Nuevo estándar establecido por Sessions a los jueces de inmigración facilitará las deportaciones

Cinco meses después de anunciarlo, el fiscal general Jeff Sessions dio un nuevo paso en sus esfuerzos por limitar los poderes de los jueces de inmigración. Su propósito es afectar los procesos judiciales que llevan a cabo cientos de miles de inmigrantes en busca de beneficios o que pelean legalmente sus permanencias en Estados Unidos.

Sessions firmó el jueves una orden provisional que establece el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación.

Contrario al debido proceso en el sistema criminal, las cortes de inmigración funcionan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia y el fiscal general tiene facultades para intervenir.

A finales de marzo Univision Noticias reportó que los planes del gobierno de Donald Trump de expulsar al mayor número de inmigrantes indocumentados en el menor tiempo posible, se enfrentaba a la decisión de los tribunales que colocan casos de deportación en espera.

En los últimos cinco años unos 350,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.

La nueva orden

Sessions dijo en su nueva orden que “el estándar de causa justificada requiere consideración y equilibrio de múltiples factores cuando un extranjero demandado solicita más tiempo para buscar alivio colateral de otra autoridad, por ejemplo, una visa”, para permanecer de manera legal en el país.

Puntualizó además que “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”.

“Desgraciadamente el fiscal general se está entrometiendo entre lo que es el criterio de cada juez limitándole sus poderes y libertades que los magistrados deben tener en su corte”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas Texas. “Los está forzando a que no utilicen su discrecionalidad y poderes cada vez que decidan, por ejemplo, continuar un caso. Está aumentando la burocracia al poder de que gozaban los jueces de inmigración”, agrega.

Respecto a los daños colaterales que provocará esta orden, Barrón citó por ejemplo “a personas que se encuentran en proceso de obtener una visa U por tratarse de víctimas de violencia o de un crimen y esperan ajustan sus estatus de permanencia y los jueces teman que, si conceden más tiempo para reunir una eviencia adicional, la fiscalía general lo penalice”.

“Los jueces se verán más restringidos en el uso de sus criterios”, puntualizó Barrón.

Miles de casos afectados

La orden de Sessions también afecta a unos 350,000 casos de deportación que fueron cerrados por los jueves en los últimos cinco años, pero reabiertos por Sessions este año como parte de la política del gobierno de Trump.

“El fiscal general no sabe de lo que está hablando”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Mire, en los más de 350,000 casos cancelados, los jueces determinaron que esas personas son honorables, no tienen antecedentes criminales, tienen familias establecidas en Estados Unidos, demostraron tener una buena causa para quedarse en este país”, indicó.

Gálvez dijo además que, desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca “los jueces ya no tienen discreción para cerrar un caso de deportación (cierre administrativo). Pero olvida que todos los cierres dictaminados fueron, y de eso no me cabe duda, por una buena causa. No pueden ahora venir a decirnos que a partir de este momento habrá buena causa y que antes no existía. Eso no es cierto”.

Jueces alarmados

La decisión de Sessions, de anular dictámenes que permitieron el cierre de miles de casos, fue duramente criticada por los jueces de inmigración.

“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, dijo en mayo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta emérita de la NAIJ. “Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados”.

“Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, agregó.

Marks dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente. No es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

“Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir, porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.

Las razones de Sessions

El fiscal general argumenta su decisión alegando que en la última década hubo un aumento considerable de cierres administrativos. Y en muchos casos los jueces actuaron “por cualquier razón o ninguna razón en absoluto”.

“Por el contrario, el requisito de causa justificada es un control importante sobre la inmigración y la autoridad de los jueces debe reflejar el interés público en la aplicación expedita de las leyes de inmigración, así como la tendencia de continuos injustificados para minar el funcionamiento apropiado de nuestro sistema de inmigración”, escribió en la orden.

El llamado “cierre administrativo” o “cancelación de deportación” perseguido por Sessions ha permitido a los jueces de inmigración remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.

Sessions anunció su decisión en abril a raíz de un caso en el que un juez de inmigración había otorgado el cierre administrativo para un menor no acompañado originario de Guatemala.

Los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante muchos años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo y una licencia de manejar.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha dicho que “con esta medida, el fiscal general ha eliminado una herramienta crítica de gestión de expedientes, asegurando efectivamente que el sistema judicial de inmigración seguirá siendo gravado con enormes atrasos de casos en el futuro”.

“El fiscal general malinterpreta groseramente la ley y hace caso omiso de la regulación federal existente y décadas de práctica en el tribunal de inmigración”, dije Annaluisa Padilla, presidenta de AILA.

“Vete de aquí”, el grito de manifestantes a Jeff Sessions durante su visita a Austin

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