Propuesta sobre inmigración paraliza a muchos inmigrantes. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Tratar a los miamenses sin seguro médico ya es complicado para el Dr. Fred Anderson, sin tener que preocuparse de colocar a pacientes inmigrantes en una situación de quedar alejados de sus familiares y perder el acceso a servicios médicos gratis o de bajo costo.

                                Pero con la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump, que negaría beneficios de inmigración a personas que usen ciertos beneficios públicos, como cupones de alimentos, asistencia para vivienda y Medicaid, Anderson dijo que su trabajo se ha dificultado mucho.




                                Menos pacientes se someten a tratamiento, dijo Anderson, y los que lo hacen se muestran cada vez más reacios a seguirlo, lo que hace aumentar las probabilidades de que sus problemas médicos empeoren.




                                “Muchos de nosotros consideramos que esto es un esfuerzo por convertir las prestaciones sociales en un arma”, dijo.

Expertos jurídicos y defensores de los pacientes dicen que la propuesta, conocida como “carga pública”, afecta a inmigrantes que solicitan un estatus legal pero no a sus hijos y dependientes. Pero la confusión y el temor sobre la política probablemente lleve a que menos menores en núcleos familiares de inmigrantes reciban atención médica, cupones de alimentos y otros beneficios que son clave para un desarrollo saludable, dijo Miriam Harmatz, abogada especializada en servicios médicos y codirectora ejecutiva del Florida Health Justice Project, una organización sin fines de lucro que defiende un mayor acceso a los servicios médicos.

                                “La gente está confundida y temerosa”, dijo.




                                El Justice Project calcula que en la Florida hay unos 107,000 niños en la Florida —aproximadamente la mitad en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach— probablemente pierdan la cobertura de seguro del gobierno como resultado del efecto de la propuesta sobre las llamadas familias de estatus combinado, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses pero uno o los dos padres no lo son.




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                                En Miami-Dade viven más inmigrantes que en cualquier otro lugar de la Florida, y casi 60 por ciento de los habitantes nacieron en otro país y 28 por ciento se identifican como no ciudadanos, según el Censo federal. De los 400,000 niños ciudadanos en la Florida que reciben Medicaid o CHIP y viven con un padre no ciudadano, el 27 por ciento, aproximadamente 109,000, viven en Miami-Dade.




                                Un aumento en la cantidad de niños no asegurados, dijo Harmatz, probablemente abrume el Sistema de Salud Jakcson, de Miami-Dade y financiado por los contribuyentes, que recibe más de $400 millones al años en fondos locales para cumplir la obligación de ofrecer servicios médicos a todos los habitantes del condado, sin importar su estatus inmigratorio o capacidad de pago.











                                “Esos costos se van a pasar a los contribuyentes de Miami-Dade”, dijo Harmatz.









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Florida Health Justice Project