Un plan que comenzó en 2017 es reforzado este año en plena crisis de coronavirus
Foto: John Moore/Getty Images
Activistas y defensores de inmigrantes advirtieron que el Gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos para retirar la ciudadanía a quienes considere que cometieron fraude.
Un reciente ajuste de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) volvió a levantar las banderas rojas sobre la estrategia gubernamental iniciada en 2017 con la investigación de miles de posibles casos de fraude.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) afirma que la oficina migratoria mantiene su política sobre revocación de la naturalización si la adquirió ilegalmente o a través de engaño, indica un reporte de Univision.
Los esfuerzos de USCIS parecen ser ahora más viables, debido a que la semana pasada se alineó con la determinación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) Matter of Jun Yun ZHANG resuelta en 2019.
“La BIA sostuvo en esta decisión que no es necesario hacer reclamos falsos de ciudadanía estadounidense para hacer que un extranjero sea deportable”, indica. “El Manual de políticas también aplica la decisión de BIA al reclamo falso de inadmisibilidad de ciudadanía estadounidense, ya que es prácticamente idéntico al motivo de deportabilidad”.
La decisión de BIA no obliga al gobierno demostrar que un inmigrante reclamó falsamente la ciudadanía.
Con la colaboración del Departamento de Justicia, las autoridades migratorias investigan más de 315,000 casos desde 2017 que podrían derivar en el retiro de ciudadanía, pero también de Residencia Permanente, informó entonces este diario.
El 19 de septiembre de ese año, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, puso bajo investigación miles de ciudadanías, bajo el supuesto de que los beneficiarios eludieron la ley o faltaron datos biométicos indispensables.
“El gobierno está buscando gente que ellos perciban que se trata de individuos que han cometido fraude, aunque se trate de ciudadanos estadounidenses naturalizados”, advirtió el abogado de inmigración Ezequiel Hernández.
El experto menciona varios escenarios:
Los expertos sugieren a inmigrantes en cualquiera de esos casos –o que sospecha que pudiera tener un problema por alguna omisión– comunicarse con un abogado para descartar riesgos.
Los casos extremos de la autoridad no solamente terminan en el retiro de la ciudadanía, sino que derivan en deportación.
De cualquier modo será un juez quien tome la decisión, pero la reciente determinación de la BIA podría facilitarle a las autoridades su trabajo.
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