Refugiados Centroamericanos, ¿cuánto más esperamos para llamarlos por su nombre?

En Centroamérica la violencia crónica que agrava las recurrentes crisis económicas y la incapacidad de los gobiernos para mejorar las condiciones de sus ciudadanos obligan a cientos de miles de personas a huir de sus comunidades, año tras año, en busca de su supervivencia. Al igual que en África y Oriente Medio, la huida es para muchos ciudadanos la única posibilidad para salvar sus vidas y la de sus familias.

Desde 2012, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) brindan atención en México a la población vulnerable que huye de la violencia en Honduras y El Salvador, principalmente. En 2015, MSF ofreció atención médica y de salud mental, incluyendo actividades psicosociales, a 9.130 centroamericanos. Según una Encuesta de victimización realizada por sus equipos, el 88% de los migrantes encuestados manifestó que la violencia generalizada en sus países de origen era una fuerte razón de preocupación. De entre las razones específicas para migrar, las amenazas directas fueron señaladas por más del 30% de los encuestados (salvadoreños y hondureños), los ataques directos fueron mencionados por alrededor del 19% y el 8% también incluyó los intentos de reclutamiento forzado.

En el Océano Pacifico no se avistan embarcaciones con cientos de migrantes abordo como se ha visto en el Mar Mediterráneo. En los límites de la frontera sur de México con Guatemala y al norte con los Estados Unidos, no hay campamentos asentados con guatemaltecos, salvadoreños ni hondureños, pero aún así los migrantes centroamericanos que pasan cada día por estas zonas se cuentan por miles.

En su huida, cruzan en neumáticos los ríos, caminan varios kilómetros por veredas, viajan en La Bestia (el tren de carga que cruza México) o escondidos en los dobles fondos de los camiones de transporte y se refugian en los albergues.
Por si fuera poco, desde que se empezó a aplicar el Plan Frontera Sur, hemos podido constatar que se encuentran ahora más expuestos a tratos inhumanos, extorsiones, violencia sexual y secuestros por parte del crimen organizado. En ocasiones, con la complicidad con las autoridades mexicanas.

Los equipos de MSF desplegados en varios puntos de la ruta a lo largo del territorio mexicano, atienden las múltiples afecciones médicas y de salud mental que esta población padece a consecuencia de la violencia en sus países de origen y durante su tránsito por México.

“Esta vez traje a mi vecina y ambas fuimos retenidas por un grupo de delincuentes. Los policías federales fueron cómplices de ellos y cada una de nosotras fue entregada a uno de los pandilleros. Fui violada, me pusieron un cuchillo en el cuello y no me resistí; me da vergüenza decirlo pero creo que fue mejor porque si no me mataban” (Paciente hondureña).

Los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, país receptor, y México, considerado por la mayoría de los migrantes como nación de tránsito, se centran en políticas enfocadas en la contención de los flujos migratorios, cuyos principales recursos son destinados a la persecución, detención y deportación, sin mayores protocolos.
Esto impide saber cuáles de ellos, sobre todo grupos vulnerables como mujeres, niños, grupos LGBTI, adultos víctimas de violencia extrema, requieren asilo u otras medidas de protección.

Nos preocupa enormemente que muchos de nuestros pacientes, que ya presentan cuadros agudos de ansiedad, depresión o estrés postraumático, puedan ser devueltos a sus países de origen, aún cuando han sido amenazados por pandillas y su vida corre serio peligro. La devolución masiva y sistemática de menores vulnera la legislación mexicana que establece que siempre prevalecerá el interés superior del niño o del adolescente.

MSF considera que esta situación debe ser reconocida y abordada por los gobiernos de la región. Además de la asistencia médica, las autoridades de México y Estados Unidos deben garantizar la implementación de mecanismos de protección efectivos incluyendo los previstos en las convenciones sobre el estatuto de refugiado y las directrices para el reconocimiento de las víctimas del crimen organizado y las maras. La región tampoco puede dar la espalda a la crisis de refugiados centroamericanos, originada por situaciones de violencia extrema, cuyas consecuencias humanitarias se ponen en evidencia a diario a lo largo del territorio mexicano.

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