Liberan a gualtemalteco con síndrome de Down detenido por inmigración en Florida

Un joven guatemalteco con síndrome de Down que fue arrestado hace dos semanas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, fue liberado de un centro de detención el miércoles.

                                Juan Gaspar-García fue liberado luego de que su hermana lanzara una petición en internet.




                                Gaspar-García fue una de las <a href="http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article207177629.html" target="_blank">28 personas detenidas en Fort Pierce</a> el pasado 28 de marzo, cuando agentes de Seguridad Interna allanaron una compañía de instalación de carpas, según dijo un familiar.




                                Gaspar-García, de 22 años, trabajaba en la compañía TentLogix junto a su hermano, cuyo nombre no fue revelado. El hermano de Gaspar-García fue liberado debido a que cuenta con la protección DACA, que el gobierno otorga a jóvenes indocumentados que califiquen bajo esa categoría.
































                                Pero Gaspar-García, quien inmigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años tras la muerte de su madre en Guatemala, no solicitó se acogió a DACA ni tiene otro estatus de protección migratoria, y estaba detenido en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach.




                                Su hermana, Dolores Gaspar-García, publicó una petición <a href="https://somos.presente.org/petitions/don-t-let-this-daca-eligible-youth-with-downs-syndrome-get-deported" target="_blank">en la página web somos.presente.org</a>, pidiendo al senador republicano de Florida Marco Rubio que ayude a proteger a Juan Gaspar-García de la deportación.




                                “Mi hermano no tiene la capacidad de entender algunas situaciones sin que se las expliquen bien porque tiene síndrome de Down, y probablemente no entiende por qué está ahí ni qué está pasando”, dijo Dolores a el Nuevo Herald. “Además él tiene diabetes, toma medicamentos y es muy importante que esté con nosotros para recibir los cuidados especiales que necesita”.











                                Según Dolores, si Gaspar-García es deportado a Guatemala, no tiene a nadie que lo pueda cuidar en su país natal. Sus tres hermanos y su papá viven en Florida. En el 2007 el joven se graduó de la escuela secundaria South Fork High School, en la ciudad de Stuart, Florida en un programa especial para personas con discapacidades.



















                                “Somos una familia de cuatro. Juan es el mayor, pero siempre lo hemos visto como el menor debido a su retraso en el desarrollo”, dijo Dolores en la petición. “En realidad él no sabe leer, escribir o expresarse bien y tartamudea cuando se pone nervioso. Estoy segura que en estos momentos me necesita”.

















                                La oficina de Rubio se enteró de la petición el martes y se comunicará con la familia para ofrecer asistencia, dijo una representante.




                                El martes por la tarde, Néstor Yglesias, vocero de ICE en Miami, emitió la siguiente declaración:




                                “Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE encontraron a Juan Gaspar-García mientras ejecutaban una orden de allanamiento criminal en su lugar de trabajo. Se pusieron en contacto con sus contrapartes de la Policía de Inmigración (ICE), que determinaron que Gaspar-García estaba en el país ilegalmente, lo arrestaron y le notificaron que debe comparecer ante un tribunal de inmigración. El procedimiento de su caso de inmigración están en curso”, dice la declaración.




                                “ICE conduce los casos de inmigración en cumplimiento con la ley federal y la política de la agencia. Sin embargo, como ha dejado claro el Director Interino de ICE, Thomas Homan, ICE no exime clases o categorías de extranjeros deportables de la aplicación de la ley. Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos al arresto, detención y, si se descubre que tienen una orden final de deportación, ser expulsados ​​de Estados Unidos”.




                                La agencia también proporcionó un manual que detalla el protocolo que deben seguir las instalaciones de detención de inmigrantes cuando trata con personas con discapacidades o necesidades especiales.




                                El documento dice, en parte, que los detenidos identificados “con discapacidad cognitiva, intelectual o de desarrollo” pueden ser referidos a un “equipo multidisciplinario”.




                                “Esos detenidos pueden enfrentar dificultades para navegar el sistema de detención.. Además, es posible que los detenidos no comprendan el proceso para solicitar un servicio especial o no estén al tanto de las limitaciones de acceso a los programas de las instalaciones”, dice el manual. “El personal de las instalaciones debe proporcionar la asistencia adecuada a un detenido con una discapacidad cognitiva, intelectual o de desarrollo, incluso si no se solicita explícitamente (por ejemplo, leer y explicar un formulario a un detenido con capacidades cognitivas limitadas)”.




                                También se requiere que la instalación reporte la identificación de detenidos con ciertas discapacidades a los agentes de inmigración a cargo de sus casos.




                                No está claro si estos pasos se siguieron en el caso de Gaspar-García.




                                “Cuando hablamos por teléfono, me dijo que lo habían tenido que llevar a la clínica [en el centro de detención] la noche que llegó ahí”, dijo Dolores sobre su hermano. “Le sube el azúcar cuando se pone nervioso o tiene emociones fuertes, hay que chequearle la sangre”.




                                Aunque durante el allanamiento del 28 de marzo en la empresa TentLogix fueron arrestados casi 30 inmigrantes, las autoridades federales insisten en que no se trató de un operativo de inmigración, sino de un “registro por un caso delictivo”. Al llegar a registrar las oficinas, se encontraron con el grupo de empleados indocumentados, según las autoridades.



















                                De acuerdo con su página web, la empresa ha instalado carpas para grandes galas y eventos como el torneo de tenis <a href="http://tentlogix.com/2017-miami-open/" target="_blank">Miami Open</a>, en Key Biscayne y en el concierto de <a href="http://tentlogix.com/ultra-music-festival-miami/" target="_blank">música electrónica Ultra</a>. Además, a través de la compañía Disaster Management Group, que pertenece a los propietarios de TentLogix y que opera en la misma dirección en Fort Pierce, brindan servicios a agencias del gobierno como “FEMA, General Services Administration y el ejército de Estados Unidos”, indica el sitio web.




                                Bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades han aplicado las leyes de inmigración de manera más enérgica, resultando en un aumento del 30 por ciento en los arrestos de inmigrantes indocumentados entre el 2016 y el 2017.




                                El 25 de enero del 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que le otorga a ICE autoridad para detener a inmigrantes indocumentados en EEUU, independientemente de si tienen antecedentes penales o no. La administración del ex presidente Barack Obama decía que se enfocaba en arrestar a inmigrantes que hubiesen cometido delitos graves y exhortaba a los agentes de inmigración a ejercer discreción en cuanto a los arrestos.




                                La familia de Gaspar-García ahora está consultando con una abogada que ya se comunicó con el joven, pero les preocupa el costo del servicio legal.



















                                “Vamos a ver cómo lo podemos pagar”, dijo Dolores, quien también contactó a la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), tras escuchar a un activista de esa organización hablar sobre los derechos de los inmigrantes en un programa radial comunitario.




                                “De los 1.8 millones de dreamers que califican para DACA, sólo 800,000 solicitaron la protección”, dijo Julio Calderón, el activista de FLIC. “Mucha gente se preguntó ‘¿qué va a pasar con el otro millón?’ Claramente que el caso de Juan [Gaspar-García] es la respuesta: aunque las autoridades digan lo contrario, serán detenidos y posiblemente deportados”.




                                <em>Esta historia será actualizada.</em>











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