Juez federal suspende la acción ejecutiva un día antes de entrar en vigor

Un juez federal de Texas suspendió temporalmente el lunes la entrada en vigor de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, un día antes de que entrara en vigor la primera parte que frena la deportación de unos 2.4 millones de dreamers.
“No está permitido hacer nada para implementar ninguno de los nuevos programas que Obama anunció.”

El beneficio migratorio, anunciado el 20 de noviembre del año pasado, en total, protege de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, cuya entrada en vigor estaba prevista para este 18 de febrero.
El juez Andrew S. Hanen dio la orden de frenar la medida y dictó que el gobierno federal no está permitido hacer nada para implementar ninguno de los nuevos programas que Obama anunció en noviembre.
Minutos después de haberse emitido la medida cautelar, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien lidera la demanda, anunció el fallo provisional a través de su cuenta en twitter.

El fallo provisional de Hanen es en respuesta a una demanda presentada en diciembre por 26 estados, liderados por Texas, contra la acción ejecutiva. Veinticuatro de ellos, gobernados por republicanos, argumentan que Obama se extralimitó en sus funciones y que la medida viola la Constitución.
ILa decisión de Hanen significa que aquellos dreamers (soñadores) que tenían pensado enviar sus solicitudes de amparo de sus deportaciones a partir de este miércoles, no podrán hacerlo.
El dictamen provisional ocurre mientras la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, que preside Hanen, sigue revisando la demanda.
En su fallo, el juez asegura que “al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda”, concede “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya “una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal”.
La acción ejecutiva frena temporalmente por tres años las deportaciones y concede un permiso de trabajo por el mismo periodo de tiempo. Al tercer año pueden renovarse ambos beneficios.
Los demandantes habían pedido a Hanen que emita una “orden judicial preliminar” que bloqueara temporalmente tanto DACA como DAPA en tanto la querella sigue su curso.

El Servicio de Inmigración comenzará a recibir solicitudes de quienes califiquen para Acción Ejecutiva Extendida.

Wendy Feliz, representante del American Immigration Council, había advertido en la víspera que Hanen no estaba obligado a tomar una decisión antes de este miércoles, “pero se esperaba que lo hiciera”, Otra de las opciones que tenía el juez, además de suspender temporalmente la acción ejecutiva, era no tomar acción alguna y también rechazar el otorgamiento de la suspensión pedida por los demandantes.
También Hanen pudo haber emitido una orden de suspensión parcial contra algunos de los beneficios contenidos en la acción ejecutiva.
La decisión de Hanen ocurre en momentos que el Congreso, controlado por los republicanos, debate si aprueba el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para lo que resta del año fiscal 2015.
A finales de enero la Cámara de Representantes aprobó incluir dos enmiendas al proyecto, una que anula la acción ejecutiva y otra que prohíbe al DHS utilizar dineros del presupuesto en la ejecución de la medida.

El Presidente Barack Obama había advertido que vetará cualquier iniciativa de ley que frene la acción ejecutiva.
De no aprobarse el presupuesto antes del 27 de febrero, el DHS se quedará sin fondos para seguir operando, excepto áreas de emergencia de seguridad nacional.
Los republicanos, sin embargo, han dicho que seguirán desafiando la medida ya sea en el Congreso o en las cortes, y exigen al gobierno que escuche la voz del pueblo expresada en las urnas el martes 4 de noviembre del año pasado cuando concedió a los republicanos la mayoría en ambas cámaras del legislativo.
La demanda del 3 de diciembre fue entablada por el entonces gobernador electo de Texas, el republicano Greg Abbott, y luego secundada por otros 25 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.
Los demandantes argumentaron en ella que Obama no siguió la Ley de Procedimiento Administrativo en la emisión de su directiva migratoria. Y sostienen que la acción ejecutiva de Obama, en la propia admisión del presidente, “cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes”.
“La extralimitación constitucional por el presidente Obama es clara y muy preocupante”, señala el recurso.
El Center for Popular Democracy comentó que el fallo del juez Hanen es una medida cautelar temporal y que “no cambia el hecho de que la orden ejecutiva del presidente Obama sea una victoria para las familias inmigrantes.
“Hacemos un llamado al Departamento de Justicia para que presente inmediatamente una instancia ante el Quinto Tribunal de Apelaciones de Circuito para que sea desechada esta demanda sin mérito que se traduce en un ataque a las familias inmigrantes y una pérdida de dinero de los contribuyentes, dijo Joaquín Guerra, del Proyecto Organización de Texas (Texas Organizing Project) en un comunicado poco después de conocerse el dictamen de Hanen.
A mediados de enero, luego de una audiencia en la que ambas partes presentaron y defendieron sus argumentos, Hanen dijo que no emitiría un fallo sobre la solicitud de interdicto sino hasta antes del 30 de enero.
Señaló que el caso era “un área de debate legítimo” y que “no hay tipos malos en esto”. Dijo que Brownsville y el sur de Texas han visto tanto los beneficios como los inconvenientes de la aplicación estricta de las leyes de inmigración y de lo que “algunas personas llaman una política laxa de aplicación”.
Durante la audiencia Hanen admitió que había criticado la política de inmigración de Estados Unidos en dos fallos previos, pero también señaló que en ambos casos su determinación fue a favor del gobierno federal.
Además de Texas, los estados demandantes son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Virginia del Oeste y Wisconsin.
Los estados que se oponen a la acción ejecutiva no solicitan una indemnización, sino que quieren que los tribunales bloqueen la acción ejecutiva y señalan que el mandatario se extralimitó en sus poderes.
Hanen, el año pasado, acusó al gobierno de participar en conspiraciones criminales para llevar al país niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en el país de manera ilegal.

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