Organizaciones civiles que trabajan con inmigrantes reconocen que, tras la decisión de la Corte Suprema de bloquear las prioridades de deportación del presidente Joe Biden, los indocumentados podrían estar en riesgo de expulsión, aunque no tengan récord criminal.
Lo anterior porque el fallo ya no impide a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplicar la guía de deportaciones de septiembre del 2021, impulsada por el secretario Alejandro Mayorkas, a fin de enfocar los esfuerzos en quienes representen un peligro para la seguridad de EE.UU.
“El fallo alentará a los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza a seguir dañando a nuestra comunidad”, indicó la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
La coalición expresó “estar alarmada” con la decisión del Máximo Tribunal sobre los riesgos que supone su decisión.
Además de gente con récord criminal, la Administración Biden también se enfocaba en el arresto y deportación de inmigrantes que ingresaron a EE.UU. después de noviembre del 2020, pero con la Corte Suprema esas prioridades podrían cambiar.
“La política también fue un esfuerzo de la Administración para deshacer el enfoque cruel de [Donald] Trump hacia la aplicación de la ley de inmigración que amenazaba a muchas familias con el riesgo de separación, detención y deportación”, recordó Immigration Hub sobre el plan de Biden ahora bloqueado.
La breve decisión fue presentada por el juez Samuel Alito, donde se establece que los argumentos adicionales sobre la guía podrían ser escuchados en diciembre, tras los cuales se podrá tomar una decisión final.
La votación 5-4 en la Corte Suprema tuvo los votos en contra de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, quien votó por primera vez en una decisión tras asumir el cargo.
Desde junio pasado, los agentes de ICE pueden detener a cualquier inmigrante indocumentado, debido a que el Departamento de Seguridad Nacional detuvo la guía tras la decisión inicial del juez de Texas, Drew Tipton, tras una demanda de los estados republicanos de Texas y Louisiana.
Se recomienda a inmigrantes en posible riesgo de deportación pedir ayuda legal y crear un plan con sus familias.
El retorno a la política hostil
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, criticó el fallo y otros de la Corte Suprema sobre derechos civiles.
“Este y otros fallos de lo que ahora es un tribunal hostil deben leerse nada menos que como un grito de batalla, para enfatizar la necesidad de que el Congreso de los Estados Unidos actúe”, dijo. “El tribunal supremo ultraconservador está pisoteando una vez más la discreción del Poder Ejecutivo para hacer lo que considere razonable al abordar uno de los capítulos vergonzosos de la política de inmigración de esta nación”.
Kerri Talbot, subdirectora del Immigration Hub, defendió el plan del DHS para que ICE optimice los recursos que tiene a su alcance a través de la guía de deportaciones ahora bloqueada.
“Si bien queda mucho por hacer para garantizar un sistema más justo y humano, estos cambios [con la guía de deportaciones] han sido un paso fundamental hacia comunidades más seguras y estables”, dijo. “Mientras esperamos a que el Tribunal se haga cargo de este caso, los esfuerzos de la agencia para dirigir sus recursos limitados de la mejor manera posible se verán interrumpidos, ya que las familias volverán a temer lo peor: separación, detención y deportación”.
Para Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, la decisión de la Corte Suprema fue “absolutamente absurda”.
“Cada administración presidencial en la historia ha tenido prioridades de aplicación de la ley de inmigración”, recordó. “Cuando el Congreso creó el DHS en 2003, ordenó legalmente que el secretario del DHS estableciera tales prioridades. Ahora, un SCOTUS de 5-4 ha permitido que un solo juez en Texas invalide a Mayorkas”.