La Casa Blanca publica memorando que pone fin a la política migratoria del ‘catch and release’

El gobierno de
Donald Trump dio un nuevo paso en su esfuerzo por reescribir la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso. El viernes publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el
memorando que pone fin a la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar), decisión que
se filtró la semana pasada.

El memorando, fechado el 6 de abril y firmado por Trump, incluye una serie de órdenes, entre ellas una que tiene como objetivo
elaborar “una lista detallada de todas las instalaciones existentes, incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse
para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de Estados Unidos o cerca de ellas”.

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La Casa Blanca enfatiza en su página que la política migratoria del presidente está enfocada en la adopción de “un sistema de inmigración que sirva al interés nacional” y para ello se ha propuesto, además de detener y aumentar el arresto de indocumentados,
“construir un muro” en la frontera con México y garantizar “la
pronta eliminación (
deportación) de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)”.

La tercera semana de marzo, el Congreso aprobó el proyecto de ley de lo que restaba del presupuesto de 2018 y dejó fuera el pedido de 25,000 millones de dólares solicitados por Trump para la seguridad fronteriza, entre los que estaba el dinero para el muro. Pese a ello, el mandatario
promulgó la ley el 23 de marzo, advirtiendo que estaba “descontento” con muchas de las disposiciones del proyecto.

A partir de entonces, utilizando su poder ejecutivo, ha firmado e impartido órdenes a sus secretarios para poner en marcha
medidas que implementen la dura política antiinmigrante prometida a sus electores.

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Catch and release

Trump contempla el uso de instalaciones militares para detener a indocumentados

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El memorando

En el documento publicado el 13 de abril (fechado el día 6), Trump anuncia
el fin de la política del ‘catch and release’ y lo argumenta como parte de sus medidas para “mejorar” la ejecución de las leyes de inmigración.

Utilizando un lenguaje similar al que usó durante su campaña –cuando
asoció la inmigración en la frontera al tráfico de drogas– el mandatario advierte nuevamente que son “una amenaza a nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad pública” una lista de factores: las operaciones de contrabando de personas, el tráfico de drogas y otro tipo de contrabando (no especificado), la entrada de pandilleros y otros delincuentes (que tampoco define) en la frontera de Estados Unidos.

Luego señala que
“la acumulación de casos relacionados con la inmigración en nuestro sistema administrativo es alarmantemente grande y ha obstaculizado la adjudicación expeditiva de casos destacados”.

Órdenes ejecutivas

Trump cita en el memorando las órdenes ejecutivas del 25 de enero (una sobre las
ciudades santuario y otra sobre el
muro) y la del 20 de febrero de 2017, cuando ordenó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que emita
“una nueva orientación y política” respecto al uso apropiado de la autoridad de detención bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para
detener y no liberar a extranjeros después de ser aprehendidos por violaciones a las leyes migratorias vigentes.

Si bien el DHS ha estado implementando la orden desde entonces, Trump pide hacer más para “proteger a nuestro país de los peligros de la liberación de extranjeros detenidos en nuestras comunidades mientras sus solicitudes de inmigración están pendientes”.

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El memorando, sin embargo, no detalla que muchos de los inmigrantes a los cuales se refiere
han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza, ni que llegan a Estados Unidos en busca de asilo. Un ejemplo de ello son los miles de inmigrantes centroamericanos del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la mayoría de ellos niños y mujeres, que desde finales de 2013 escapan hacia el norte para salvaguardar sus vidas.

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Los plazos de Trump

Trump ordena al secretario del DHS, en coordinación con los secretarios de Defensa y Salud, y el fiscal general, que en
un plazo de 45 días presenten le presenten un informe detallando todas las medidas que sus respectivos departamentos han llevado a cabo o ejecutarán para poner fin rápidamente a la política del ‘catch and release’.

En el informe, los ministros deben incluir obligatoriamente:

  • Todas las medidas tomadas para asignar los recursos legalmente disponibles para construir, operar, controlar o modificar o establecer contratos para construir, operar, controlar o modificar instalaciones para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en o cerca de las fronteras de Estados Unidos.
  • Todas las medidas para asignar agentes de asilo a los centros de detención de inmigrantes con el propósito de aceptar solicitudes y llevar a cabo determinaciones de miedo creíbles.
  • Todas las medidas tomadas para garantizar la detención de extranjeros detenidos por violaciones a la ley de inmigración.
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Multas y centros de detención

El memorando de Trump también ordena medidas “para garantizar la evaluación y recaudación de todas las multas y sanciones autorizadas de extranjeros presentes ilegalmente en el Estados Unidos y de
aquellos que facilitan su presencia ilegal en los Estados Unidos”, pero no explica a qué se refiere con esa última parte.

A finales de junio del año pasado el entonces secretario del DHS, John Kelly, anunció que el gobierno de Trump tenía previsto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzara a
imputar a familiares de niños inmigrantes traídos a Estados Unidos con cargos de tráfico humano.

También exigió una “lista detallada de todas las instalaciones existentes,
incluidas las instalaciones militares, que podrían usarse, modificarse o reutilizarse para detener a extranjeros por violaciones de la ley de inmigración en las fronteras de los Estados Unidos o cerca de ellas”.

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En el memorando del 25 de enero del año pasado, Trump decretó que la presencia indocumentada en Estados Unidos, hasta ahora una falta de carácter civil no criminal,
constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional.

El presidente también fijó un plazo de 75 días para la elaboración de un informe “identificando cualquier recurso adicional o autoridades que puedan ser necesarias para finalizar rápidamente las prácticas de la política del ‘catch and release’, dando lugar a extender poderes extraordinarios a las policías locales (estatales y municipales) para ejercer como agentes del servicio de inmigración.

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¿Cómo afectaría la eliminación de ‘catch and release’ a los niños inmigrantes indocumentados?
Univision

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