Sessions prohibe a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, prohibió este jueves a los jueces de inmigración la práctica de archivar casos de deportación que involucran a algunos inmigrantes que tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplica desde la década de 1980.

El llamado “cierre administrativo” permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en Estados Unidos pese a carecer de un estatus legal.

Bajo la presidencia del demócrata Barack Obama hubo un esfuerzo por cerrar administrativamente ciertos procedimientos como una forma de permitir que los jueces se centraran en asuntos de mayor prioridad y redujeran el atraso en los tribunales de inmigración. Más de 200,000 casos fueron cerrados durante los últimos seis años de su mandato.

Los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo.

Dado que los tribunales de inmigración están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, el fiscal general puede emitir opiniones en casos de inmigración que permitan establecer un precedente legal para los jueces en todo el país y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Según el secretario del Departamento de Justicia los jueces “no tienen la autoridad general para suspender indefinidamente los procedimientos de inmigración por cierre administrativo” y los cierres administrativos “carecen de base legal”.

Este jueves, Sessions emitió una orden de este tipo en un caso en el que un juez había concedido un cierre administrativo para un menor no acompañado procedente de Guatemala.

Abogados y defensores de los inmigrantes citados en el diario San Francisco Chronicle dijeron que temían que la decisión condujera a muchas deportaciones de inmigrantes que ya no tendrían la oportunidad de establecer su derecho a permanecer en el país, al tiempo que agrega un gran número de casos a los ya abrumados tribunales de inmigración.

Jeffrey Chase, abogado de Nueva York y ex juez de inmigración, citado por el Chronicle, afirmó que con esta decisión Sessions “hace que sea más complicado para las personas que tienen razones legítimas, legalizar su estatus”. En muchos casos, dijo, “el resultado final será una deportación rápida”.

Trina Realmuto, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que la decisión era “dañina para los inmigrantes y sus comunidades” y reflejó la “animadversión antiinmigrante” de Sessions.

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