Jueces de inmigración exigen “libertad” para actuar y que el gobierno de Trump deje de politizarlos

Jueces de inmigración de Estados Unidos refutaron en duros términos las recientes medidas adoptadas por el fiscal general, Jeff Sessions, en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ y cuyo objetivo es perseguir y castigar la inmigración, principalmente indocumentada.

“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está extremadamente consternada por los pasos, sin precedentes, tomados por este gobierno para imponer cuotas de producción a los Jueces”, dijo a Univision Noticias la honorable Dana Leigh Marks, presidenta emérita de la entidad.

Marks agregó que “si bien las metas de aspiración y las estimaciones de los tiempos de procesamiento promedio pueden ser medidas efectivas en términos de asignación de recursos, como dónde colocar jueces adicionales, estas medidas son completamente inadecuadas cuando se usan para evaluar el trabajo de un juez en función de métricas numéricas o basadas en el tiempo” (en que debe concluir un caso).

El 1 de octubre entró en vigor una nueva política ordenada por Sessions, que impone cuotas a los jueces de inmigración y utilizar esta herramienta como instrumento de calificación de sus desempeños.

“Significa que los jueces se ven obligados a completar cierto número de casos o enfrentar la disciplina”, respondió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un comunicado.

“Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió.

La asociación, además, dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día justo en corte”.

“Caso por caso”

Para la NAIJ el problema es más serio de lo que reconoce el gobierno. “Uno no puede cuantificar el debido proceso”, advierte Marks. “Cada caso tiene sus propios méritos que deben abordarse caso por caso. Un juez debe tener la libertad de permitir que las partes que tiene ante él presenten el testimonio y la evidencia documental necesaria para probar el caso, en lugar de limitarlo debido a consideraciones extrañas o presiones políticas”.

“Los jueces de inmigración son personas muy motivadas y trabajadoras que no deben tener continuamente su empleo en riesgo cuando toman una decisión de buena fe cuando un caso deba tomar más tiempo”.

El sistema de cuotas fue anunciado por el Departamento de Justicia, liderado por Sessions, el 30 de marzo, cuando por medio de un memorando notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos migratorios que cierran al año.

Para que obtengan una buena calificación, los jueces de inmigración deberán haber cerrado al menos 700 casos al año. Se trata de “una absoluta violación de la independencia de los jueces”, dijo en febrero a Univision Noticias Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles, California, y presidenta de la NAIJ.

Aumentan la exigencia

Para aislar con éxito a los jueces de inmigración de las presiones políticas que ejerce el gobierno de Trump, Marks dijo que “la NAIJ ha abogado durante mucho tiempo porque los tribunales de inmigración sean retirados del Departamento de Justicia, donde el fiscal general nombrado políticamente es su jefe”.

“Necesitamos ser un tribunal neutral, alojado en una estructura donde se enfatiza la naturaleza judicial del trabajo que hacemos, no colocado en una agencia de cumplimiento de la ley como lo somos ahora”, indicó.

Además del sistema de cuotas, la tercera semana de agosto Sessions firmó una orden provisionalque establece el estándar de “buena causa” para que los jueces de inmigración pospongan o cancelen un proceso de deportación, política que puso en peligro miles de casos cuyos titulares llevan años viviendo en el país y que ahora se encuentran al borde de la deportación.

La medida, al igual que el sistema de cuotas, tiene como objetivo proceder a la expulsión del mayor número de inmigrantes indocumentados en el menor tiempo posible.

Anulación de fallos

Sessions también halló la manera de revertir los dictámenes de cancelaciones administrativas utilizando su poder para desautorizar las decisiones de los jueces.

En los últimos cinco años, unos 350,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.

Sessions dijo en su orden de agosto que “el estándar de causa justificada requiere consideración y equilibrio de múltiples factores cuando un extranjero demandado solicita más tiempo para buscar alivio colateral de otra autoridad, por ejemplo, una visa” para permanecer de manera legal en el país.

Puntualizó además que “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si éste afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”.

Violación al debido proceso

Los jueces advierten que Sessions ha ido más allá de su autoridad para limitar las actuaciones de los tribunales de inmigración.

“Las acciones del Fiscal General para quitarle herramientas valiosas a los jueces, como su reciente resolución de que no tienen autoridad para usar el cierre administrativo para priorizar sus casos más apremiantes, infringe la capacidad de los jueces de inmigración para controlar su expediente, la verdadera medida de nuestra experiencia”, indicó Marks.

“Estos pasos sólo proporcionan ejemplos adicionales para nuestra posición de larga data que, hasta que se cree un Tribunal de Inmigración del Artículo I fuera del Departamento de Justicia, las presiones inapropiadas, grandes y pequeñas, persistirán sin cesar”.

Marks dijo además que “se necesita con urgencia la acción para proteger el debido proceso y permitir que los jueces de inmigración sean verdaderos jueces”.

La decisión de Sessions, de retirarle el poder a los jueces para cerrar administrativamente casos de deportación, establece solamente que “pueden desestimar o terminar los procedimientos de expulsión solo bajo las circunstancias expresamente identificadas en los reglamentos”, es decir, “cuando el DHS no cumple con los cargos de remoción contra un demandado”.

Añade que la autoridad general de un juez de inmigración “para tomar cualquier otra acción consistente con las leyes y regulaciones aplicables según sea apropiado, “no otorga ninguna autoridad adicional para dar por terminado o desestimar los procedimientos de deportación más allá de las autoridades expresamente establecidas en los reglamentos pertinentes”.

“Se han apegado 100% al reglamento”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Exige a los jueces que apliquen a rajatabla la ley, que no se salgan ni un ápice de lo que dice la letra del reglamento, creando un escenario muy difícil y complejo para miles de inmigrantes”, apuntó.

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