarifas lanzado la semana pasada por el servicio de inmigración puede significar que, a partir del 3 de octubre, los inmigrantes pobres tendrán cada vez menos oportunidades de apelar decisiones del servicio de inmigración y seguir luchando por permanecer legalmente en Estados Unidos.

La nueva lista de precios de los servicios que brinda la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) señala que el formulario I-290B registrará un incremento de $25 dólares (de $675 a $700), un precio que si ahora es casi inalcanzable, dentro de dos meses lo será todavía más.

“Ya en estos tiempos es poco probable que un inmigrante que está batallando por un beneficio migratorio disponible apele un fallo desfavorable emitido por la USCIS)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Y el debido proceso le da un plazo máximo de 30 días para que envíe el formulario y el pago”, indica.

Guerrero dice que si bien el aumento a la tarifa del formulario I-290B “es del 2.5% ($25), se trata de una cifra inalcanzable para muchos. Un alto porcentaje de inmigrantes que están en proceso de ajuste de estatus no ganan mucho y la pandemia del coronavirus ha dejado a miles sin empleo”.

A la pregunta si un extranjero que solicita un beneficio migratorio disponible puede pedir una exención de pago ( fee waiver), Guerrero respondió que “en ese caso puede afectar el proceso porque el gobierno puede determinar que ese extranjero se convertirá en una carga pública”.

“No solo le podrán rechazar la excusa del pago, sino también afectar el trámite o solicitud del beneficio migratorio que está pidiendo”, indicó.

Moción de reapertura

Uno de los trámites más comunes cuando se utiliza el formulario I-290B es la Moción de Reapertura, que se presenta cuando se logran reunir pruebas o evidencias para cambiar una decisión tomada por la USCIS.

Otro trámite frecuente es la Moción de Reconsideración, en la que se pide al servicio de inmigración que revise el caso basado en la decisión tomada. “Y también simplemente se puede apelar la decisión”, agregó.

Este paso se da cuando se logra explicar a las autoridades de inmigración que existió un error legal durante un proceso que culminó con una negativa.

El formulario I-290B se entrega a la oficina donde se tomó la decisión y ellos la trasladan a la Oficina Administrativa de Apelaciones del servicio de Inmigración. Desde 2004 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha advertido que el costo por estas gestiones ha sufrido aumentos significativos.

En 1989 el costo de una apelación era de $50, mientras que en 2004 fue estimado en $382. El 23 de noviembre de 2011 aumentó de $585 a $630. Esta vez la USCIS dijo que será de $700 a partir del 3 de octubre.

En 2010 el USCIS dijo que el mayor número de apelaciones afectó decisiones tomadas en casos de petición de residencia para trabajadores extranjeros ( formulario I-140).

Amenaza pendiente

El anuncio de las nuevas tarifas hecho e viernes no es la única amenaza para los inmigrantes de bajos recursos. A finales de febrero el gobierno publicó en el Registro Federal una propuesta de incremento a las tarifas de dos formularios clave de la Corte de Inmigración (EOIR) que se utilizan para a apelar decisiones de los jueces y empleados de los tribunales.

Abogados y activistas advirtieron en esa ocasión que la iniciativa estaba dejando sin opciones a los inmigrantes para que luchen por sus derechos de permanencia.

La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) dijo que la propuesta incluye nuevas tarifas para siete documentos, entre los que se encuentran la apelación a la decisión de un juez (formulario EOIR/26) y la apelación a la decisión de un funcionario (formulario EOIR/29).

La propuesta indica que el EOIR/26 aumentará de $110 actuales a $975 (un incremento de 786%). A su vez, el formulario EOIR/29 aumentará de los $110 actuales a $705 (un incremento de 541 por ciento).

“Estos aumentos están detenidos. Pero se espera que entren en vigor en cualquier momento una vez pase esto de la pandemia”, dice Guerrero. “Si lo hacen, imagínese, dejarán sin opciones a los inmigrantes de bajos recursos”, precisó.

“Ya con la actual tarifa muchos de ellos han revelado que no tienen cómo pagar una apelación, mucho menos contratar a un abogado para que los asista en el proceso de apelación”, apuntó.

Para Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), el anuncio hecho en febrero “es inaceptable, porque lo que el gobierno está haciendo es asegurarse de que nadie pueda utilizar nuestro sistema de inmigración legal”.

Las nuevas tarifas a los formularios de EOIR se suman a una larga lista de cambios y modificaciones de reglamentos que en los últimos tres años y medio han dificultado los trámites para que los extranjeros consigan beneficios migratorios.

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